n Descarta nexos con la huelga de la UNAM
Paro de 24 horas del Sintcb ante
el incumplimiento de acuerdos
Salvador Guerrero Chiprés n Los miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres decidieron realizar un paro de 24 horas --que inició a las 12 de la noche-- en 20 planteles, "como un instrumento inevitable" ante la renuencia de las autoridades a concretar acuerdos previos y atender peticiones presentadas el año pasado. El paro también incluye la sede de la dirección general de la institución.
El paro afectará a 120 mil estudiantes escolarizados y a 30 mil del sistema abierto. En él participan, según el sindicato, 6 mil trabajadores.
El conciliador de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Julio Moraboto, afirmó ante la representación sindical, encabezada por el secretario general Arturo Hidalgo Sánchez, que "este movimiento quieren ustedes relacionarlo con el de los estudiantes de la UNAM", y sostuvo que "hay intereses externos metidos", según el relato que de la reunión hizo el responsable de prensa del Sintcb, Javier Carrasco.
Están preocupados por la cuestión del paro, señaló el secretario general. "Mencionan que está complicado, que están en la mejor disposición de acelerar las pláticas. Yo le plantee al funcionario que la organización sindical siempre ha sido paciente. Lo que queremos es una respuesta, que no queremos estar siete meses más en la Secretaría del Trabajo, que queremos empezar a discutir, que si son pláticas diarias aceptamos".
La secretaría dice que le preocupa el contexto político, y Moraboto señala que el ambiente está "muy complicado"; que él veía que las pláticas iban caminando. "Les pedimos que presionen al colegio", agregó Hidalgo.
Carrasco precisó que el sindicato propuso originalmente la conversión de sus condiciones generales de trabajo en un Contrato Colectivo formal con cerca de 280 cláusulas.
La dirección general de Bachilleres sólo ha aceptado firmar 18 cláusulas en abril y diez más este lunes. Aun en la expectativa de que el sindicato disminuyera su petición a formalizar 150 o 200 cláusulas, "a este ritmo vamos a acabar en diez años", comentó Carrasco.
Eduardo Añorve, miembro del Consejo General de Huelga del Sintcb, expresó en la Asamblea Legislativa, y en entrevista posterior, que la petición de los trabajadores "es completamente legítima", y no puede aceptarse ningún intento de desvirtuarla o de asociarla con otros movimientos.
A este respecto, el vocero sindical externó que apoyan al movimiento estudiantil porque representa un muro de contención contra la medida de aumentar las cuotas y afectar la gratuidad de la educación pública. "También compartimos los planteamientos de los trabajadores del SME, como muchos otros mexicanos, y no por eso dejamos de tener nuestras propias razones para este paro y para movilizarnos a favor de nuestras reivindicaciones", agregó.
El Colegio de Bachilleres se niega a atender a los trabajadores, pues sostiene que la fracción séptima del artículo tercero constitucional no supone que esa institución sea ni autónoma o de educación superior.
El Sintcb difundió un comunicado en el que sostiene que su paro es parte del "concierto de movilizaciones del sector educativo del país". Explica que después de casi un año de haber presentado su proyecto de Contrato Colectivo de Trabajo todavía no tiene respuestas, y que fue ignorado su emplazamiento a huelga.
Afirman que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje atropelló sus derechos al negar la legitimidad jurídica de emplazar y estallar la huelga.
El objetivo central del paro, agrega el sindicato, "es exigir y lograr respeto y solución de las autoridades a nuestras demandas de firma del Contrato Colectivo de Trabajo y de cumplimiento de acuerdos", firmados en diciembre y febrero sobre aumentos para administrativos y docentes.
De continuar "la intransigencia de las autoridades", añadieron, "nos veremos en la necesidad de impulsar un paro indefinido para buscar la solución del conflicto, provocado por los directivos del Colegio de Bachilleres, en contubernio con las autoridades laborales al solicitar legalmente les sea aplicada la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos".