n Viable, la coalición de partidos: Ignacio Marván
Es urgente construir una nueva institucionalidad: académicos
Alonso Urrutia n A contracorriente del conjunto de reformas al sistema electoral, la regulación en torno a las coaliciones en México ha registrado una virtual contrarreforma en los últimos años. Su viabilidad ha vuelto a debate entre los partidos políticos ante la eventualidad de concretar una alianza opositora para el año 2000. Más allá de los partidos, su análisis genera polémica.
Investigador de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Ignacio Marván Laborde considera a la coalición opositora no sólo viable sino necesaria, para acelerar el fin de régimen: en un escenario de creciente competitividad y pluralidad, la alianza garantizaría la transición democrática e institucional frente a un sistema que se defiende con base en una mayoría preconcebida a partir de subterfugios legales.
Jean Francois Prudƀhomme, analista político de El Colegio de México advierte que la posibilidad de una coalición ha sido concebida por la oposición con una visión cortoplacista. Ni existe la institucionalidad requerida para garantizar la gobernabilidad en caso de una coalición triunfante, ni los partidos de oposición están suficientemente consolidados para asumir la solidez de los acuerdos que requiere una alianza.
La oposición ha dado ya su primer paso sólido para allanar una eventual coalición: aprobó en la Cámara de Diputados las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) para eliminar los requisitos que hacen casi imposible una coalición.
En los albores del gobierno salinista, el PRI promovió una nueva regulación en materia de coaliciones que, de entrada, cancelaba la candidatura común, figura electoral que favoreció el crecimiento del Frente Democrático Nacional y que puso al borde de la crisis política con la célebre caída del sistema.
Consejera electoral, Jaqueline Peschard señala: "La legislación en torno a las coaliciones es básicamente la misma desde 1989; fue parte de la respuesta de legislación electoral después de 1988. Entonces había una legislación muy liberal en la materia".
-ƑPareciera que la legislación actual es una contrarreforma?
-No quiero calificar. Lo que puedo decir es la lógica que siguió. Antes diría sí, era un sistema muy abierto para candidaturas comunes. El FDN fue una candidatura común, no fue una coalición en forma. Creo que la lógica de la legislación sí dificulta la conformación de coaliciones, porque implica un acuerdo muy compacto. Hay puntos claramente limitantes, como la derrama que obliga al resto de las candidaturas una coalición presidencial, y otros como los tiempos complementarios en medios que se dividen como uno.
-Esta legislación, Ƒno dificulta la transición?
-No me parece que sea contrario a un proceso de transición. No lo llamaría contrario pero sí tiene un origen histórico claro; sí creo que es algo que votó el PRI solamente en 1990.
Peschard reconoce que la realidad internacional habla de que las coaliciones es algo "como muy propio del panorama actual, donde hay una diversidad de partidos, y para que efectivamente haya un gobierno y tenga visos de gobernabilidad, se pueda hacer un pacto, un acuerdo que se traduzca en una coalición que se convierta en un ejercicio de gobierno".
En México, el tema de las coaliciones es una idea que siempre ha estado ahí; "creo que a la larga este tipo de limitaciones a las coaliciones electorales eventualmente deben irse liberando, van ir desapareciendo. Tenemos que pensar que en el futuro los partidos puedan hacer cualquier tipo de alianzas temporales o a largo plazo, dependiendo de la propia dinámica de la sociedad como parte de un proceso de transición y asentamiento de las instituciones".
Actualmente, es una legislación que confina a los partidos a un cierto tipo de requisitos, pero "tiene un sentido de cara a un sistema de partidos en formación, digamos emergente, y que aún no se consolida".
A contracorriente de la
división de poderes
Marván Laborde sostiene que la legislación actual en materia de coaliciones es "anticonstitucional", porque va en contra de la libertad de asociación consagrada en la Carta Magna. No sólo eso, sino que como está concebida la coalición en el Cofipe, va en contra de un principio elemental del sistema presidencialista: la división de poderes.
Es una legislación que obliga a los partidos coaligados a aliarse en todos los espacios a elección, lo que se contrapone a la necesidad de que exista un Poder Legislativo independiente, que haga contrapeso al Ejecutivo, afirma Marván.
Sin embargo, la legislación en materia de coaliciones sólo es una parte de la multiplicidad de leyes que conforman un sistema en decadencia, diseñado exclusivamente para un sistema de partidos, que garantiza cierta pluralidad, pero en donde no está en juego el poder.
"El sistema está construido para la gobernabilidad en un sistema de mayoría absoluta, no de mayorías relativas, un sistema no concebido para la alternancia en el poder. Es un sistema que niega la gobernabilidad si no existe una mayoría absoluta, un sistema en decadencia diseñado sólo para administrar la caída del PRI".
Bajo las condiciones actuales -afirma- se preserva una mayoría "sustentada y alentada en subterfugios legales, que garantizan la prevalencia del PRI pero que ya no corresponden a la realidad política del país, porque sólo permite la sobrevivencia del PRI".
Al tener como centro esta prioridad, el sistema no ha construido la institucionalidad ni la legalidad que permitan garantizar la gobernabilidad en un sistema de mayorías relativas y de alternancia del poder.
"El PRI no lo ha querido y lo ha obstaculizado lo más que ha podido. Por eso no se ha construido ni siquiera un esquema que favorezca la coexistencia de un sistema sin mayoría absoluta, y eso conduce a una parálisis, independientemente de que haya coalición o no".
Marván refiere que la transición en el país nunca ha sido planeada y ello incide en problemas en la vida institucional. "Hubiera sido deseable construir esa institucionalidad democrática antes de las elecciones del 2000, pero el PRI lo ha impedido, por eso una coalición puede acelerar el fin de régimen a partir de acuerdos básicos que le den gobernabilidad".
Esto es: un acuerdo mínimo, en torno a las líneas generales de política económica y social, que garanticen la estabilidad, al tiempo que se construyen nuevas reglas de coexistencia, en un sistema donde ya no prevalece una mayoría absoluta.
La realidad política, no sólo en México sino en el mundo, se inserta en un escenario donde ya no prevalecen las mayorías absolutas, "y ahora se requiere alcanzar acuerdos para conformar una mayoría".
Riesgos, si hay alianza sin gobernabilidad
La necesidad de allanar el camino a las coaliciones electorales no es compartida del todo por Prud'homme, quien sostiene que la promoción de una alianza opositora para el año 2000 está apuntalada en una visión coyuntural. "El debate se ha dado más bien en términos de que el PRI permanezca o no en el poder, bajo una premisa de que estamos en la lógica de un cierre y apertura de sistema".
El problema es que no existe una institucionalidad creada que garantice la convivencia de la coalición poselectoral. Los partidos de oposición no se han preocupado por construir esa institucionalidad, que sería prioritaria ante de impulsar una alianza.
La promoción de la alianza no ha aludido al impacto que conllevaría: Ƒcuál es el efecto en el sistema de partidos? Ƒtiene un impacto en su debilitamiento? Ƒcuál es el efecto en la estabilidad del sistema político?
En este contexto, habría que plantearse -dice el analista- si lo que se quiere es cambiar de régimen o que pierda el PRI. "El sistema político mexicano ha cambiado muchísimo: hay mayores condiciones de competencia política y mayor pluralidad, por lo que habría que cuestionarse "si hay espacio para el PRI en una transición".
A ello, añade Prud'homme, habría que añadir cuáles son las condiciones prevalecientes en los dos principales partidos de oposición, en un contexto dominado por las figuras políticas fuertes. Esto es importante porque una coalición requiere de partidos políticos fuertes y consolidados, que tengan capacidad de consensar un acuerdo que garantice gobernabilidad y estabilidad en la coalición.
"El PAN tiene una insuficiente maquinaria política para enfrentar el relativo éxito electoral logrado en 94-97. Sus problemas derivan de la insuficiencia de su estructura para enfrentar su nueva condición".
El PRD mostró en su proceso interno que enfrenta un problema de institucionalización que urge resolver, si bien tiene la ventaja de que su candidato presidencial está claro por la figura de Cárdenas.
Hay dos obstáculos más en el camino de la coalición: las diferencias ideológicas y la disputa por cargos. Es claro que para los partidos uno de sus mayores alicientes es que hay mayor oferta de espacios políticos.
Por cuanto a la diferencia ideológica, paradójicamente, en muchos casos hay mayores afinidades PRI-PAN en temas económicos o PRI-PRD, en temas sociales, que las coincidencias que pudieran tener PAN-PRD.
Afinidades entre AN y PRD
Alonso Urrutia n Un análisis del Instituto de Estudios de la Revolución Democrática sobre las plataformas legislativas vigentes -1997-2000- de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática señala que existen coincidencias fundamentales en ámbitos de reforma política, consolidación del federalismo, política social e, incluso, algunos temas de política económica que podrían avalar un trabajo opositor conjunto.
El desglose comparativo de los proyectos señala que ambos partidos plantean, con sus matices, modificaciones sustanciales al régimen fiscal, y enfatizan en especial la reducción al IVA y la restructuración del impuesto sobre la renta. Tanto PAN como PRD sostienen la necesidad de gravar las ganancias especulativas.
El documento señala también diferencias que se concentran en la participación del sector público en la economía. Así, mientras el PAN pugna por definir una política de privatizaciones y cancelar el control obligatorio del Estado sobre las actividades como la petroquímica y la energía eléctrica, el PRD considera fundamental impedir la desincorporación del sector energético. De igual forma se plantea una restructuración en los esquemas de gasto público, que privilegien un mayor gasto social y que impliquen una redefinición de los subsidios.
Según el análisis del IERD -que dirige la senadora Rosa Albina Garavito-, en el sector comercial tanto PAN como PRD coinciden en la necesidad de replantear algunos temas y calendarios del TLC, que permitan desahogar presiones y mejorar las condiciones de competitividad de la empresa mexicana.
En el balance comparativo, las coincidencias PAN-PRD en materia de reforma del Estado son mayores: fortalecimiento del federalismo; consolidación de la división de poderes, acotando las facultades del Presidente; profundizar en reformas electorales, y ampliar la participación ciudadana.
Por lo que hace a la seguridad pública y procuración de justicia, que parten de una menor incidencia del Poder Ejecutivo en nombramientos del Judicial: profesionalización de cuerpos policiacos y consolidación del espacio judicial.
Difieren en torno a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que el PAN pugna por reforzar y el PRD, por derogar.