En buena hora, la Cámara de Diputados decidió tomar el toro por los cuernos. A propuesta formulada por el grupo parlamentario del PRI, y secundada por el PRD, ese órgano legislativo aprobó recientemente la creación de una ``Comisión de Investigación'' que estudie el funcionamiento financiero de las empresas estatales del sector eléctrico: Comisión Federal de Electricidad, y Luz y Fuerza del Centro.

El objetivo de esa comisión investigadora es generar ``información confiable que sirva de base para definir con transparencia los requerimientos financieros'' de esas empresas, a fin de estar en condiciones de prever las medidas más adecuadas para el desarrollo del sector eléctrico.

Esa comisión investigadora desarrollará sus trabajos a lo largo de seis meses o por más tiempo si resulta necesario, debiendo informar oportunamente al pleno de la Cámara de Diputados sobre los resultados alcanzados. Esto significa que será hasta finales de 1999 o principios del año 2000 cuando la Cámara de Diputados estará en condiciones de aprobar, modificar o rechazar responsablemente la iniciativa presidencial de modificaciones a la Constitución que busca eliminar los candados que impiden la privatización total del sector eléctrico.

¿Qué hará el presidente Ernesto Zedillo? ¿Respetará los tiempos definidos soberanamente por otro poder autónomo, o insistirá en presionar para que ``más pronto que tarde'' se apruebe su propuesta, como lo declaró recientemente? ¿Proporcionará toda la información que le solicite esta comisión investigadora de la Cámara de Diputados o la negará, como lo hizo en la primera parte de su sexenio, ante la solicitud que le presentó una comisión similar de la cámara baja, que fue creada para analizar la situación de las plantas petroquímicas que pretendían privatizar?

El presidente Zedillo no debería pasar por alto que, en opinión de la Cámara de Diputados, la información disponible actualmente sobre el sector eléctrico no es confiable ni transparente (Gaceta Parlamentaria, jueves 15 de abril de 1999); ni que el principal, por no decir el ``único'' emisor de esa información, es el gobierno federal, que ha venido actuando con parcialidad, pues al tiempo que se niega a debatir y a proporcionar a la sociedad toda la información que existe sobre el tema, difunde en los medios de comunicación, con dinero de los contribuyentes, no información objetiva, sino medias verdades y propaganda a favor de su propuesta.

Ernesto Zedillo tiene ante sí una nueva oportunidad para rectificar el rumbo y actuar con mesura. Ojalá la aproveche, por el bien de la república.