La detención de varios choferes de transporte público acusados de cometer varios asesinatos de mujeres en Juárez ha sacado a la luz pública, con toda nitidez, la política del gobierno de Chihuahua en lo que se refiere al respeto a los derechos humanos, la política de seguridad pública y la procuración de justicia.
Jesús Manuel Guardado, apodado El Tolteca, fue acusado de violar e intentar asesinar a una joven, con las mismas características con la que han caído casi dos centenas de mujeres. Cometió un error garrafal: golpeó a su esposa hasta hacerla abortar. Esta lo denunció y la policía lo detuvo.
Días después, como sacados de la manga, la Procuraduría acusó y detuvo a varios choferes de transporte de la industria maquiladora. Fueron detenidos sin órdenes de aprehensión y torturados hasta obtener acusaciones incriminatorias de unos contra otros y, ¡oh!, ¡sorpresa!, contra el egipcio Latif Shariff.
Las autoridades afirmaron que Sharif les pagaba a los choferes mil 200 dólares por cada asesinato, dinero que se repartían entre cuatro o cinco individuos y que él les entregaba en el penal, a cambio de las prendas íntimas de las víctimas. Todo iba muy bien hasta que el director del penal de Juárez le mostró a la prensa el registro de las personas que han visitado al egipcio. No aparecía ninguno de los choferes. Resultado: despido del director del penal y traslado de Sharif al penal de Chihuahua.
El gobierno actual aduce la misma historia que el gobierno anterior. Un solitario árabe es el asesino, y ya encarcelado, para demostrar que no lo es, le paga a dos bandas para que continúen asesinando mujeres; en el gobierno de Barrio a ``Los Rebeldes'', y en el actual a ``Los Choferes''.
Y resulta que aunque el egipcio demostrara que no es el culpable, de nada le sirve, pues se le acusó, y se le encontró culpable, ¡de un solo caso!
Hay más: entre el encarcelamiento de ``Los Rebeldes'', y los asesinatos achacados a ``Los Choferes'', han ocurrido más de 65 crímenes de mujeres con idénticas características: mujeres casi niñas, delgadas, chaparritas y pobres.
Ya en Chihuahua, Sharif logró que se le permitiera hablar con la prensa. Sorpresa mayúscula. Atrás de los periodistas, es decir, enfrente de Sharif, se encontraban: el secretario general de Gobierno; el procurador de Justicia; el director de Gobernación; el jefe de Prensa del gobierno estatal y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Sólo faltó el presidente del Congreso del estado. Todo para que no fuera a declarar cosas inconvenientes. ¿Para quién?
Independientemente de los colores partidarios, un grupo político y económico es el responsable de las graves deficiencias mostradas en este asunto. Los vínculos son muchos: el secretario de Gobierno ha estado ligado estrechamente a las empresas del Grupo de Cementos Chihuahua; del mismo modo, el procurador de Justicia fue, durante muchos años, representante jurídico de ese grupo económico; a su vez, el procurador de Justicia en el gobierno de Francisco Barrio pertenece al grupo político, al interior del PAN, que encabeza Luis Enrique Terrazas, copropietario de la empresa cementera, también alto funcionario del anterior gobierno.
Puede ser que algunos de los acusados sean culpables, pero el imperio de la ley y el respeto al estado de derecho no deben violarse. Si son culpables, el Estado tiene que demostrarlo y eso no ha sucedido.