El agónico gobierno ``de Ernesto Zedillo'' se niega a reconocer que en el caso de la privatización de la UNAM carece de consenso y que esto se refleja en las pugnas internas en el gabinete y en la burocracia de la institución educativa.

1. La huelga en la UNAM de 1999 está ahondando las profundas divergencias que existen en su alta burocracia, cuyas mafias políticas, vinculadas casi en su totalidad al priísmo desde los setenta, han visto a la universidad como un botín que les permite servir al gobierno para hacer negocios y escalar cargos, y que ante el desastre actual no ocultan sus críticas al rector y a sus colaboradores y los culpan de lo acontecido por su subordinación a Bucareli en el marco de la sucesión presidencial, todo lo cual hace más difícil el diálogo para el movimiento estudiantil.

2. Las lecciones de la historia reciente están ahí, y aunque el diálogo ha sido para el gobierno un monólogo, la sociedad lo sigue entendiendo como un medio para alcanzar la solución a los conflictos: de ahí las concepciones divergentes que tienen en torno a éste la Rectoría y los estudiantes. Las autoridades de la UNAM no dan muestra alguna de actuar en función de los intereses universitarios, sino que todos los días ponen en evidencia su subordinación al gobierno, y es por eso que no pueden ocultar su actitud de intransigencia para dialogar. Como tampoco su pánico a hablar de frente a la sociedad, por el mismo motivo que los tecnócratas del gobierno: carecen de argumentos para defender sus políticas.

3. El conflicto universitario, generado por la medida antinacional adoptada a instancias del rector por algunos miembros del Consejo Universitario, se está agravando por la intransigencia de las autoridades, que con la campaña sucia contra los estudiantes en los medios no logran más que exhibirse y hacer más difícil encontrar una salida. La exposición autoritaria que le hizo Barnés a Joaquín López Dóriga en Chapultepec 18 (1o. de mayo), tras ocultar que la medida sobre las cuotas además de clasista es ilegal y contraria a acuerdos internacionales, es significativa de la irracionalidad de la burocracia. Más vale, le dijo, que se pierdan millones de pesos diarios a que se ceda en una decisión. Una decisión, le faltó agregar, que es contraria a los intereses de México y al marco legal del país.

4. La responsabilidad por la paralización de actividades en la UNAM recae en las propias autoridades universitarias, y esta es ya también una convicción de amplios sectores de académicos y de trabajadores, que al demandar en múltiples desplegados la abrogación de las cuotas de inscripción y colegiatura, evidencian la carencia de autoridad moral de las actuales autoridades de la universidad.

5. La política del gobierno en la UNAM se asemeja en mucho a la que sigue en Chiapas, y ello se debe a algo muy evidente, pues ambos conflictos están siendo agravados por la misma mano con el beneplácito irresponsable de Ernesto Zedillo: la de Francisco Labastida (secretario de Gobernación). En ambos casos, las autoridades aducen tener una voluntad de diálogo pero sólo buscan imponerse: exigen una intermediación de incondicionales y un diálogo privado al margen de la sociedad. No tienen argumentos y se lanzan en una campaña desaforada de propaganda desinformativa. ¿Qué otra cosa prueba, por ejemplo, el Excélsior del 6 de mayo, que muestra a jóvenes del PRD reuniéndose a cenar, sino el hecho de que las gentes de la UNAM son espías de quinta?

6. La tentativa del rector Barnés por frenar el descontento de la burocracia universitaria ante su manejo de la situación, llevándola a suscribir un acuerdo de supuesta ``unidad'' (similar al que firmaron el 1o. de mayo en Los Pinos los integrantes del gabinete para apoyar a cualquier candidato del PRI) no logrará frenar la guerra interna de los burócratas de la UNAM -que en buena medida es reflejo de la pugna existente en el sector oficial por la sucesión-, como tampoco detener el malestar de los académicos y sí evidencia en cambio la cultura priísta de quienes gobiernan a la universidad y su falta de iniciativa política.

7. La UNAM está en tanto a la deriva y son los estudiantes los que la están rescatando, buscando que se frene el proceso de privatización. El documento ``Por un Pacto Universitario'' o Pacto de Cracovia (La Jornada, 6 de mayo), suscrito por los directores de facultades, escuelas e institutos, además de denotar su pobreza intelectual y su incomprensión del conflicto, no hace más que descalificar una vez más a los estudiantes y desresponsabilizar al rector, pretendiendo que no hay más autoridad que el Consejo Universitario (como si éste fuera autónomo o representativo de la comunidad), pero ignora que las autoridades están violentando el marco constitucional del país.

8. Por todo esto, el conflicto universitario no se podrá resolver si no hay también un movimiento más vigoroso de los académicos que defienda el proyecto histórico de la UNAM e impulse la derogación de las cuotas, pues en el marco de la sucesión los obcecados burócratas universitarios, inmersos en sus luchas de grupos, sólo parecen actuar como representantes de las facciones del priísmo.

9. Los estudiantes, como la sociedad, no tienen más que una alternativa: la de defender el proyecto histórico de la Universidad Nacional de los burócratas depredadores que la administran. Hasta ahora, el ejemplo de los jóvenes contrasta con la actitud de las autoridades, que no han tenido una sola propuesta universitaria y que, hundidas en sus contradicciones, no muestran más afán que el de salvar sus ambiciones políticas.

10. La UNAM está sin duda donde están los universitarios, y los universitarios están en huelga. Y hay que reconocerlo: pocas veces una lucha había sido más justa que la de los jóvenes de la universidad en huelga.