En sigilo, en la sombra de la complicidad, las altas autoridades de los organismos culturales del país, con algunos senadores del PRI y del PAN, elaboraron una iniciativa de Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación que pretende abrogar la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos y la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Todavía el 5 de abril, el presidente de la Comisión del Patrimonio Histórico, el senador Eugenio Ruiz Orozco, informaba al sindicato de académicos del INAH: ``No se encuentra en la agenda legislativa del Senado de la República ningún anteproyecto de modificaciones a la Ley Federal de Monumentos de 1972'', mientras las autoridades del INAH negaron a quienes inquirimos al respecto que tal propuesta existiese. Sin embargo, es imposible de creer que una iniciativa de ley de esta naturaleza no fuera previamente consensada con quienes controlan la política cultural del régimen.

En todo caso, nuevamente estamos ante esta forma de legislar que pretende imponer una propuesta trabajada de espaldas a la sociedad para después ``consultarla''. Bien conocemos que de las supuestas consultas se toma sólo aquello que coincida con la perspectiva oficialista, sobre todo cuando de entrada no existe, como es el caso, ninguna convergencia.

La esencia de la propuesta de ley la encontramos en su artículo 29, que establece: ``El Instituto Nacional de Antropología e Historia podrá conceder la utilización, aprovechamiento, disposición y resguardo de los monumentos arqueológicos y aquellos otros históricos o artísticos de propiedad federal, muebles e inmuebles, a las dependencias y organismos de carácter público de los tres niveles de gobierno, así como a las instituciones y personas físicas y morales que así lo soliciten y se obliguen a cumplir con los términos y requisitos que se establezcan en la autorización respectiva. En este último caso, se tomarán en cuenta las solicitudes de las organizaciones sociales de la localidad de que se trate, siempre y cuando acrediten contar con los respaldos económicos y elementos de asesoría técnica necesarios para ello y garanticen debidamente las obligaciones que asuman''.

No hace falta mucha malicia para imaginar lo que podría suceder si cualquier corporación, digamos la Coca-Cola, con amplios ``respaldos económicos'', fuera autorizada para utilizar, aprovechar, disponer, custodiar y resguardar Monte Albán, por ejemplo. La ``asesoría técnica'' no sería del INAH, supongo, por lo que se abriría, también, un mercado de ``especialistas'' para ser contratados por el mejor postor.

Pero esto no es todo. De un plumazo, aprovechando el viaje, la propuesta de ley modifica sustancialmente la naturaleza del INAH, para supuestamente ``aligerarlo'' de las facultades y atribuciones que ahora tiene, creando dos organismos de naturaleza vertical y dependientes totalmente del Ejecutivo: el Consejo General del Patrimonio Cultural de la Nación y el Comité Permanente de Protección y Acrecentamiento del Patrimonio Cultural de la Nación. ¿Qué hay detrás de esto?, quitarse de encima el estorbo que representa, para los organizadores de la gran subasta del patrimonio nacional, una comunidad de investigadores y trabajadores que se ha distinguido por su profundo conocimiento de lo que significa nuestra cultura para la identidad nacional y por la lucha denodada que han dado por defender nuestro patrimonio cultural.

Congruente con su artículo 29, la propuesta de ley estimula y legaliza el coleccionismo, otro de los grandes objetivos de esta corriente que desde hace más de una década brega por la privatización del patrimonio cultural.

En suma, estamos ante otra de las expresiones de la ofensiva neoliberal, ahora en el campo de la cultura. Como en los intentos de privatización de la industria eléctrica, o de la educación, lo que suceda dependerá de la resistencia organizada de los trabajadores de la cultura para impedir el garaje sale del patrimonio cultural de nuestra patria.