n Presentó resultados la fundación Rosenblueth
En una encuesta se rechazó privatizar la industria eléctrica
n Se entrevistó a mil 214 personas en 24 ciudades del país
n Total negativa de 73% a que participen capitales foráneos
Fabiola Martínez n La industria eléctrica mexicana debe permanecer como patrimonio nacional y no debe venderse a extranjeros, se concluye en una encuesta aplicada por la Fundación Arturo Rosenblueth en una muestra de mil 214 personas en 24 puntos urbanos del país. Los resultados del sondeo serán entregados al Congreso de la Unión y a las dependencias del Ejecutivo federal.
En un formato de preguntas con opciones de respuestas múltiples, 54 por ciento de la población entrevistada consideró que en caso de que se abra al capital privado la industria eléctrica, debe venderse a empresas mexicanas, mientras que sólo el 13 por ciento se inclinó por su venta a extranjeras.
En este punto, 73 por ciento manifestó su total negativa ante la posibilidad de que el capital foráneo pudiera adquirir los activos de la industria eléctrica y 60 por ciento se negó a dejarla en manos del gobierno.
A la pregunta de qué pasaría si se privatiza la producción (generación) y distribución de energía eléctrica, 73 por ciento manifestó que se incrementarían las tarifas y 71 por ciento que aumentarían los costos de producción; 59 por ciento contestó que no mejoraría la economía, y 42 por ciento opinó que no se crearían más empleos.
''Acorde con su arraigado nacionalismo, la sociedad mexicana, en su mayoría, opina que la industria eléctrica del país debe permanecer como patrimonio nacional'', expresó Enrique Calderón, presidente de la Fundación Rosenblueth, organización académica con 11 años de experiencia en este tipo de trabajos estadísticos.
Al dar a conocer los resultados de esta investigación, Calderón sostuvo que el gobierno ''está siendo presionado por organismos financieros internacionales para vender este sector'', situación que se contrapone a la opinión generalizada de la sociedad, cuya postura ''es más cercana a la que abandera el Sindicato Mexicano de Electricistas''.
Por lo tanto, advirtió, no tomar en cuenta que la población rechaza esta medida, tendrá repercusiones en los próximos procesos electorales. ''Queremos que la voz de la sociedad civil esté presente y que se exponga -según el resultado de estos sondeos- que la postura del gobierno no coincide con la opinión de sus representados''.
La encuesta, aplicada en entrevistas directas -entre el 25 y el 29 de abril- tiene un margen de error de 4 por ciento y la elección de la muestra (aleatoria) se realizó al azar en 24 puntos urbanos, correspondientes a 18 estados de la República.
Sin embargo, reconoció Calderón, por las características de los temas y el conocimiento mínimo que se debería poseer, la población fue seleccionada, considerando como requisito un nivel de escolaridad mínimo de secundaria, es decir, la mayoría de los encuestados son profesionistas.
En la segunda pregunta -''En caso de venderse las plantas generadoras de energía eléctrica, Ƒen qué se utilizaría el dinero?''-, 38 por ciento de los encuestados identificó el destino de los beneficios con la corrupción -''para que gane el PRI en el año 2000 y para que pocos se enriquezcan''-, mientras que 29 por ciento considera que se aplicará a medidas correctivas para hacer más eficientes las empresas públicas del sector eléctrico, pagar la deuda y saldar los pasivos del Fobaproa.
La encuesta también incluyó la percepción de los ciudadanos en torno a los posibles beneficios obtenidos con la privatización de otros sectores como banca, carreteras y ferrocarriles. Al respecto, 72 por ciento consideró que con dichos procesos se benefició a unos cuantos, 50 por ciento que se hizo daño al país y sólo 39 por ciento consideró que fue benéfica para la economía. Cabe destacar que acerca de la desincorporación de ferrocarriles, un alto número de encuestados manifestaron no saber qué ocurre con este sector.
Universidades públicas
Ante el ''carácter prioritario'' del pago de cuotas en las universidades públicas, la Fundación Rosenblueth aplicó una pregunta sobre el particular para elegir cuatro posibles respuestas.
El resultado muestra un rechazo al tratamiento indiscriminado del pago. Sólo el 10 por ciento de los entrevistados se inclinó porque todos los universitarios paguen por su formación, 37 por ciento dijo que las universidades públicas deben ser gratuitas para todos, 31 por ciento se pronunció por cuotas reducidas, y 19 por ciento dijo que los estudiantes con recursos deben pagar.
En resumen, agregó Calderón en conferencia de prensa, sólo uno de cada cinco entrevistados considera que las privatizaciones han sido benéficas para el país.
''Queremos dejar claro que la población no está de acuerdo con esto (con la privatización en el sector eléctrico) y que hay consenso para que los activos de la industria no deban ponerse en manos de extranjeros'', dijo.