En el marco del Jubileo del Año 2000, al que convocó el papa Juan Pablo II en 1994, y tomando en cuenta que la deuda externa representa un grave obstáculo para el desarrollo, los representantes de los institutos de vida religiosa en México se comprometieron la semana pasada a impulsar una campaña nacional de recolección de firmas, para pedir a los países acreedores la condonación total de la deuda de las naciones más pobres, y en forma parcial la de México.

Al finalizar en Orizaba su XXXIV Asamblea, expresaron en un mensaje al pueblo mexicano, que un modo concreto y eficaz de vivir la justicia en América ``es el llevar adelante la petición que hace el Papa sobre la condonación de la deuda, a la que se han unido varios países como Francia y España, y ya no pocos episcopados, entre ellos el nuestro''. Creemos -añaden- ``que hay que denunciar la complejidad del problema: se debe a corrupción, a mala administración, a elevados intereses, a políticas financieras especulativas, a gobernantes irresponsables y al enriquecimiento de personas concretas, en lugar de haber sido dedicada a sostener los cambios necesarios para el desarrollo del país''.

La campaña se suma a las que con objetivos muy semejantes realizan en más de 30 países muchos grupos, instituciones y personas de diversas orientaciones políticas, religiosas e ideológicas, y tiene como finalidad liberar de la pesada carga de la deuda externa a más de mil millones de personas. Una meta inmediata es entregar en junio de este año en Colonia al Grupo de los Siete, 22 millones de firmas.

Como afirma el Episcopado francés en un documento reciente sobre el tema, muchos de los responsables de las grandes instituciones financieras saben que la deuda de los países pobres jamás podrá ser reembolsada, y sin embargo dudan en decidir su anulación. ``Todavía la presión de la opinión pública no es tan fuerte para ello''. Además, con la crisis monetaria mundial, que afecta a países emergentes como Indonesia, o en reconversión, como Rusia, tienen otras preocupaciones. ``Los países más pobres corren una vez más el riesgo de ser olvidados si nadie habla en su favor. El Jubileo 2000 es la ocasión para luchar contra este olvido''.

Por lo que se refiere a América Latina, del 25 al 28 de enero de este año tuvo lugar en Honduras un importante encuentro de diversos representantes de la Iglesia y de la sociedad civil de 17 países del continente, para lanzar la campaña a nivel latinoamericano, que lamentablemente tuvo muy pocas repercusiones en la prensa. Al final se emitió la Declaración de Tegucigalpa, en la que, entre otras cosas, se afirma que la deuda externa de América Latina, cuyo monto se calcula en alrededor de 706 mil millones de dólares; cuyo servicio alcanzó ya entre 1990 y 1997 la cantidad de 581 mil millones de dólares, y por la que tendrían que pagarse sólo este año 123 mil millones más, es impagable, ilegítima e inmoral.

Impagable, se dice, porque matemáticamente no hay fórmula para hacerlo. Dos décadas completas de refinanciamientos, imposibles de ser cumplidos por los países en desarrollo, lo demuestran claramente. Ilegítima, ``porque se originó principalmente en decisiones de gobiernos dictatoriales, no elegidos por el pueblo, o en gobiernos formalmente democráticos, pero corruptos, sin además ser utilizada en beneficio del pueblo al que hoy se le exige su costo''. Ilegítima, ``porque creció amparada por tasas de interés y condiciones de negociación impuestas por los gobiernos y bancos acreedores, que negaron reiterada y abusivamente el derecho de asociación de los gobiernos deudores, aun cuando ellos sí lo hicieran a través de verdaderos cárteles de acreedores (Club de París, Comité de Gestión), respaldados además por la coerción económica del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.

``La orden era clara y determinante: ustedes negocian individualmente, nosotros negociamos en bloque''.

Es inmoral, porque los gobiernos tienen que destinar un alto porcentaje de los recursos del Estado a pagar la deuda externa, afectando más que nada a los programas sociales, a los salarios de los trabajadores, generando el desempleo y afectando gravemente el funcionamiento de la economía. ``Hoy existe una enorme deuda social en salud, educación y nutrición del pueblo. Los estados gastan hoy en el área social 60 por ciento menos por habitante que en 1970''.