No puede haber duda de que en la UNAM se produce permanentemente un problema político. En un mundo de doscientos setenta mil alumnos y no sé si treinta mil académicos (a lo mejor me equivoco en las cifras) pensar que cualquier acontecimiento tiene que ser estrictamente académico o laboral es una fantasía. Y en el mismo sentido, considerar que existe una especie de freno para la acción política de partidos en las universidades ųla UNAM o cualquier otraų es también vivir en la utopía.

Basta echar una mirada a los tiempos pasados para recordar, desde la hazaña de 1929 que dio origen a la autonomía, que los grandes acontecimientos conflictivos de la UNAM han estado asociados a fenómenos de tipo político. En 1966, la agresión al doctor Ignacio Chávez tenía el sello indeleble de la Presidencia de la República. Dicen que Díaz Ordaz, un hombre vengativo, creía que el rector había sido el inspirador de la huelga médica que transitó de la presidencia de López Mateos a la siguiente (la del propio Díaz Ordaz) y, por ello, utilizando a los estudiantes provocó su lamentable renuncia.

Lo que ocurrió en 1968 fue la consecuencia del 66. Y sus efectos se fueron extendiendo desde un conflicto puramente estudiantil en la Ciudadela, a una feroz represión montada en la inflexibilidad de un Poder Ejecutivo dominado por la soberbia.

El problema actual, lamentable desde cualquier punto de vista, no puede explicarse sólo en función de un rechazo al reglamento de pagos. El anterior había sido aprobado en 1947 y no hace falta alegar nada para comprobar su absoluta falta de eficacia. Pero la reforma al reglamento, aprobada por el Consejo Universitario, no afecta a las economías de los alumnos. Sería ocioso repetir su vocación de gratuidad para los alumnos sin recursos familiares y de escasas aportaciones económicas para quienes podrían, sin mayores problemas, pagar colegiaturas mucho más elevadas.

Lo que parece evidente es que la huelga estudiantil ųdecidida por los propios estudiantes o intentada con un sabor político que no sería fácil de negarų es evidentemente desproporcionada a lo que se pretende conseguir. No hay que olvidar que en el Consejo hay una importante representación estudiantil y que las experiencias de Carpizo y Sarukhán, en el sentido de hacer una encuesta previa, demostraron la ineficacia de ese paso preliminar. Y si se pretende gratuidad, en primer término es falso que la educación superior deba ser gratuita, ya que esa condición debe tenerla nada más la que imparta el Estado. A veces es interesante leer la Constitución.

Que no existe relación entre la huelga y lo que se pide es evidente, como también lo es que el núcleo estudiantil no está demostrando en absoluto la vocación de arreglo. Este sólo puede lograrse mediante el diálogo, pero no es posible un diálogo con una asamblea. Es tanto como llevar al rector a un circo, rodeado de leones, para un espectáculo que su dignidad no permite. Pretender ese diálogo público es, simplemente, buscar un pretexto para no tener diálogo alguno y prolongar la huelga al infinito.

Se acusa al PRD de ser el promotor del conflicto. Yo me pregunto si ese partido tiene la fuerza suficiente para hacerlo. Que en la UNAM tiene un ambiente favorable del que carecen las demás organizaciones políticas, eso es evidente, pero provocar por oscuras ventajas políticas esta situación con base en una plataforma indefendible sería una estrategia equivocada.

Bien puede suponerse la presencia del PRD en el movimiento. Pero Ƒes la única ajena a la UNAM? La invasión de espías a la casa de Ricardo Pascoe me parece que refleja, con claridad meridiana, que los intereses que se mueven en el conflicto están íntimamente vinculados al problema político nacional y que las imputaciones al perredismo pueden ser parte de la campaña de desprestigio que se ha enderezado en contra de Cuauhtémoc Cárdenas ųdesde que tomó posesiónų, a quien le tienen más miedo que al sida. Habría que recordar aquello de ''Ladran, luego cabalgamos'', que un manchego ilustre dijo hace algunos años.

Ni está prohibido que los partidos políticos jueguen en un mundo de masas como es la UNAM, ni las pretensiones hechas valer por los estudiantes son proporcionadas a las medidas de hecho. Con lo que la única alternativa que queda es, sin represión alguna, obligar al diálogo con representaciones adecuadas y poner en evidencia sus problemas y conclusiones. El gran espectador que es el pueblo dirá la última palabra. Y la sentencia será favorable a Paco Barnés.