n Las indagaciones, por la Contraloría interna y la Procuraduría de Justicia
Hallan más irregularidaes de la gestión de Espinosa
José Galán n Al cumplirse 18 meses de gobierno cardenista en la ciudad de México, las autoridades capitalinas, por medio de la Contraloría interna y de la Procuraduría de Justicia, han detectado y denunciado desfalcos, gastos sin comprobación, adquisiciones ilegales de equipo de cómputo y de radiocomunicación inservibles, además de otros ilícitos cuya responsabilidad ha recaído en ex funcionarios priístas de la administración de Oscar Espinosa Villarreal, y cuyo importe alcanza ya la cifra de más de mil 200 millones de pesos.
En un balance de la primera mitad del gobierno de la ciudad de México a manos de la administración perredista, las acciones emprendidas por la Contraloría interna, a cargo de Gastón Luken, y de la Procuraduría capitalina que encabeza Samuel del Villar Kretchmar, han llevado a declarar como prófugos de la justicia al ex oficial mayor del gobierno capitalino bajo la última regencia priísta, Manuel Merino García, por el faltante de más de 300 millones de pesos sin comprobar, y al ex delegado en la Gustavo A. Madero, José Parcero López, por diversas irregularidades administrativas que suman 45 millones de pesos.
Además, la Procuraduría capitalina inició acción penal en contra de 19 ex funcionarios de la dependencia que, durante la pasada administración priísta, adquirieron equipo de cómputo a la trasnacional IBM, y de radiocomunicación y radiolocalización a la empresa Ericsson, en dos transacciones separadas por 30 millones de dólares cada una, en el marco de procesos penales que al poco tiempo fueran desechados por la justicia federal, ya que, según la resolución del Poder Judicial Federal, "se trataron de transacciones realizadas cuando el Distrito Federal dependía del Poder Ejecutivo Federal, es decir, de la Presidencia de la República".
Las irregularidades encontradas en delegaciones, dependencias del gobierno local y empresas paraestatales, así como la procuración de justicia en el caso de demandas interpuestas en contra de priístas como Silvia Sánchez Rico, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre o de Antorcha Popular, forman parte de la campaña que contra la corrupción y a favor de la honradez de los servidores públicos, así como el combate a fondo contra la impunidad, impulsó Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano desde su campaña al gobierno citadino, y que incluso se ha reflejado en sanciones administrativas, multas, suspensiones e incluso procesos penales contra más de 600 servidores públicos de su propia administración.
En los últimos meses, el gobierno capitalino ha detectado graves irregularidades en la hacienda pública y por parte de los contribuyentes, así como actos ilegales por parte de individuos u organizaciones afiliadas al PRI, como sucede con Antorcha Popular, cuyos líderes capitalinos, Saúl Beltrán Leyva, Pedro Alvarez Martínez y Mario Núñez Mena, fueron encarcelados el pasado 7 de abril, luego de que fueron encontrados culpables del delito de despojo, como presuntos responsables de ocupar ilegalmente un edificio en Azcapotzalco, cuyo dueño solicitó la acción de la justicia para su recuperación. Los tres lograron la libertad provisional luego de pagar una fianza de 40 mil pesos cada uno.
Dos semanas después, los miembros de la Unión de Comerciantes de la Antigua Merced, la organización que encabeza Sánchez Rico, protagonizaron un enfrentamiento con vendedores callejeros disidentes, en el marco de la lucha por los espacios de venta, a un costado de Palacio Nacional, y en el que salieron a relucir armas de fuego: tres vendedores disidentes resultaron heridos. La Procuraduría capitalino detuvo a Sánchez Rico, a su hijo Julio César Ramírez Sánchez --presunto responsable de jalar de gatillo--, y su sobrino Andrés Martínez Sánchez, quienes fueron consignados al Reclusorio Preventivo Oriente, acusados de los delitos de lesiones y tentativa de extorsión. Sin embargo, posteriormente organizaciones de vendedores callejeros y ambulantes en lo particular han presentado en su contra más de 30 denuncias por delitos que van desde la extorsión al robo y lesiones.
El caso más reciente es de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el secretario general adjunto y dirigente del Movimiento Territorial del PRI-DF, quien fue encontrado responsable, junto con María Elena Serrano Magallanes, del delito de despojo agravado, al invadir el predio conocido como Las Minas, en la delegación Iztapalapa. Sin embargo, obtuvieron su libertad provisional luego de depositar una fianza de cien mil pesos.