Lunes 3 de mayo por la noche. En el auditorio Che Guevara de la Facultad de Filosofía confluyen representantes de las escuelas que pararon, padres de familia y zapatistas. Hay asamblea del Consejo General de Huelga (CGH).

Los informes por escuela son rebasados por la exigencia expulsar del Consejo General de Huelga a los líderes del CEU y la Red que declararon públicamente estar a favor de iniciar un diálogo con las autoridades si éstas aceptaban postergar la entrada en vigor del Reglamento General de Pagos.

``Fuera, fuera traidores. Ellos no son los dueños del movimiento. No representan a nadie'', gritaba, desatada, la asamblea.

Los minutos de tensión no desembocaron en rupturas, pero dejaron en evidencia las fisuras en el seno del CGH.

Así inició una semana difícil para los paristas, en la que afloraron desconfianzas, acusaciones mutuas y afanes de purga, mientras arrancaban las clases extramuros, exitosas o fallidas según la escuela.

En la semana, al movimiento huelguístico le llovió sobre mojado:

Las áreas administrativas funcionan casi normalmente, los docentes y administrativos cobraron sin ningún problema sus sueldos, las propuestas de intermediación -hechas por académicos- no prosperaron, las voces de los estudiantes en contra del paro se escucharon con fuerza, el trámite de pase reglamentado se concluyó sin problemas: ya está calendarizado el periodo de exámenes finales...

Y las autoridades universitarias -que aseguran que por cada día de huelga se pierden 55 millones de pesos- insistieron en la propuesta de diálogo a puerta cerrada.

Los paristas intentaron boicotear las clases extramuros para los estudiantes del CCH , mientras tres directores pidieron sanciones. ``Si los alumnos no presentan sus exámenes a tiempo estarán reprobados'', advertía Ernesto García Palacios, del plantel Oriente.

Pero la Asamblea Universitaria de los académicos desconoció las clases y los exámenes finales extramuros por ``ilegales e ilegítimos''.

Otros actores políticos salieron a la escena:

El ex presidente Luis Echeverría Alvarez advirtió que el conflicto en la UNAM tiene características similares a las de 1968 y no descartó que ``fuerzas externas'' impidan un acuerdo.

El periódico Excélsior publicó fotografías de una reunión en casa del delegado en Benito Juárez, Ricardo Pascoe,a la que asistieron dirigentes perredistas y líderes estudiantiles.

Padres de familia y estudiantes inconformes con la huelga reiniciaron manifestaciones de protesta.

En medio de las acusaciones, los estudiantes en paro radicalizaron sus posturas.

Los huelguistas convocaron a un encuentro nacional de universitarios en el que no sólo aumentaron las demandas (8% del producto interno bruto -PIB- a la educación, anulación de vínculos con el Centro Nacional de Evaluación -Ceneval- y democratización de las formas de gobierno de la UNAM), sino que convocaron a electricistas y maestros a sumarse al movimiento y plantearon un paro general de 24 horas para el 12 de mayo.

La polarización, pues.

Pero el saldo, definitivamente, no fue favorable para los huelguistas.

Más allá de las cuotas

La UNAM inicia su tercera semana de huelga.

Pero, ¿que hay detrás de la petición estudiantil de que se abrogue el Reglamento de Pagos? ¿Es válido que hayan invocado la defensa de la educación pública para justificar su rebelión? ¿Por qué, a pesar del caos que prevalece en el movimiento estudiantil y la poca participación de los propios universitarios, la huelga se mantiene?

Por la defensa de un modelo de educación superior -y no sólo por las cuotas- es la lucha del movimiento estudiantil, precisan los líderes de las organizaciones que participan en el CGH.

``Lo que planteamos es la redistribución de los recursos federales a la educación superior y la transparencia en el uso de recursos en la UNAM'', insiste José Luis Cruz, consejero de la Facultad de Ingeniería.

Los estudiantes no hablan en abstracto. Proporcionan cifras, provenientes de análisis elaborados en las mismas aulas universitarias.

Un estudio del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía, por ejemplo, detalla que en los últimos 15 años, el gobierno federal dejó de asignar casi 14 mil 500 millones pesos a la UNAM.

Sólo el año pasado, el gasto gubernamental para la educación fue apenas de 5% del PIB, una cantidad cinco veces menor al pago de los intereses de la deuda, y sólo 2 mil 917 millones de dólares fueron a la educación superior.

(En ese rubro, Canadá destina un presupuesto seis veces mayor y Estados Unidos 50 veces más).

La postura de los paristas es apoyada por especialistas en el tema, que también ven en la reforma del Reglamento General de Pagos el último capítulo de una larga historia de cambios en el sistema de universidades públicas en México y que claramente tiende a la ``privatización'' de la enseñanza superior.

Secuelas del TLC

Estas modificaciones ocurren desde hace cinco años, su punto de quiebre fue la firma del Tratado de Libre Comercio y afecta directamente dos de las definiciones de esas instituciones: la gratuidad de los servicios y la pertinencia de un modelo de ``universidad de masas''.

Esta es la explicación que ofrecen dos investigadores de la materia: el doctor Hugo Aboites, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, quien perteneció al claustro de profesores de Harvard y Bryant College, y la maestra María de la Luz Arriaga, investigadora de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM.

Ambos han estudiando los modelos educativos de los tres países y se han involucrado en la defensa de la educación pública, al lado de los estudiantes y los padres de familia, por medio de la Coalición Trilateral en Defensa de la Educación Pública.

Relatan que en un lapso de 18 meses -entre 1992 y 1993- funcionarios y académicos de universidades públicas y privadas de Estados Unidos, Canadá y México buscaron sentar las bases de una nueva ``dimensión norteamericana'' para la educación superior en la región.

Eran los días en los que se discutía el TLC. En ese periodo se realizaron reuniones en Wingspread, Guadalajara y Vancouver que concluyeron en un ``TLC universitario'', concertado por fast track, que situaría a las universidades ``en una etapa diferente''.

Cuando terminaron las negociaciones -en 1994- en un primer nivel se pactó la instalación de un mercado trilateral de intercambio estudiantil, académico y de apoyos financieros que ha producido pocos resultados por la crisis económica en México y la persistencia de las ``asimetrías''.

Recuerdan que en México las autoridades educativas realizaron cambios en el Sistema de Educación Superior.

En agosto de 1992, en una reunión de la ANUIES celebrada en Manzanillo, Colima, el entonces secretario Ernesto Zedillo hizo una crítica del modelo de educación superior vigente, por su ``agotamiento e inviabilidad'', y anunció un cambio en la política de financiamiento del gobierno federal a las universidades.

¿Los nuevos criterios?

La sujeción a estándares de ``excelencia y pertinencia'' para autorizar subsidios adicionales y la aceptación de que el gobierno puede ``influir'', por medio de la asignación de recursos, en la nueva actitud de las universidades.

La privatización

En ese mismo lapso, ocurrieron otros hechos significativos:

<->Las autoridades educativas pusieron en marcha el Examen Unico de Ingreso al Bachillerato.

<->Se introdujeron procesos de evaluación del desempeño de profesores y estudiantes, la vigencia de los planes y programas de estudio, y la eficiencia de las modalidades y procedimientos de enseñanza-aprendizaje en todas las universidades públicas, incluida la UNAM.

<->El Centro Nacional de Evaluación (Ceneval), una entidad privada instaurada con financiamiento público para evaluar el desempeño de los universitario, inició sus operaciones.

<->Se instauró el Examen General de Calidad Profesional como requisito de certificación para quienes estudiaron licenciatura.

<->Se han fortalecido las burocracias, se ha marginado a los trabajadores universitarios organizados, y aumentan las retribuciones a destajo.

<->En la UNAM, la superación salarial de los profesores está supeditada a un sistema de incentivos -``pilones'', les dicen peyorativamente- acreditables por la impartición de conferencias, la publicación de libros y artículos...

En la UNAM -precisan- el ``ajuste'' empezó a concretarse en 1997, cuando el rector Francisco Barnés propuso su Plan de Desarrollo.

El plan Barnés se operativizó en once ``programas estratégicos'' que abarcaron prácticamente todos los aspectos de la vida académica y administrativa de la UNAM.

Se reformaron los planes y programas de estudio de la Escuela Nacional Preparatoria y el Colegio de Ciencias y Humanidades; se inició un proceso de ``transformación integral de los estudios de licenciatura'', se introdujeron procedimientos más sistemáticos -pero también más rigurosos- para la admisión de alumnos (su propuesta de derogar el pase automático), contratación de profesores y determinación de la oferta de carreras... y finalmente, vino el asunto de las cuotas.

A juicio de Aboites, la apertura a los capitales privados en el sector educativo que permitió el TLC chocó con la existencia de entidades como la UNAM.

``Hipotéticamente, cualquier compañía estadunidense podría demandar al gobierno de México por competencia desleal, pues alimenta a instituciones de alta calidad que no cobran por sus servicios. El TLC permite ese extremo'', comenta.

Ese escenario difícilmente podría presentarse, comenta el investigador.

Pero lo que ha ocurrido de facto es un ``descargo'' de la obligación estatal de dinamizar y expandir la educación superior en el sector privado, al parejo de un ``ajuste'' en el funcionamiento de las universidades públicas, con la aplicación de esquemas de elevación de cuotas, reforma de planes de estudio, ``limpia de fósiles'', y readecuación de la planta de trabajadores.

Complementa la maestra Arriaga:

``Las restricción del financiamiento público para universidades estatales -entre ellas la UNAM- se han traducido en esquemas de exclusión. Las cuotas pertenecen a ese universo''.

En suma, en los últimos tres lustros se ha consolidado un desentendimiento del gobierno federal de las necesidades financieras de la UNAM.

Para David Lozano, ex consejero universitario y maestro de la Facultad de Economía, el dinero destinado al Fobaproa hubiera cubierto 97 veces la suma de lo que la UNAM dejó de percibir del gobierno federal en 16 años.

-Según las autoridades, la UNAM gasta siete mil pesos promedio al año por alumno.

-En términos nominales puede ser, pero en términos reales es una mentira. A nadie le sale gratis estudiar: hay una serie de gastos en materiales, libros y cuotas por servicios que sólo en Economía, que es una de las carreras más baratas, hemos calculado en unos 5 mil pesos al semestre.

``Y en todo caso, quienes verdaderamente subsidian a los estudiantes son los maestros, que han tenido una pérdida del poder adquisitivo en más de 52% y cobran salarios a veces menores que los de un maestro de primaria''.

Lozano no acepta otra opción: ``La supuesta equidad en la que se amparan para aumentar las cuotas pretende encubrir una tendencia hacia la selección social que se observa desde hace varios años en la disminución de la matrícula, los recortes presupuestales a la educación superior, y el comportamiento del mercado laboral hacia los egresado del nivel superior''.

Puesto frente a este argumento, Rodrigo Figueroa, heredero de los históricos del Consejo Estudiantil Universitario (CEU), dice:

``Las cuotas son cabeza de una gran serie de reformas en la UNAM tendientes a su privatización. Las autoridades tienen la concepción de una universidad pequeñita en la que pague quien pueda pagar... del otro lado está la que hemos defendido históricamente, una universidad al servicio del pueblo, en la que participen todos los que quieren estudiar''.

¿Subsidio total de un estado sin recursos?

``¿Y quién dice que no hay recursos?'', refuta José Luis Cruz, consejero técnico de la Facultad de Ingeniería.

``El gobierno federal ha tenido dinero para rescatar carreteras, para entregar 62 millones de pesos para la compra de armamento a la Secretaría de la Defensa Nacional, para rescatar a los bancos... ¿Por qué, entonces, no tiene recursos para ofrecer educación superior gratuita?''

Los nuevos cobros

Muchos de los servicios que presta la UNAM a sus estudiantes se cobraban desde 1992, aunque no estuvieran reglamentados. El nuevo reglamento contempla los pagos, pero deja los montos a criterio de diversas autoridades.

Los cobros por expedición de credenciales y sus resellos, de tiras de materias, historias académicas y por el acceso a laboratorios y talleres quedan ``a criterio''; por los exámenes extraordinarios se establece una tarifa de un salario mínimo -34 pesos en la zona A-; por el examen profesional y los tramites de titulación, el cobro será de 40 días de salario mínimo.

El Reglamento impuesto por Barnés determina el cobro de servicios e insumos prestados por la UNAM a sus alumnos. Pero sin definir montos específicos, sino que lo deja a criterio de las autoridades.

Incluso se elimina la categoría de ``alumnos'', para dar paso a la de ``usuarios'' de servicios (artículo 2); introduce tarifas por el uso de materiales, instalaciones, equipos y hasta por servicios educativos ``extracurriculares'' (artículo 5), y convierte al Patronato Universitario y al secretario general en ``cobradores''.

El monto que se recaudaría con las cuotas semestrales representa el 0.78% del presupuesto anual de la UNAM (aun en caso de que se cobrara a todos los estudiantes, no sólo a los de nuevo ingreso, sería 3.9%).

¿De qué sirven, entonces, las cuotas?

Tampoco es aceptable, dice Lozano, el argumento de que el nuevo reglamento de pagos ``no hace más que restituir parcialmente el valor que tenían las cuotas cuando fueron modificadas por última vez, en 1948'' .

Explica: ``78% de las familias mexicanas no están en posibilidades de pagar unas cuotas como las planteadas en la reforma del reglamento sólo porque más de la mitad de la población vive por debajo de los 6 salarios mínimos por familia''.

``Pero además (muestra el Perfil del ingreso familiar de los alumnos de la UNAM 1995-1998 que elaboró la Dirección General de Estadística) más de 60 % de las familias de los alumnos de la universidad ganan menos de los cuatro salarios mínimos que establece el reglamento''.

Visto desde otro ángulo, el poder adquisitivo en 1948 era 3 mil 300 veces mayor que el de 1994 (cuando se quitaron tres ceros al peso), y a su vez el de 1994 se ha deteriorado 60%.

``Esto significa que con un peso de 1998 no se compra ni la mitad de lo que se pudo haber comprado en 1994, y a su vez en 1994 las familias no compraban ni una milésima de lo que hubiera comprado en 1948. Entonces, las actualizaciones no son posibles si los niveles de vida no son iguales'', dice Lozano.

Al final, deja un breve cálculo: sobre la base de la pérdida del poder adquisitivo, la adecuación de las cuotas frente al salario mínimo real (que sería 11 pesos menor al de 1948) sería de 185.86 viejos pesos. Es decir, 18 centavos.

Al entrar en su tercera semana, el escenario de la huelga es oscuro.

``Estamos estancados'', reconocen en ambos bandos. Y no hay quien se atreva a dar el primer paso.

Las pocas propuestas de acercamiento, como la de integrar una comisión de 12 representantes de los estudiantes y 12 de las autoridades, son vistas con reservas, ante la presión de los grupos más radicales.

En ambos bandos no logran ponerse de acuerdo.

Del lado de los paristas, las brigadas no acaban de ``prender'' y muy pocos huelguistas cuidan las instalaciones.

En el otro lado no están mejor. Muchos maestros (algunos fueron huelguistas en 1987) no responden al llamado de la Rectoría para las clases extramuros y tampoco hay acuerdo entre los funcionarios.

Nadie espera que el conflicto se resuelva en el corto plazo, ``pues todavía falta procesar el formato del diálogo y los temas a tratar''.

Aunque el escenario de una huelga larga afectaría más a los paristas que a las autoridades.

En las oficinas alternas de Rectoría retornó el ánimo.

``Cuando concluya el periodo de consulta (el próximo 15 de mayo) estaremos listos para el diálogo... que nos van a pedir, no lo vamos a ofrecer''.

Ya hasta fecha tienen: podría ser ``a partir del lunes 17...''

'

Guanajuato, Gto. ¿Debe ser gratuita la educación superior que se imparte en instituciones públicas como la UNAM?

El ex secretario de Educación Pública Fausto Alzati responde con una pregunta: ``¿Deben los contribuyentes de este país financiarla? Desde el punto de vista político, el problema tiene una respuesta sencillísima: `déjate de cuentos (tú, gobierno), has un plebiscito y pregúntales si están dispuesto a hacerlo'. Quizá te digan que sí, porque ese día están de ánimo generoso o te dicen que no, te dicen `estoy dispuesto a pagar, pero sólo por la educación de mis hijos y que mi vecino pague la de los suyos'''.

Según Alzati, la discriminación inherente en un sistema en que el gobierno tuviera un mínimo carácter subisidiario para las clases sociales más vulnerables quedaría resuelta con la implantación de un nuevo sistema de financiamiento: un programa nacional de créditos y becas que asegurara que ningún joven quedara excluido.

¿Hay una buena razón para que la educación superior sea gratuita? No, según Alzati.

``Está demostrado que hay una correlación altísima entre nivel educativo y nivel de ingresos: mientras un individuo tiene más educación, gana más. Vista así, la educación es una inversión. ¿Y quién se beneficia de ella? Los mismos que se educan. ¿No debieran ser ellos quienes la paguen?, ¿cuál es el argumento para que la paguen los contribuyentes? No veo una racionalidad.

``Puedes decir: `sí, pero es que soy joven y en este momento no tengo dinero para financiarla. El ingreso lo voy a tener hasta después...' Entonces, lo que necesitas no es una educación gratuita, sino que se te dé un crédito. Lo que necesitas es que te preste dinero para pagar esa educación y cuando recibas ese dinero, pues pagas''.

¿Puede funcionar en la UNAM un esquema de pagos? No como lo planearon las autoridades de Rectoría, sostiene Alzati.

``El problema no es de las cuotas. El problema es saber si los contribuyentes están dispuestos a seguirle otrogando dinero a la UNAM. Y si resulta que no le alcanza, entonces que sus autoridades ejerzan la autonomía, digan «vamos a achicarnos« y deliberen: `¿qué cortamos? ¿El gasto administrativo? ¿Los sueldos de los profesores? ¿Los laboratorios?'''.

Economista formado en la UNAM, con un posgrado en Harvard, Fausto Alzati fue, a los 39 años, el secretario de Educación más joven de la historia. En el sector educativo pasó el último lustro de su vida como funcionario gubernamental, al lado del entonces titular de la SEP, Ernesto Zedillo.

Con él fue director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y por su mandato intervino en el grupo de trabajo que negoció la conformación de un ``TLC educativo'' con Estados Unidos y Canadá, en el que también participaron, entre otros, José Sarukhán, entonces rector de la UNAM, y Rosario Green, ahora secretaria de Relaciones Exteriores.

En esos años Alzati fue el jefe de Francisco Barnés de Castro en el Conacyt e introdujo al actual rector en el círculo cercano de Zedillo.

Al llegar a la presidencia, Zedillo descargó en Alzati la responsabilidad del sector que encabezó en el sexenio anterior. Pero apenas duró 53 días en el despacho.

Dos años después de su salida del gabinete presidencial, Alzati obtuvo una mención honorífica en su examen profesional. Y poco después se trasladó a esta entidad para fundar el Centro Internacional Lucas Alemán para el Crecimiento Económico (CILACE), con fondos que obtuvo de fundaciones privadas y del gobierno de Vicente Fox.

A la distancia, el guanajuatense Alzati no reniega de su amistad con Paco, el rector en desgracia.

``Le tengo un gran aprecio. Es un hombre comprometido con un proyecto universitario de avanzada, pero siento que la coyuntura política no le ha sido favorable, que no logró consolidar al interior de la universidad un equipo suficientemente sólido y leal para apoyarlo. Lo veo muy solo, con poco espacio de maniobra y en riesgo de tener que ceder ante presiones políticas''.

Dice que la debilidad de Barnés es directamente proporcional a la falta de apoyos en el círculo oficial. ``Su capacidad real para sostenerse y tomar decisiones difíciles no depende de él, sino del apoyo que tenga de un nivel superior''.

-¿Barnés debió hacer una valoración de las condiciones políticas para ejecutar su programa de reformas?

-Para nada. Es el rector de una universidad autónoma que debe responder exclusivamente a los criterios académicos y no debe ser sujeto de presiones políticas.

-¿La solución del conflicto pasa por la caída de Barnés?

-Si así ocurre, será una pena y otra prueba absoluta de que la universidad se ha convertido en un instrumento político.

-¿La UNAM, rehén de grupos políticos?

-Sí, y quien paga el pato es la nación.

-¿Cómo aislarla de la dinámica nacional, sobre todo en la coyuntura actual?

- No es fácil, pero pasa por tomarle el pulso a cuál es el gran consenso nacional hoy en torno al papel de la UNAM. Quizá sea materia en el futuro próximo de un gran debate nacional. El día que la sociedad marque un `hasta aquí' y le exija a la UNAM transformaciones, será por medio de mecanismos democráticos y se acabará el juego. Algún día, la razón de la sociedad se sobrepondrá a los intereses egoístas, de corto plazo, aunque éstos se quieran envolver en el manto universitario.

Colocado en el escenario de que las autoridades ``terminen cediendo a las presiones de los estudiantes'', Alzati pregunta: ``¿Dónde está la justicia social?, ¿quién gana?, ¿quiénes ejercen presión política?, ¿acaso los que tienen mayor capacidad de presión política son los que tienen a la justicia de su lado?''

Alzati ve en la huelga estudiantil un problema ``estrictamente de intereses políticos que se está manipulando. Y me parece que la educación superior es algo demasiado valioso para este país como para que se manipule políticamente''.

Cuando se le pide precisar nombres, se disculpa, porque ``no soy un político profesional, de esos que se dedican a manipular''.

Alzati prefiere dejar su análisis en la revisión de las omisiones: ``Al que no veo haciendo su trabajo en torno al problema es al gobierno. El gobierno federal debería estar apoyando a Barnés de manera abierta. El secretario de Gobernación debería desmontar el conflicto y el jefe de Gobierno del Distrito Federal debería usar su autoridad para frenar las presiones, para dejar que el rector siga con su trabajo''.

-¿Y el secretario de Educación?

-Debería tener una postura que refleje la defensa del interés superior de la nación, sin subordinarse a ningún otro y sin ceder a ninguna consideración coyuntural, porque para eso se le paga. Si no puede hacerlo, no está haciendo su trabajo. A lo mejor el secretario Miguel Limón ha decidido no participar activamente, porque la prudencia le dicta que en vez de ayudar a la solución del conflicto podría complicarlo. A lo mejor es una posición inteligente y válida la que está tomando, no puedo juzgarlo.

Alzati remarca que quienes han manipulado la huelga estudiantil ``están dañando el futuro del país para obtener ganancias políticas coyunturales y están poniendo en riesgo cosas mucho más importantes''.

Por eso, ``si supiéramos quiénes son, los debiéramos fusilar en el Zócalo, porque son traidores a la patria''.