Las extensas llanuras del noroeste chihuahuense pueden convertirse en el origen de un escándalo que puede incidir en la sucesión presidencial del 2000.
Con una inversión millonaria de 6 millones 500 mil dólares en su etapa inicial, Pepsi Company y Carlos Alberto Escobar -dueño de 2 mil 800 hectáreas en el norteño municipio de Janos- iniciaron un megaproyecto agrícola que producirá 112 mil toneladas de papas en cada ciclo productivo, a fin de surtir a Sabritas, empresa filial de Pepsi Cola.
Para irrigar semejante cantidad de tierras en una zona semidesértica sobre la que existe una veda para la explotación de mantos acuíferos, vigente desde 1979, los socios de este megaproyecto obtuvieron de la Comisión Nacional del Agua (CNA) una autorización par la perforación de ocho pozos, de 43 solicitudes existentes.
Reacia a acceder a las reiteradas peticiones de agricultores y ganaderos de la región, la CNA fue extrañamente ágil para resolver la solicitud de la compañía refresquera.
El señor Carlos Alberto Escobar, residente en el vecino estado de Texas, aceptó recientemente ser ``conocido'' de Eduardo Labastida Ochoa, el más importante productor de papa en el país y hermano del todopoderoso secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa.
Gigantesca inversión arrojará una producción equivalente a la tercera parte de toda la producción agrícola de la entidad.
¿Cuál es el problema? Uno muy simple, Pepsi Cola y el dueño del terreno obtuvieron fácilmente los permisos para la perforación de los pozos. Trato muy diferente han recibido los ejidatarios, productores agrícolas y ganaderos. A pesar de las reiteradas solicitudes presentadas previamente, a los pequeños y medianos productores agropecuarios de la región no se les otorgó un solo permiso.
Les faltaba lo mero principal: ser ``conocidos'' de alguien importante y que un gran monopolio, no sólo refresquero, también de la industria de las botanas, interviniera para que todas las dependencias gubernamentales, tanto federales como estatales, accedieran a sus peticiones.
Paradojas que nos pasan a los chihuahuenses: en plena sequía se les restringe el consumo del agua a los habitantes de las ciudades, se les niega el permiso para la perforación de nuevos pozos a los pequeños y medianos productores del campo, pero en una zona con poca agua, vedada a la explotación de mantos acuíferos, se le autoriza a los más poderosos, no sólo del país, sino del mundo, la utilización de recursos que debieran ser para beneficio de la sociedad y no para unos cuantos poderosos.
¿De qué artes se valieron?
¿Será cierto que en absoluto influyó la amistad del dueño de los terrenos con el hermano del secretario de Gobernación?
El proyecto ha levantado las justas protestas de los habitantes y productores de la región. Sólo han encontrado las maniobras justificatorias de los funcionarios de la CNA. El gobernador del estado, Patricio Martínez, reconoció la irregularidad del proyecto, pero justificó que por ser una inversión muy importante colaboró para ``ayudar a regularizarlo''.
Es decir, legalizar lo ilegal. Favorecer a los de siempre, no importa que los derechos, que la ley, les asista a los demás. Es el mismo lenguaje de los poderosos de todas las épocas, ante el cual, siempre, se le ha opuesto la acción decidida de la sociedad chihuahuense.