En febrero, un mes y medio antes de las elecciones en Hidalgo, el presidente Ernesto Zedillo visitó por segunda vez la comunidad de Cardonal, donde en agosto de 1997 había anunciado el arranque del Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa).

El presidente fue claro: ``Con Progresa, vamos a salir adelante... (Este es) el programa más importante del gobierno para enfrentar y derrotar la pobreza extrema de nuestro país''.

Ahora resulta que no. El 5 de mayo, en Puebla, el Presidente de la República anunció el arranque del Programa Nacional de Atención a Regiones Prioritarias para el Combate a la Pobreza, que contará con 17.8% más recursos que el Progresa, y que -según el ofrecimiento presidencial- dará sus primeros resultados en 100 días, mediante 16 mil acciones en 36 regiones y un presupuesto de 9 mil 100 millones de pesos.

El resto de los programas seguirán funcionando tal cual.

¿Por qué la prisa de un programa que el especialista Julio Boltvinik ha considerado ``improvisación y oportunismo político'' (La Jornada, 7 de mayo)?

Durante casi dos años, los equipos contrarios encabezados por Carlos Rojas y Santiago Levy se disputaron el diseño de la política de combate a la pobreza. Al final ganó el subsecretario de Hacienda (con el Progresa), pero en el camino nació y murió la Alianza Nacional para el Bienestar que -se decía en 1995- sustituiría al Pronasol salinista.

Con todo y las necesidades apremiantes de la población más pobre, el arranque del Progresa se demoró hasta el tercer trimestre de 1997. Las urgencias, al parecer, son otras.

En esa ruta, aquí anotamos algunas curiosidades.

El número de pobres. En el anuncio de la Alianza se informó que la población objetivo eran 14 millones de miserables. Los actuales programas que coordina el precandidato Esteban Moctezuma parten de una cifra de pobres extremos muy distinta: 26 millones de mexicanos. La cifra de miserables hace 11 años, en el arranque del sexenio de Carlos Salinas, era de 17 millones. Y el ex presidente entregó el gobierno con un cálculo (de acuerdo con el INEGI) de 13.6 millones de personas en extrema pobreza.

La ``integralidad'' prometida. En agosto de 1997, el gobierno presentó al Progresa como la fórmula para combatir la pobreza ``de manera integral''. ¿No lo era?

Regiones que ya existían. El programa de Regiones Prioritarias parte de un diseño que la Secretaría de Desarrollo Social de Carlos Rojas tenía desde el sexenio pasado. Más cerca, en enero de 1996, un documento de la Sedeso establecía las 91 regiones prioritarias en las cuales se desarrollará ahora el programa de Moctezuma.

No están todos. El nuevo programa sigue dejando fuera a casi cuatro millones de pobres en extremo que viven en zonas urbanas.

Las acciones que siguen. Las acciones o programas que se mantienen son las ``asistenciales'' (tiendas, leche y tortilla subsidiadas), las de ``formación de capital humano'' (Progresa), vivienda, infraestructura social básica (Ramo 33), impulso al desarrollo social productivo (empleo temporal y empresas sociales), comercialización, atención especial a los pueblos indígenas.

A concentrar a la población. En el aspecto de ``infraestructura básica'' destaca un nuevo ``enfoque territorial'' para obras de ``alto impacto regional''. En este rubro se incluye la ``elaboración del Programa de Desarrollo Social Integral Nuevo Milenio, destinado a integrar a la ``población rural dispersa''.

En las últimas semanas, diversos funcionarios de la Sedeso han proporcionado cifras sobre la dispersión poblacional en el México rural y han expresado que mientras existan núcleos de menos de 100 habitantes será imposible dotarlos de servicios básicos.

Tal vez se trata de crear ``el piso'' para anunciar el arranque del proyecto Nuevo Milenio, que desde hace unos meses opera en programas piloto en Chiapas, Nuevo León y San Luis Potosí. En dos municipios del sur de Nuevo León (Aramberri y General Zaragoza), por ejemplo, ya se han realizado acciones para concentrar a la población dispersa en las cabeceras municipales. La vieja idea de ``vaciar el campo'' camina.

El salario profesional del magisterio equivalía, en 1998, a 3.9 salarios mínimos. En enero de este año se había reducido a 3.4. Esta semana se negocia el salario de los maestros mexicanos y nadie sabe de dónde podrían salir los recursos para un aumento que, por lo menos, no deteriore en términos reales las percepciones de los docentes.

Para ello -establece una nota que envía el diputado Jesús Martín del Campo- sería necesario un incremento de 18%, que a su vez requeriría de 6 mil millones de pesos adicionales a la cifra establecida en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Parece mucho, pero no es sino el equivalente al 0.8% de los pasivos del Fobaproa, acumulados a marzo de 1999.