El Congreso de la Unión va a entrar en periodo extraordinario de sesiones el 31 de mayo. En unos cuantos días despachará una apretada agenda legislativa. A pesar de la urgencia de resolver sobre la organización de las delegaciones políticas, este y otros varios temas de la reforma del Distrito Federal no se discutirán. El expediente de la ciudad capital continuará congelado. Se ha confirmado a plenitud que los políticos están más interesados en darle o quitarle peso a sus adversarios en la próxima ronda electoral que en hacer cambios que puedan beneficiar a esta y a la siguiente generación.

El actual jefe de Gobierno de la capital, Cuauhtémoc Cárdenas, convocó a principios de 1998 a los partidos a terminar la reforma política pendiente para el Distrito Federal. Todos acudieron y todos se comprometieron a lograr este alto propósito. Sin embargo después de nueve meses de trabajo y de más de 200 acuerdos que abarcaban 80 por ciento de la agenda principal, los consensos se disolvieron. El PRI se atrincheró en la idea absurda de que no había que modificar ni un ápice del régimen político del Distrito Federal. Y el PAN se retiró de la negociación aduciendo (privadamente) que era una forma de responder a la falta de colaboración del PRD en el asunto del Fobaproa.

Cuando se produjo esta parálisis, los que habíamos sido secretarios técnicos en la mesa de negociación de la reforma del Distrito Federal decidimos organizar una consulta popular, un plebiscito que recuperara la iniciativa que marcó el de 1993, promovido por los asambleístas del Distrito Federal Demetrio Sodi, del PRI; Amalia García y Pablo Gómez, del PRD; Patricia Garduño y Pablo Jiménez, del PAN. Once mil ciudadanos acudimos entonces a su llamado, participamos en la organización y logramos contra viento y marea 327 mil votos favorables en 97 por ciento a la autonomía plena del Distrito Federal, y a la elección democrática de sus autoridades.

Hoy intentamos hacer otro plebiscito pero en condiciones muy distintas. La sociedad mexicana ha cambiado radicalmente y también el gobierno. Aunque el gobierno federal no ha querido colaborar, al menos ha mantenido hasta hoy una actitud respetuosa respecto del ejercicio. No hemos tenido que combatir la conspiración del silencio, el sabotaje y las amenazas de aquella época. Hoy los espacios en radio y televisión son múltiples. El entonces gobernante Manuel Camacho favoreció nuestro plebiscito, pero siempre bajo presiones muy duras de la línea autoritaria del gobierno de Salinas. Hoy el Gobierno del Distrito Federal nos ha apoyado clara y sólidamente. También nos han apoyado 75 líderes de opinión, universitarios, sindicalistas, organizadores de los grupos civiles, y en forma significativa una vasta red de 3 mil ciudadanos de todas las clases, grupos y partidos, inclusive sacerdotes, monjas y comunidades eclesiales de base. Hemos obtenido un gesto de buena voluntad por parte del cardenal Norberto Rivera.

Pero estamos lejos de creer que el plebiscito convocado para el 16 de mayo se va a convertir en un gran éxito. No lo sabemos porque el tiempo y los dineros han sido muy escasos y una multitud de acontecimientos han conspirado contra nosotros.

En fin, estamos en la víspera de la consulta ciudadana de 1999. Domingo a domingo tengo el gusto implícito de charlar con mis lectores invisibles. Hoy los convoco para que acudan el próximo 16 de mayo y empleen una jornada completa en organizar una mesa, o un breve rato en votar. Tenemos que iniciar una tradición de ejercicios de democracia participativa. Las reformas progresivas y lentas han ido poniendo las bases de una democracia representativa en México. Pero ninguna democracia verdaderamente moderna se puede limitar al voto. Todas las cuestiones mayores que afectan a la vida de la comunidad o la estructura mayor del Estado deberán ser sometidas a la aprobación directa de la soberanía popular.