EL CLIENTELISMO, EN APUROS

El proceso legal en curso contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, secretario general adjunto del PRI capitalino, líder del movimiento territorial de ese partido, dirigente de pepenadores y gran empresario -por herencia- en el ramo del manejo de desperdicios, ha de entenderse como una acción estrictamente jurídica que, sin embargo, tiene implicaciones negativas para grandes intereses económicos y políticos. Junto con la detención y el enjuiciamiento de Silvia Sánchez Rico, líder de ambulantes, el auto de formal prisión emitido ayer contra Gutiérrez de la Torre representa, en efecto, un golpe al clientelismo corporativo en el que el sistema político mexicano fundamentó, en buena medida, su funcionamiento y que, tanto en esta ciudad como en otras regiones del país, sigue, por desgracia, vigente.

Las corporaciones clientelares fueron -y siguen siendo- la forma por excelencia de articular a sectores marginados o con necesi- dades básicas irresueltas a un aparato de control político que ofrece, a cambio de la fidelidad partidista y electoral de los reclutados, algunos favores materiales, casi invariablemente otorgados y obtenidos en forma irregular, si no es que ilegal. En esta lógica, los interlocutores ante las autoridades de toda clase de peticiones derivan o desvían para provecho propio cuantiosas sumas y logran cuotas formidables de poder y de influencia.

El Revolucionario Institucional ha sido, sin duda, el principal promotor y el principal beneficiario electoral de estas distorsiones de la organización y la representación social. Pero las prácticas clientelares y corporativas trascienden las filas de ese partido, como pudo comprobarse recientemente con el caso de los perredistas que distribuían la dudosa leche Betty.

Es claro que las actuales autoridades capitalinas están empeñadas en desarticular, con los instrumentos legales de que disponen, la generalizada corrupción administrativa, uno de los pilares del clientelismo y el corporativismo. Ello se traduce en la pérdida del margen de impunidad que tradicionalmente ha beneficiado a los líderes de esas organizaciones, y explica los juicios penales en curso contra Sánchez Rico y Gutiérrez de la Torre, entre otros, antaño intocables de las organiza- ciones sociales priístas.

Es deseable, ciertamente, que tales procesos se realicen en el más estricto apego a la legalidad y que no se vean contaminados por las filiaciones políticas de los acusados. Por otra parte, es evidente que los procedimientos judiciales no bastarán para erradicar el clientelismo y el corporativismo y que, adicionalmente, es necesario definir y aplicar políticas sociales orientadas a eliminar las circunstancias de marginación, pobreza, desempleo, falta de vivienda, insalubridad, carencias educativas y desigualdad que constituyen el caldo de cultivo de las prácticas mencionadas. Pero, para que esas acciones sean posibles, sería necesaria una voluntad definida por parte de las autoridades federales y, en específico, una reorientación de la política económica que antepusiera los intereses de la sociedad a los del capital financiero.