Adolfo Gilly
UNAM: el motivo y el agravio

La amplitud y duración del movimiento de la UNAM rebasa, por su sola presencia objetiva, la cuestión de las cuotas. Denota un malestar mucho más generalizado que toca al conjunto del sistema educativo y, más allá, a las relaciones entre gobierno y sociedad, y entre gobernantes y gobernados en este país.

Conviene recordar -recordar suele servir para recobrar la serenidad de la palabra- que el actual movimiento estudiantil de la UNAM reconoce, como detonantes inmediatos, un motivo y un agravio.

El motivo es, en efecto, la imposición de las cuotas por decisión del rector Francisco Barnés y una fracción del Consejo Universitario. También las cuotas (y otras cuestiones) desencadenaron el movimiento universitario de 1986-1987, que condujo al Congreso Universitario de 1990, en el cual se acordó no innovar en esta cuestión. Dos años después, en junio de 1992, el rector de entonces se aprestaba a violar (una vez más) los acuerdos de ese Congreso elevando las cuotas. El seguro estallido de un nuevo movimiento fue evitado desde las altas esferas del gobierno federal, que lo último que deseaba en ese momento era otro conflicto estudiantil, obligando al rector a retroceder en su proyecto.

El actual es, pues, el tercer intento, desde Miguel de la Madrid, de imponer cuotas en la UNAM. No es serio pretender que se trata sólo de una cuestión de que los ricos paguen y los pobres disfruten, o de una ocurrencia intempestiva de Francisco Barnés. Si entre 1986 y 1990 la discusión llegó hasta un Congreso Universitario, conviene ahora no encerrarla en un marco tan trivial. Tiene que ver con proyectos más vastos, desde hace rato en camino, sobre la UNAM y sobre la educación nacional en general.

El segundo detonante, decía, es un agravio, que no es lo mismo que un motivo. Un agravio resulta cuando alguien rompe, en perjuicio de otro, las reglas establecidas de relación, negociación y solución de diferendos dentro de una comunidad para imponer de hecho el propio parecer. El agravio fue la forma ilegal y semiclandestina en que se celebró el Consejo Universitario que aprobó el Reglamento General de Pagos. Los agravios, no la pobreza, las privaciones o la miseria por sí solas -dicen E.P. Thompson, James C. Scott y varios otros- son los que encienden las rebeliones.

A la hora de buscar una salida, no pueden ser olvidados, sino más bien reparados, motivo y agravio. Hay que restablecer primero el statu quo ante, el estado de cosas anterior, mediante una reunión formal del Consejo Universitario, con todos sus integrantes debidamente convocados en su sede natural, la torre de Rectoría; la abrogación del Reglamento General de Pagos, y la convocatoria a un debate sobre el estado de la UNAM y de la educación y sobre las medidas necesarias para superarlo.

En ese debate abierto, organizado según las exigencias del conocimiento sustentado en razón y según las normas de la democracia, quienes creen que las cuotas son buenas, darían sus razones y quienes defendemos como un derecho de los mexicanos la educación pública y gratuita hasta la universidad, daríamos las nuestras.

En realidad, este debate ya ha comenzado tanto en las universidades como entre quienes, desde distintas posiciones, están escribiendo sobre el tema con seriedad y con respeto hacia el interlocutor, hacia los universitarios y hacia los lectores (actitud que, dicho sea de paso, es la exacta medida del respeto que cada uno se tiene a sí mismo).

Este debate interesa a la nación, no sólo a la UNAM. Tiene que ver con el estado crítico de la educación, pues muchos de los problemas de la UNAM vienen de la situación deplorable en que los últimos gobiernos han sumido a la educación primaria y secundaria y a sus docentes. Este tema, además, tendrá un lugar prioritario en el debate nacional, ya abierto, hacia las elecciones del año 2000.

Estando tan cerca esta fecha y siendo tan determinante la cuestión, ¿cuál es el apuro para cerrarla con medidas de autoridad? Sí, que se vote, y que el país entero, informado, decida con su voto.