Adolfo Gilly
UNAM: educación y mercado

El Reglamento General de Pagos es sólo una parte, formalmente ni siquiera la más importante, de las reformas autoritarias en la universidad y en el sistema educativo introducidas sucesivamente por los gobiernos de Salinas y de Zedillo. Estas reformas suponen adecuar la educación nacional a la regulación por el mercado de la organización de la vida y de las relaciones sociales en México.

Según ellos, los guía un criterio de eficiencia. Otros creemos que se trata de un criterio de concentración del capital y la riqueza en beneficio de las finanzas y sus dueños, a costa del despojo de los bienes públicos de la nación y de los bienes privados de una parte mayoritaria de la población.

En este esquema, las cuotas no tienen la menor importancia en tanto fuente de recursos para la UNAM, como ha sido probado cifras en mano hasta el cansancio. Tienen en cambio una alta importancia simbólica para introducir como cuña el principio del mercado (la educación como servicio) contra el principio del bien público (la educación como derecho).

En la organización de la educación, el objetivo es explícito: llegar a sustituir a un sistema educativo que considera a la educación como un bien público, un derecho ciudadano y una responsabilidad social del Estado, por un market-driven education system (un sistema de educación dirigido por el mercado).

Este objetivo se complementa con una disociación de la educación y la investigación, en la cual la investigación deja de responder a las necesidades del conocimiento como recurso humano y bien de la comunidad nacional, para convertirse, también, en un market-driven research system (un sistema de investigación dirigido por el mercado), ajustado a las necesidades locales de la gran empresa cuyos principales centros de investigación están en otra parte.

Jesús Silva-Herzog Márquez, en Reforma (3 mayo 1999), ha sostenido que aludir en esta cuestión a los programas y propuestas de largo plazo del Banco Mundial es moverse en un "universo conspiratorio". Creo, por el contrario, que acudir a los documentos del Banco Mundial es contribuir a colocar la discusión en sus justos términos: la reforma de la educación bajo la guía del mercado en México y en los países latinoamericanos, como parte de lo que el Banco Mundial llama "las reformas institucionales" o "reformas de segunda generación".

De este último tema tratan, entre muchísimas otras, una reciente publicación del Banco Mundial, Shahid Javed Burki y Guillermo E. Perry, Beyond the Washington Consensus: Institutions Matter (''Más allá del Consenso de Washington: Las instituciones cuentan''), Washington D.C., 1998, 158 ps.; un volumen temático de la revista Nueva Sociedad, de Caracas, Venezuela: La Segunda Generación de Reformas del Estado, marzo-abril 1999, nƆ 160; un muy reciente estudio de Juan Carlos Navarro, Martin Carnoy y Claudio de Mora Castro, "Education Reform in Latin America: a review of issues, components and tools", presentado en la conferencia internacional "Institutional Reforms, Growth and Human Development in Latin America", (Yale University, 16 y 17 abril 1999). Todos estos son trabajos y autores que se ocupan del tema de las reformas con seriedad, puntos de vista no siempre coincidentes, y más allá de todo afán conspirativo o juicio de intenciones.

El Banco Mundial, a su vez, es una institución seria. No es una "conspiración neoliberal" o de cualquier otro tipo, dado que sus propuestas y recomendaciones son públicas, están al alcance de todos y no oculta sus planes y proyectos. Tiene directivos, consultores y asesores preparados, sostiene conferencias internacionales y discusiones de especialistas, publica sus conclusiones y dice lo que se propone para reestructurar la economía mundial en los marcos del Consenso de Washington y posteriores.

Sonreirían esas personas de saber que en México hay quienes quieren hacernos creer que la discusión sobre la reforma mercantil de la UNAM se reduce a la sencilla cuestión de que los ricos paguen y los pobres estudien. En lo que toca al estado de la educación básica, de la cual se nutre la UNAM, los diagnósticos de los expertos del Banco Mundial son mucho más severos y, en muchos casos, certeros, aunque podamos diferir de sus propuestas:

''La persistente desigualdad y la baja calidad caracterizan los sistemas de educación básica en América Latina. Las desigualdades en educación ųen acceso a la escuela, disposición, asistencia, calidad de enseñanza y resultados del aprendizajeų perpetúan las desigualdades en la sociedad y en los ingresos y contribuyen a hacer de América Latina y el Caribe una de las regiones del mundo con más elevada desigualdad'', dicen los autores de Beyond the Washington Consensus. Mejor llevar la discusión a estos niveles, y no eludirla con golpes de mano como el de las cuotas.

El Banco Mundial publica sus recomendaciones. No manda cañoneras como Teddy Roosevelt ni cohetes como Bill Clinton. Antes de conceder sus préstamos a los gobiernos (y lo mismo vale para todos los llamados ''bancos multilaterales de desarrollo'') controla si esas recomendaciones han sido aplicadas o están en vías de serlo. Como cualquier acreedor, demanda de sus futuros deudores ciertas garantías. Así le sucedió al gobierno del doctor Zedillo cuando necesitó muchos miles de millones de dólares para salir del error de diciembre, parte del cual era imputable a las exigencias de su reciente campaña electoral. El trato es claro y público y nadie debe enojarse: si no hay reformas, no hay garantías; y si no hay garantías, no hay préstamo.

En la economía globalizada del fin de siglo no hay recurso más eficaz para inducir la primera y la segunda generación de reformas de Washington, con el fin de lograr la reestructuración market-driven de la economía y la sociedad de los países que de esos préstamos no pueden prescindir. Esto, sin contar con que equipos de gobierno como el del doctor Zedillo no necesitan ser forzados ni convencidos: por educación y por convicción creen que no hay otras políticas posibles y que éstas son las mejores para México en general y para sus nuevas élites financieras dirigentes en particular.

Sin embargo, es preciso decir que el golpe de mano de las cuotas sí tiene sentido y no está mal escogido, aunque sí mal pensado. Sus diseñadores no son tan ingenuos como para creer que con las cuotas van a resolver los recortes al presupuesto de la UNAM o restablecer la justicia distributiva entre ricos y pobres. Dejan estas ideas para algunos de sus partidarios. De lo que se trata es de quebrar la resistencia estudiantil, que desde al menos tres generaciones de estudiantes se ha opuesto a la mercantilización de la educación en general y de la UNAM en particular.

Se trata de aislar a los estudiantes, sobre un tema en el cual en apariencia "no tienen razón" o "están defendiendo privilegios", con respecto a la opinión pública, en especial de la clase media, y a los profesores e investigadores. Se trata de mostrarlos como "radicales", "intransigentes" o simplemente flojos que quieren aprobar sin estudiar o quedarse de por vida en la UNAM. Los profesores de la UNAM sabemos bien que la inmensa mayoría de los estudiantes estudian y quieren terminar cuanto antes sus carreras.

Se trata de encerrar el conflicto en un punto: las cuotas; de imponer una "huelga larga", como anunció el rector; y de romperla por el cansancio, la calumnia y la violencia. Una vez rota la resistencia estudiantil todo lo demás pasaría y no habría quien se opusiera, ni siquiera los profesores e investigadores que sabrían entonces lo que pueden significar en México un sistema educativo y una UNAM market-driven.

La huelga sigue creciendo. No tiene aspecto de ceder. Los estudiantes parecen saber bien de qué se trata. Es preciso abrogar el Reglamento General de Pagos y abrir paso a la discusión y a la razón.