La Jornada miércoles 12 de mayo de 1999

Pide al procurador atender crímenes en Guerrero

Señora directora: Solicito a usted publicar la siguiente carta dirigida al: Licenciado Jorge Madrazo Cuéllar, Procuraduría General de la República.

Presente:

Por este medio le envío un respetuoso saludo y a la vez aprovecho la ocasión para plantearle lo siguiente:

Señor procurador: con bastante indignación nos hemos enterado a través del periódico La Jornada, que en su primera plana de ayer, cabeceó una nota que dice ''Acusan a soldados de dos homicidios y dos violaciones en comunidad guerrerense. Ocurrió hace 19 días en operación militar. Los cuerpos fueron hallados en Acapulco. 'Los campesinos atacaron y repelimos la agresión, la versión castrense'''. Luego se destina toda la página ocho a la misma nota, en al que su encabezado dice: ''Acusan a soldados de homicidio y violación en Tlacoachistlahuaca. El MP y un juez de Ometepec los habrían encubierto. La ocupación, el 19 de abril; el 20 desaparecieron los campesinos''.

En esta nota se puede leer que el niño Antonio Mendoza Olivero, de 12 años de edad, y el campesino Evaristo Albino Téllez, de 27 años de edad, ambos indígenas mixtecos, originarios de la Comunidad Barrio Nuevo San José, del municipio de Tlacoachistlahuaca, ubicado en la región de la Costa Chica de Guerrero, donde habitan indígenas mixtecos y amuzgos, y donde desde hace cinco años vienen luchando por crear el nuevo municipio indígena autónomo mixteco Rancho Nuevo de la Democracia, además de la misma nota, se puede leer que también fueron violadas dos mujeres, una de 50 y otra de 33 años de edad, quienes son familiares de las dos personas asesinadas por miembros del Ejército Mexicano, que con saña privaron de la vida a dos personas y violaron a estas dos mujeres, al parecer el Ministerio Público del Fuero Común, con cabecera en Ometepec, se declaró incompetente para dar seguimiento e impartir justicia con estos hechos y, en consecuencia turnó dicha diligencia a la agencia del MP Federal correspondiente a Acapulco.

Señor procurador: dichos agravios cometidos contra esta comunidad indígena ocurrieron el día 20 de abril pasado, y dada la gravedad del caso, le solicito muy atentamente tenga a bien, en atributo pleno de sus funciones, atraer dicho caso ante la instancia que usted encabeza, en su calidad de Procurador General de la República, para que se haga justicia a estos indígenas guerrerenses. Y dado que en estas acciones el Ejército actuó en agravio de ciudadanos civiles en completa indefensión, es por ello, que en base al artículo 13 de la Constitución Política de, que en su último párrafo a la letra dice: ''Cuando en un delito o falta del orden militar, estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda''.

Confiando en la prontitud con que seguramente actuará, me pongo a sus órdenes, para cualquier aclaración al respecto, en los teléfonos 5 420-17-33 y 5 420-17-22, extensión 3536 y en el fax 5 522-74-39.

Marcelino Díaz de Jesús, diputado federal

Convocan a reunión en la Facultad de Ciencias

Señora directora: En respuesta al desplegado publicado el 8 de mayo por los funcionarios y personal académico de confianza de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales expresamos lo siguiente: 1. El movimiento de huelga estudiantil ha sido un recurso extremo ante la falta de un ambiente abierto y democrático en la universidad que permita dirimir las diferencias entre universitarios.

2. Reiteramos que las actividades y las clases extramuros en esta coyuntura de huelga son en el fondo, un acto de propaganda política, manejado por la Rectoría. Pretenden, con ello, atemorizar y no necesariamente convencer a los estudiantes. En las huelgas estudiantiles de la UNAM siempre se han recorrido los calendarios académicos y se han establecido nuevos periodos para todos los trámites.

3. La forma más expedita para resolver el conflicto consiste en que se cumpla el pliego petitorio de los estudiantes.

4. Los directores, todos ellos nombrados por la Junta de Gobierno y el rector han hecho un llamado a suscribir un pacto universitario. Su llamado es, en realidad, otro acto de propagada. Las aplastantes votaciones a favor de la huelga, así como las gigantescas marchas estudiantiles muestran fehacientemente que los directores no tienen autoridad moral y no representan los intereses de la comunidad universitaria. Lo único que pueden es tener influencia entre el personal de confianza de cada facultad o centro, como se constató en el desplegado.

5. Denunciamos que la AAPAUNAM ha actuado ilegalmente al avalar las actividades extramuros con su firma del 23 de abril pasado y por lo tanto, reprobamos estas acciones.

Invitamos al personal académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a la próxima reunión el lunes 17 de mayo a las 11 horas, en el Auditorio Ricardo Flores Magón. Atentamente

Luz Pereyra, Blanca Aguilar, Leopoldo Gaytán, Angeles Márquez, Raúl Rojas, Amparo Ruiz, Humberto Vega, Esther Navarro, Javier Aguilar, Mario Sanabria, Iván Zavala, Leonardo Figueiras, José González A., y 25 firmas más.

Aclaran información sobre la ley de patrimonio cultural

Señora directora: Con motivo de la discusión generada a partir del ingreso formal al Senado de la República de la iniciativa de decreto que establece la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, por este conducto solicito atentamente a usted publicar en la sección de correspondencia del prestigiado diario que usted dirige la siguiente carta.

Como ha señalado el senador Mauricio Fernández, presidente de la Comisión de Cultura del Senado de la República, la iniciativa se presentó al pleno con el acuerdo político de realizar una discusión amplia sobre el tema, que incluye a la representación de los tres órdenes de gobierno, así como a las personas interesadas en la protección del patrimonio cultural de instituciones de educación e investigación, asociaciones de profesionales, asociaciones civiles, sindicatos, etcétera.

Independientemente de lo anterior y contrario a lo expresado a diversos medios informativos por integrantes de la delegación D-II IA-1, conformada por docentes e investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, sí hubo conocimiento de parte de sus representantes sindicales sobre los términos del proyecto de la ley antes de ser sometida al pleno.

Derivado de la solicitud de la delegación sindical citada para obtener una copia del anteproyecto de ley el 16 de marzo del presente año, fueron recibidos por el suscrito los señores José Antonio Contreras Ramírez y Nicolás García Ortiz, secretario general y secretario de Organización, respectivamente, a quienes se les informó de la existencia del proyecto de Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, así como de sus alcances y directrices generales.

Asimismo, se les hizo una exposición sobre los aspectos por los que se considera que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972 perdió vigencia y dejó de ser un instrumento útil para la protección del patrimonio cultural.

El encuentro duró aproximadamente tres horas, por ello causa extrañeza la omisión del mismo de parte de la representación sindical. Atentamente

Miguel Poot Grajales, secretario técnico de la Comisión de Cultura del Senado de la República; senador Mauricio Fernández, presidente de la Comisión de Cultura; senador Carlos Payán Velver, secretario de la Comisión de Cultura; senadora Silvia Pinal, secretaria de la Comisión de Cultura; senador Eugenio Ruiz Orozco, presidente de la Comisión de Patrimonio Histórico y Cultura de la Nación.