CRIMENES MILITARES EN GUERRERO
Recientemente se dio a conocer a la opinión pública el asesinato de dos campesinos ųun hombre de 27 años y un niño de 12ų y la violación de dos mujeres ųuna de 50 años de edad, y otra de 33ų por parte de efectivos del Ejército Mexicano en la región mixteca de Guerrero, en el contexto de una incursión militar a esa zona afectada por la marginación, la miseria extrema y los descontentos sociales, que han desembocado en la conformación de un municipio indígena autónomo.
Los crímenes denunciados ųocurridos entre el 20 y el 21 de abrilų no pueden considerarse hechos aislados; forman parte de una prolongada acción represiva por parte de las autoridades civiles de la entidad y de los mandos castrenses que se inició hace cuatro años, cuando surgió, en esa zona, el movimiento por la autonomía de los mixtecos. De entonces a la fecha, 20 indígenas que participaban en tal movimiento han sido asesinados, otros han sido objeto de desapariciones forzosas, algunos más son mantenidos en cárceles del estado en condición de presos políticos y se ha producido la destrucción de casas, y el robo de ganado y maíz por parte de miembros de las policías judiciales Federal y Estatal, así como de elementos de tropa.
Ante la comisión de estos abusos, tropelías y atrocidades, los habitantes de la región se encuentran prácticamente inermes.
Las autoridades estatales y las federales no les prestan atención y hacen como si tales atropellos no existieran. En el caso de los dos asesinados y las dos violadas del mes pasado, un juez de Ometepec se negó, durante dos días, a recibir un recurso de presentación de persona, la Procuraduría estatal se negó a dar curso a la queja de los campesinos y ambos encubrieron, durante 18 días, los asesinatos. Posteriormente las autoridades castrenses dieron a conocer una versión parcial y del todo inverosímil, según la cual los soldados mataron a los campesinos al repeler un ataque con armas de fuego por parte de éstos. No se refirieron a los ataques sexuales contra las mujeres de la localidad, no explicaron la manera en que habría sido atacado un contingente de tropa por un niño de 12 años ni mencionaron los indicios de tortura y muerte lenta ųmanchas de sangre en un extenso terreno, unos guantes de látex y un tapabocas abandonadoų que quedaron en el lugar de los hechos.
En el ámbito nacional, los hechos referidos se inscriben en un patrón cada vez más masivo de violaciones a los derechos humanos de los campesinos indígenas por parte de efectivos militares y civiles en diversas regiones, entre las que sobresalen Chiapas, la Huasteca y Oaxaca, además de Guerrero. Vistas en conjunto, estas agresiones evocan, de manera inevitable, el exterminio de indígenas perpetrado en la década pasada en la vecina Guatemala por el ejército de ese país y por grupos gubernamentales de ajusticiamiento.
Debe recordarse que la extrema crueldad castrense y paramilitar, justificada entonces por la doctrina de contrainsurgencia, no sólo dejó más de 200 mil muertos, sino que llevó a las fuerzas armadas y al gobierno de la nación hermana a grados extremos de descomposición moral. Con esa perspectiva en mente, resulta obvia la necesidad de cortar de tajo con los reiterados y casi sistemáticos abusos militares y policiales ųalgunos de ellos, de carácter criminal, como los perpetrados en Tlacoachistlahuaca y Rancho Nuevo Democraciaų en contra de los más desamparados y agraviados de los mexicanos, es decir, los campesinos indígenas. Ha de insistirse en la obligación de preservar sus derechos fundamentales, su dignidad y su vida, así como la moral de nuestras fuerzas armadas, cuyo origen y vocación popular han sido, durante muchos años, un ejemplo único en América Latina.
En lo inmediato, los propósitos mencionados deben traducirse en una investigación exhaustiva de los indignantes sucesos referidos, en una toma de posición inequívoca por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ųrenuente a ejercer a fondo sus funciones cuando hay soldados involucradosų y en la consignación, el encauzamiento y el castigo a los culpables, en aplicación de las leyes civiles y militares vigentes.
En su momento, cuando la Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer los vínculos del general Gutiérrez Rebollo con el narcotráfico, ofreció una lección de civismo a todo el país.
El reconocimiento de las conductas desviadas de algunos de sus integrantes refrenda la credibilidad y la autoridad de las instituciones. Hoy, ante este intolerable atropello a la vida y la integridad física de mexicanos desprotegidos, olvidados y marginados, debe procederse en forma semejante.