n Murió frente a su domicilio de un tiro en la cabeza
Condenan el asesinato del periodista argentino Gangeme
Stella Calloni, corresponsal, Buenos Aires,13 de mayo n El asesinato a tiros esta madrugada, en la sureña provincia de Chubut, del periodista Ricardo Gangeme, provocó hoy una fuerte condena de los gremios de prensa argentinos, que todavía esperan que se aclare el asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas en enero de 1997.
Gangeme, de 56 años, era dueño del semanario El Informador Chubutense, criticado por algunos colegas por su amarillismo y su sus columnas sobre la vida privada de importantes empresarios. Dos años atrás, la publicación -de alcance provincial- había denunciado ante la justicia amenazas que atribuyó a un empresario de la zona con estrechos lazos con el mundo financiero y político.
En algunos grupos periodísticos se hizo mención además de presuntas vinculaciones de Gangeme con policías e incluso con personajes de la última dictadura militar (1976-83).
El ex director del diario porteño Crónica recibió un tiro en la cabeza cuando acababa de estacionar su automóvil frente a su domicilio en la ciudad de Trelew, a mil 200 kilómetros al sur de Buenos Aires.
La policía descartó el móvil de robo, ya que Gangeme fue encontrado con más de mil dólares en efectivo y cheques.
El presidente Carlos Menem dijo "estar consternado" por el asesinato, mientras la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas y la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) condenaron el crimen. El hecho volvió a golpear a la comunidad de prensa, que aún no tiene una respuesta clara sobre los asesinatos de Cabezas, y Mario Bonino (1993).
El panorama sobre la libertad de prensa es sombrío. La UTPBA ha apelado una medida que condenó a Eduardo Kimel, el periodista que investigó el asesinato de cinco religiosos palotinos durante la dictadura y que fue condenado porque un juez -que colaboró con los militares- se sintió injuriado. Resulta paradójico que el único condenado en este caso sea quien investigó y publicó un libro sobre el crimen.
Asimismo, anoche fue anulado un fallo que favorecía a los periodistas Sergio Moreno y Laura Termine, del diario Página 12, acusados por el coronel retirado Rodolfo Solís, quien se sintió "agraviado" por un artículo que publicaron ambos en el diario La Prensa, donde trabajaban en 1994. Ambos periodistas habían informado sobre el antisemitismo de Solís, quien formaba parte en los grupos de la Secretaría de Inteligencia del Estado que trabajaban en la investigación sobre el atentado contra la mutual judía AMIA, que dejó más de 80 muertos.
En el terreno de los derechos humanos, entre tanto, causó alivio el pedido de condena a cadena perpetua para dos policías de la provincia de Buenos Aires que en 1993 detuvieron y mataron por torturas al estudiante Miguel Bru en La Plata, provincia de Buenos Aires. Y en esta capital, la Cámara Federal giró una orden que prohíbe quemar los archivos militares de la dictadura a pedido de la ombudsman Alicia Oliveira, quien sostiene que los ciudadanos tienen derecho a conocer la verdad y el destino de los miles de desaparecidos.
La noticia fue recibida con optimismo por los organismos humanitarios, cuando otra señal de esperanza surgió en estos días, después que un documento sobre los detenidos-desaparecidos fue entregado en Madrid al juez español Baltasar Garzón, quien podría disponer la captura de 120 represores de la dictadura, entre ellos el general Guillermo Suárez Mason, también inculpado en la Operación Cóndor de coordinación represiva en el Cono Sur, y quien trabajó para la CIA en Centroamérica.
Finalmente, en esta capital y en distintos lugares del país, los universitarios continuaron hoy con el tercer día consecutivo de huelgas, marchas y clases públicas, para sentar el precedente de que no aceptarán ningún futuro recorte al presupuesto educativo.
El Congreso vetó anoche el decreto presidencial que podaba 280 millones de dólares al sector, y además rechazó los recortes acordados con el Fondo Monetario Internacional en los sectores de seguridad social (jubilados). Los legisladores actuaron luego que el gobierno dio marcha atrás ante la magnitud de la protesta estudiantil, pero el ministro de Economía, Roque Fernández, advirtió hoy que "no vamos a ceder en nada más".