ƑCANDIDATURAS POR SUBASTA?

Las intensas y declaradas disputas internas de los partidos, por las respectivas candidaturas presidenciales de cara a los comicios generales del año próximo, constituyen una de las novedades del proceso de sucesión presidencial en curso. Tal fenómeno es particularmente notable en las filas del Revolucionario Institucional, en las que la confusión sobre la manera de seleccionar al candidato a la Presidencia de la República ha producido una proliferación de aspirantes confesos a la postulación, los cuales se encuentran, desde hace meses, en plena campaña -explícita o implícita- para obtenerla.

Ante la magnitud de los intereses en juego, y dada la posibilidad de que el tradicional dedazo presidencial sea remplazado por otros mecanismos de selección, las precampañas dentro del PRI han adquirido una gran relevancia pública. En ausencia de una confrontación y un debate regular de ideas entre los aspirantes, éstos encuentran indispensable el recurso de la mercadotecnia y la publicidad para imponerse a sus rivales, y ello los coloca en la necesidad de gastar grandes sumas de dinero.

Tal circunstancia -presente también en Acción Nacional, en el que los partidarios de Vicente Fox recaudan fondos a discreción- lleva a las fuerzas políticas y a sus protagonistas a actuar en un terreno no previsto por la legislación electoral y no regulado. El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece una normativa clara -financiamiento público de partidos y candidaturas, así como condiciones y topes para gastos de promoción- en lo que se refiere a las campañas, pero no fija términos específicos para los procesos de selección interna de candidatos. Hay, en esta omisión, una clara intención de respetar la vida interna de los partidos, pero de esta forma se posibilita la distorsión de la vida política por intereses económicos -legales o no- que pueden llegar a convertir las postulaciones en subastas y las candidaturas en inversiones.

No se trata de peligros potenciales. Un caso real es el de Roberto Madrazo, un político severamente impugnado y sobre quien recaen fundadas sospechas de diversos actos ilícitos, entre ellos el de desviar recursos del presupuesto del estado que gobierna para promoverse como aspirante priísta a la primera magistratura. Al margen de las posibilidades reales del tabasqueño de alcanzar la postulación, el hecho es que ha conseguido construir una precandidatura con base en escandalosos gastos "de imagen".

Otro hecho por demás preocupante es la constitución, por parte de empresarios de diversas regiones del país, de un fondo de dos millones de dólares para apoyar la precandidatura de Francisco Labastida Ochoa, secretario de Gobernación. Este dato plantea dos problemas graves: por un lado, se trata de recursos de destino incierto, recabados sin ningún control y sin ninguna fiscalización institucional; por el otro, coloca al funcionario mencionado ante potenciales conflictos de intereses entre la fidelidad a su cargo y la gratitud a sus promotores.

En términos generales, y como lo señaló atinadamente el empresario Juan Sánchez Navarro, los pases de charola entre la iniciativa privada y las recaudaciones de fondos para financiar a los precandidatos de cualquier partido son acciones que distorsionan tanto el ámbito empresarial como la vida política. De entrada, otorgan a los dueños del capital un poder político extralegal y discriminatorio hacia el resto de la población, además de que abren la posibilidad de que las candidaturas a la Presidencia de la República y a los demás cargos de representación popular se conviertan en objeto de puja mercantil.

Finalmente, con estas actividades se deja libre el camino para que las instituciones políticas de la nación se conviertan en rehenes de capitales de origen dudoso o francamente ilegítimo, como los que invirtieron Angel Isidoro Rodríguez y Carlos Cabal Peniche en las campañas priístas de 1994. En consecuencia, resulta imperioso, en lo inmediato, que los propios partidos fiscalicen estrechamente la procedencia de los recursos que utilizan sus precandidatos. Asimismo, es necesario que el Poder Legislativo encuentre la manera de perfec- cionar el Cofipe para que éste regule, ya sea por medio del IFE o de otra manera, los fondos de las precampañas.