``El primer organismo independiente pasa supervisar elecciones en México está en crisis. El partido gobernante lo ha estado boicoteando'', resumió la periodista Mary Beth Sheridan en Los Angeles Times.
``La reforma democrática más importante en años está amenazada'', calificó Andrés Oppenheimer en las páginas de The Miami Herald.
Son los ecos de la polémica que el pri inició hace seis meses y que pronto vivirá un nuevo capítulo, ante la inminente publicación del dictamen de la Contraloría Interna del ife.
El saldo, sostiene Enrique Ibarra -representante del pri ante el ife-, no puede considerarse negativo, pues la fortaleza moral del órgano electoral no está en juicio.
Con la demanda en contra de los consejeros ``intentamos limpiar de cualquier velo de suspicacia la conducta de la autoridad electoral''.
Precisa:
``Esta no es una controversia pri contra ife, es una inconformidad contra cuatro consejeros electorales que se han apartado de los grandes principios rectores que les mandata la Constitución.
-¿La honorabilidad del ife ha quedado manchada?
-No. Las manchas se han dado por las conductas y resoluciones que (los consejeros acusados) han adoptado.
Ironías de la política. Hasta hace unos meses, una hermana del consejero Emilio Zebadúa trabajaba como asesora del representante del pri en el ife. Ahora, en su demanda, el pri le reclama al consejero Jesús Cantú haber encargado la realización de un estudio a la hermana de uno de sus asesores.
-Al enfocarse en cuatro consejeros, el asunto cae en el terreno de la personalización. ¿No es un exceso?
-Lamento que los consejeros crean que es un asunto personal. Por ejemplo, con Zebadúa conservo un ánimo de respeto y hasta de afecto, porque tenemos una relación de años. Pero este es un asunto de orden jurídico, porque impugnamos su comportamiento.
Por su persistente ánimo de oponerse a las propuestas de los consejeros electorales, a Ibarra ya le dicen El Diablo en los pasillos del ife.
l dice que simplemente cumple con su obligación de cuidar los intereses del pri ``con apego a la legalidad''.
``La función de un representante de partido no es ir a la conquista de complacencias o a cursar ambientes simplemente amistosos, y yo no puedo mezclar. Lo fundamental es que cada quien haga la tarea que la ley le confiere''.
-¿Para ser consejero hay que renegar de amigos, ex compañeros o familiares?, ¿cómo quitarle el sello a alguien?
-Hay una forma muy sencilla: la sujeción a lo que la ley establece. Pongo un ejemplo: todo mundo conoce los antecedentes de Woldenberg, pero su desempeño no tiene objeción ni del pri ni de los otros partido, porque ejerce su autoridad electoral de forma sensata, discreta y también con imparcialidad.
-¿Y los que han acusado?
- A nuestro juicio, no.
En gran medida, el pri ha sustentado sus acusaciones en versiones periodísticas de declaraciones hechas por los consejeros, pero no puede inhibir su derecho de manifestarse con libertad. Y también los ha responsabilizado de acciones que han sido discutidas y aprobadas en el pleno del Consejo General. No puede, por eso, juzgar a cuatro consejeros, debía cuestionar a todos, sostienen los consejeros en sus escritos de respuesta.
Sí, unas acusaciones cuestionan acuerdos tomados por el consejo, acepta el legislador priísta, pero ``tenemos muy claro quiénes han sido los impulsores de las mismas, por eso personalizamos. Las otras están claramente tipificadas como conductas individuales que contrarían lo que señala la ley sobre lo que debe ser un desempeño imparcial, probo y objetivo''.
Los escritos de respuesta de los consejeros Jesús Cantú, Jaime Cárdenas, Alonso Lujambio y Emilio Zebadúa coinciden en considerar como ``incompetente'' a la Contraloría Interna del ife para dictaminar sobre la acusación del ife.
``Eso es muy grave -ataja Ibarra Pedroza-, da la impresión que los señores consejeros se sienten sujetos irresponsables ante la ley. Su juicio es ligero a todas luces y ejemplifica el halo de impunidad con que creen estar protegidos. Esto es absurdo, ¿por qué? Porque los señores son servidores públicos y como tales están sujetos a lo que señala el título cuarto de la Constitución y el artículo 67 del Cofipe, que tipifica sus responsabilidades como servidores públicos''.
Para las elecciones presidenciales del 2000 el país necesita la objetividad y el apego a la legalidad de parte del Consejo General del ife ``esté fuera de toda suspicacia'', remarca Ibarra.
¿Qué quiere el pri?
``Una autoridad electoral sin filias y sin fobias. Consejeros como Cantú, Cárdenas y Zebadúa han dado muestras de un acentuado antipriísmo. Eso es lo que no permitimos y no permitiremos''.
-¿Hay que removerlos?
-Inamovibles no son, aunque ellos digan lo contrario.
-¿Y si ellos se quedan como parte del Consejo General que sancionará las elecciones presidenciales?
-Nosotros nos vamos a someter a lo que las autoridades competentes determinen. Lo que queremos es que se aplique el Derecho y se apliquen las sanciones a las que se han hecho acreedores por sus conductas parciales. Por eso nosotros intentamos limpiar de cualquier velo de suspicacia la conducta de la autoridad electoral.
(Alberto Aguirre M.)
Una disposición administrativa aprobada por el Consejo General del ife permite que los traslados de los consejeros, directivos y representantes de los partidos políticos que no tengan su residencia en el Distrito Federal sean absorbidos por el organismo.
A pesar de ello, el pri presentó una queja contra el consejero Jesús Cantú, porque realizó 40 viajes a la ciudad de Monterrey ``sin que exista alguna comisión oficial que lo justifique''.
Pero quien presentó la queja, el diputado Enrique Ibarra Pedroza, podría ser compañero del mismo dolor del consejero electoral.
El legislador realizó 67 viajes por avión, entre 1996 y 1997.
La mayoría fue a su natal Guadalajara, pero también constan traslados a ciudades como Aguascalientes, Tepic, Tijuana, Chihuahua, Veracruz, Tuxtla Gutiérrez y Zacatecas, y a destinos turísticos como Acapulco, Cancún, Puerto Vallarta y Manzanillo.
Por esos viajes, la coordinación administrativa de la Secretaría Ejecutiva del ife -encargada de la autorización de cualquier pago de servicios- erogó 120 mil pesos.
(Alberto Aguirre M.)