Aunque apurado por otras urgencias -la definición de las reglas para elegir a su candidato presidencial, por decir algo-, el PRI no ha quitado el dedo del renglón: mantiene su batalla contra cuatro de los nueve integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral. O contra el organismo ``depositario de la confianza ciudadana en la limpieza electoral'', según lo miran las oposiciones.

Aunque PRImero amenazó con un juicio político contra Jesús Cantú, Jaime Cárdenas, Alonso Lujambio y Emilio Zebadúa, avanzó en su contra por la comisión de supuestas ``responsabilidades administrativas'' y presentó una denuncia ante la Contraloría Interna del IFE.

Sin embargo, cuarenta y ocho de las 51 páginas de la querella -que también respalda el pt- se consumen en acusaciones relacionadas con opiniones personales de los consejeros y decisiones de órganos colegiados del IFE, tomadas por unanimidad o por mayoría de ocho a uno, no por asuntos de carácter administrativo.

Pero aun así, son las pruebas -según el PRI- de que esos consejeros son ``ilegales'', ``parciales'' y presas del ``espíritu beligerante'' de Andrés Manuel López Obrador.

Del lado opositor se mantiene la idea de que la intentona PRIísta -que derivaría en sanciones y eventualmente en inhabilitaciones- minaría la confianza en el IFE y significaría un ``grave retroceso para la construcción de un régimen plenamente democrático''.

Por ahora, los consejeros están en manos de una pequeña Unidad Técnica que hipotéticamente no debería haber conocido del asunto. Pero le dio entrada al trámite y pronto -se espera que antes de que concluya el mes- dará a conocer su dictamen.

La tormenta no ha terminado. La suerte de los consejeros sigue en suspenso.

Aquí presentamos un balance del conflicto, así como un resumen de las acusaciones y las respuestas que han dado los consejeros electorales.

(Arturo Cano y Alberto Aguirre M.)

(1) El PRI acusa a cuatro de nueve consejeros de ``parciales e ilegales''. Amenaza con presentar una demanda de juicio político ante la Cámara de Diputados.

(2) Pese al carácter de las acusaciones, el PRI opta por presentar una denuncia por responsabilidad administrativa ante la Contraloría Interna del propio IFE.

(3) De acuerdo con el Cofipe, la Contraloría Interna sólo puede sancionar al personal sujeto al régimen del Estatuto del Servicio Profesional Electoral. Los consejeros no forman parte de éste. Además, la Contraloría Interna depende del Consejo General. Es decir, dio entrada a una denuncia en contra de parte de sus jefes. Lo hizo apelando al artículo 49 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que señala: ``En las dependencias y entidades de la Administración Pública se establecerán unidades específicas (É) para que cualquier interesado pueda presentar quejas y denuncias por el incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las que se iniciará, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente''.

(4) Las acusaciones relacionadas con una supuesta parcialidad de los consejeros podrían haber llevado al PRI presentar una demanda de juicio político ante la Cámara de Diputados, órgano en el que serían juzgados uno por uno.

(5) Las comisión de supuestos actos ilegales en el seno del Consejo General da al PRI la posibilidad de interponer un recurso de revisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Juicio Político

Procedimiento aplicable a servidores públicos cuyos actos ``redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales''. Uno de ellos es ``el ataque a las instituciones democráticas y al libre sufragio''. El juicio político no procede ``por la mera expresión de las ideas''.

Las posibles

Si el fallo de un juicio político es condenatorio, se sancionará al servidor público con su destitución. Podría extenderse a una inhabilitación, desde uno hasta 20 años, para el ejercicio de cargos públicos.

Si un servidor público incurre en ``faltas administrativas'', se hace acredor a sanciones que van desde ``apercibimientos'' y amonestaciones, la destitución y el pago de multas económicas, hasta la inhabilitación.

Por una u otra vía, las faltas podrían derivar en castigos penales si las faltas así lo ameritan.

¿Asunto de Farell?

Si la Contraloría Interna comprobara que se cometieron irregularidades, el PRI podría intentar recurrir a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam). Se abriría entonces un litigio sobre la competencia de esa dependencia para sancionar a integrantes de un órgano autónomo.

La Contaduría Mayor

Actualmente, la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados realiza seis auditorías al IFE, una parte a petición del PRI.

El IFE tiene un carácter autónomo y por ende no está sujeto a la normatividad aplicable a las dependencias de la Administración Pública Federal. De tal forma, la Contraloría Interna no podría asumirse como ``autoridad competente'' para aplicar las sanciones administrativas a los consejeros.

De acuerdo con el Cofipe, la Contraloría Interna está facultada para recibir, investigar y resolver las inconformidades que presenten en contra de los servidores públicos del instituto en los términos del Estatuto del Servicio Profesional Electoral''. En esta definición caben desde el director ejecutivo hasta el empleado más modesto del IFE, pero no los consejeros electorales.

Otro dato importante: la Contraloría Interna depende del Consejo General del IFE, es decir, de los nueve consejeros, incluidos los cuatro denunciados por el PRI.

En su modelo actual -determinado por acuerdo del Consejo General en diciembre de 1997- está facultada para auditar los gastos del IFE e investigar las quejas que se presenten en contra de sus funcionarios y trabajadores.

El contador público Carlos Muñoz Villalobos, contralor interno del IFE, trabajó 11 años en la Secretaría de Hacienda y pasó un lapso similar en la de Comunicaciones y Transportes.

En el periodo de Patrocinio González Garrido como gobernador de Chiapas fue su contralor general.

Cuando el chiapaneco fue nombrado en 1993 secretario de Gobernación, y por ende presidente del IFE, Muñoz Villalobos fungió como contralor interno.

Desde entonces no ha dejado el cargo. Sobrevivió a cuatro secretarios de Gobernación y cuando el IFE se ciudadanizó, fue ratificado por José Woldenberg.

Septiembre

El prd presenta ante el Consejo General del IFE una queja sobre la comprobación de los gastos de la campaña presidencial del PRI en 1994. Es remitida a la Comisión de Fiscalización, encabezada por el consejero Alonso Lujambio.

Noviembre

16. Sesiona el Consejo General del IFE. Por petición del prd, se pretende dar entrada al tema de la queja en la orden del día. Se aprueba su inclusión -siete votos a favor, uno en contra y una abstención- y el diputado Enrique Ibarra anuncia el retiro ``indefinido'' de su partido del organismo. Acusa a los consejeros de dejarse influir por los ``espíritus beligerantes'' del perredista Andrés Manuel López Obrador.

17. El PRI no regresará a las sesiones del Consejo General hasta que no apeguen sus actos a la ley, afirma Mariano Palacios Alcocer.

22. El PRI expresa su más enérgico rechazo a ``toda forma de manipulación y distorsión que el prd haga en torno a la información sobre la legitimidad de las fuentes de financiamento de las campañas electorales de 1994''.

23. José Woldenberg, consejero presidente del IFE, anuncia que buscará tender ``puentes de entendimiento'' que permitan el regreso del PRI.

Diciembre

10. La Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados anuncia la realización de una auditoría al IFE en los conceptos de viáticos, gastos de representación, servicios personales, adquisiciones y ``en particular a la oficina de administración de los consejeros electorales''.

Los consejeros envían una carta de invitación al PRI a la última sesión del Consejo General del IFE. Es rechazada.

13. En la Cámara de Diputados, 50 legisladores del PRI presentan una propuesta de iniciativa de reforma constitucional que cambiaría la integración del Consejo General del IFE.

16. En la sesión del Consejo General, Woldenberg hace un nuevo llamado al PRI para que regrese.

18. Carlos Armando Biebrich, secretario de Elecciones del cen PRIísta, revela que su partido inició una ``investigación'' de la conducta de los consejeros, pues ``se la pasan viajando con exceso de gastos y tienen mayores PRIvilegios y ventajas que los propios secretarios de Estado''.

21. En la sede del PRI trasciende que ese partido solicitaría la destitución de los consejeros Jaime Cárdenas, Jesús Cantú y Emilio Zebadúa.

Enero

7. La Comisión de Fiscalización del IFE emplaza al PRI para que presente argumentos en su defensa en relación con la queja interpuesta por el prd sobre los gastos de las campañas de 1994.

10. Definido ya el Presupuesto de la Federación para el ejercicio fiscal de este año, se conoce un dato: la partida autorizada al IFE disminuye 17%.

Marzo

16. Tercera sesión del Consejo General en el año. El representante del PRI, Enrique Ibarra, regresa a la mesaÉ sólo para anunciar que su partido -con el respaldo del pt y del pvem- presentará una demanda por responsabilidad administrativa en contra de los consejeros Cantú, Cárdenas, Lujambio y Zebadúa. ``Iremos hasta el extremo que la ley nos permita'', y no descartó elaborar una solicitud de juicio político que sería presentada en la Cámara de Diputados.

La queja pasará por los cauces administrativos, anunció Woldenberg.

pt y pvem dejan solo al PRI poco después.

17. Los dirigentes nacionales del prd, Andrés Manuel López Obrador; del pan, Luis Felipe Bravo Mena, y del pcd, Manuel Camacho Solís, defienden, en una declaración conjunta, a los consejeros acusados: el IFE ``es depositario de la confianza ciudadana en la limpieza electoral. Su consejo refleja un acuerdo y un pacto de todas las fuerzas políticas de México. Intentar romper ese pacto significaría un grave retroceso para la construcción de un régimen plenamente democrático''.

En los días siguientes, organizaciones ciudadanas de todo el país respaldan a los consejeros.

18. Diódoro Carrasco, subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, dice que la queja presentada por el PRI no lesiona la legitimidad del IFE.

24. El PRI ratifica su denuncia contra los cuatro consejeros en la Contraloría Interna del IFE.

Abril

21. La representación PRIísta en el IFE permanece intacta pese al relevo en el cen. Ibarra declara que el juicio político será presentado después de que la Contraloría Interna dé a conocer su fallo.

22. En una entrevista con La Jornada, José Woldenberg sostiene que si se quiere remover a cuatro consejeros, tendrá que hacerse lo mismo con los nueve.

Mayo

6. Por separado, los consejeros presentan en la Contraloría Interna su respuesta a la queja interpuesta por el PRI.

11. El gobernador de Tabasco, Roberto Madrazo, reconoce que el empresario Carlos Cabal Peniche -sujeto a proceso de extradición en Australia- financió su campaña, pero agrega que también aportó recursos a las de Luis Donaldo Colosio y Ernesto Zedillo.

13. Trasciende que la Comisión de Fiscalización del IFE -encabezada por el consejero Alonso Lujambio- estaría por dictaminar sobre la demanda perredista de investigar los recursos del PRI en las campañas de 1994.

La mayoría de los integrantes de la comisión -cuatro consejeros- se inclinaba por declarar procedente pero parcialmente infundada la queja.