GUARURAS CONTRA ESTUDIANTES

Las agresiones que se han venido cometiendo contra dirigentes y activistas de la huelga estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México desde el jueves pasado ųsecuestros, amenazas, torturas, lesiones, acosos diversosų constituyen delitos aberrantes e inadmisibles que deben ser investigados, plenamente esclarecidos y sancionados conforme a derecho.

Al margen de las posiciones encontradas que generan el conflicto universitario, y que deben dirimirse mediante el diálogo y en forma civilizada, la sociedad en su conjunto debe manifestarse contra los violentos actos de intimidación referidos, porque guardar silencio ante ellos significaría un suicidio cívico: la tolerancia para con las canallescas agresiones y para con sus autores materiales e intelectuales ųsean quienes seanų daría legitimidad a los secuestros express, los encajuelamientos, los golpes, las patadas y las intimidaciones, como métodos para resolver las diferencias.

Los delitos mencionados, que se perpetran a diario y al parecer sin dificultades, son condenables en cualquier circunstancia y sean quienes sean los afectados, pero resultan especialmente odiosos si se considera que ocurren en el contexto de un problema entre universitarios y que sus víctimas son jóvenes que, equivocados o no, han decidido dejar de lado sus propios intereses y han puesto todo su empeño para favorecer a quienes llegarán después que ellos a los establecimientos universitarios. En ese sentido, el movimiento estudiantil y su huelga son un ejemplo de generosidad solidaria que merece algo más que las contramedidas guarurescas, como las sufridas por Juan Carlos Zárate, Israel Flores, Alma Maldonado, Héctor Pulido y Rodrigo Figueroa, en días recientes.

Ante esta serie de acciones delictivas, que ostentan el sello inconfundible de las cloacas incrustadas en el poder público, las máximas autoridades universitarias están en la obligación de moderar un lenguaje que propicia un clima de agresiones ųcomo el empleado recientemente por el secretario de Planeación de la UNAM en un acto en el Palacio de Mineríaų, de investigar si hay, en los delitos referidos, la autoría o la complicidad de funcionarios o empleados de la institución y, en cualquier caso, de deslindarse de manera pública e inequívoca. Otro tanto corresponde a las entidades policiales y de procuración de justicia de la Federación y del Distrito Federal, las cuales, además, tienen ante sí el deber perentorio de localizar a los autores de las agresiones y presentarlos ante las autoridades judiciales correspondientes. Finalmente, no puede omitirse la responsabilidad ųaunque sea de carácter moral, y no judicialų que corresponde, en estos actos vergonzosos e indignantes, a quienes espiaron, videograbaron y dieron a la prensa imágenes de una reunión privada en la que participó el dirigente estudiantil Rodrigo Figueroa porque fue, precisamente, a raíz de la publicación de esos materiales por un diario capitalino, que se inició el hostigamiento contra los jóvenes huelguistas.