Con 18.7 millones de habitantes, la zona metropolitana de la ciudad de México es la concentración humana y económica más grande de México y América Latina, y una de las mayores del mundo: su área urbana ocupa más de 184 mil hectáreas.
Si se mantienen las tendencias, tendrá 22.4 millones de habitantes en el 2010. En los albores del siglo XXI su viabilidad económica, social, política, territorial y ambiental está cuestionada por la acumulación de problemas y conflictos, y porque está llegando, o ya desbordó los umbrales posibles de crecimiento en las condiciones vigentes.
Esta enorme ciudad es el producto de un desarrollo histórico, sobre todo en las últimas cinco décadas, caracterizado por un crecimiento físico extensivo y anárquico, empujado por el capital inmobiliario, los sectores populares y el gobierno local y federal, no sujeto a normas ni planes; políticas públicas sometidas al interés del poder económico y político; una planeación sin soporte político ni instrumentos eficaces de aplicación; la ausencia de una instancia eficaz de coordinación entre el gobierno del Distrito Federal y el de los municipios conurbados del estado de México; procesos socioeconómicos empobrecedores, excluyentes y segregadores, sobre todo en los 16 años de aplicación de políticas neoliberales salvajes, y la ausencia de un consenso político y social democrático, permanentemente actualizado, sobre su devenir.
La responsabilidad fundamental recae, sin duda, sobre el PRI y sus gobiernos federales que tuvieron el control ininterrumpido del gobierno del DF hasta 1997, y mantienen aún el del estado de México.
Las manifestaciones más visibles de la crisis urbana son: la pérdida de su dinamismo económico y su desindustrialización; el desempleo y la informalización de la mayoría de su fuerza de trabajo; la desatención de las necesidades sociales básicas de su población, derivada de una política federal de desmantelamiento de la responsabilidad del Estado frente a los derechos humanos, sociales y constitucionales; la contracción del mercado interno; la caída de los ingresos y el crecimiento de los hogares en situación de pobreza y miseria; la permanencia de la corrupción y el crecimiento de la violencia individual u organizada; la complejización de los factores de vulnerabilidad y riesgo de sus habitantes ante desastres: la presencia de límites a su sustentabilidad ambiental; la pérdida de la capacidad financiera de los gobiernos para atender las necesidades crecientes de inversión y operación de servicios, y la amenaza de ingobernabilidad, derivada de una reforma política inconclusa --por las posturas del PRI y el PAN--, y la acumulación de conflictos políticos y sociales que desbordan lo local, por ser la sede de los poderes federales y sus instituciones.
Este panorama problemático se agrava si tenemos en cuenta que la metrópolis es también el núcleo estructurador de una megalopolis en formación en el centro del país, asentada sobre siete entidades federales, donde habitan 27.6 millones de personas, producto del crecimiento centrífugo de sus grandes ciudades, la integración de los pueblos rurales y la densificación de las relaciones y flujos materiales e inmateriales. En el 2010 alcanzaría los 33 millones de habitantes y su integración física habrá avanzado considerablemente.
En la coyuntura electoral actual estamos ante la posibilidad y la necesidad de responder a una pregunta crucial: Ƒqué es necesario hacer para que la metrópolis y la megalópolis tengan viabilidad económica, política, social, ambiental y territorial en el próximo siglo? La respuesta tiene que venir de los gobiernos del DF y el estado de México, que comparten la gestión de la metrópolis, y de los demás involucrados en el proceso megalopolitano; de los partidos políticos locales y nacionales que propondrán, esperamos, sus plataformas electorales, y de los distintos integrantes --no necesariamente coincidentes en intereses y propuestas-- de la sociedad civil.
Tres elementos son necesarios en estas respuestas: un proyecto estratégico de desarrollo urbano integrador, equitativo, socialmente incluyente, democrático y ambientalmente sustentable; un conjunto integrado de políticas públicas de largo plazo para implantarlo, y la naturaleza del pacto o consenso social democrático necesario para darle viabilidad social y política a los dos aspectos anteriores.