La mayoría panista en el Congreso del estado pretende modificar el artículo tercero de la Constitución local para impedir la interrupción del embarazo, sin importar que éste se deba a una violación, o que la mujer enfrente un grave riesgo contra su salud e incluso esté en peligro de muerte.

Estas son, hasta ahora, las únicas causales de excepción que contempla el Código de Procedimientos Penales de la entidad, el cual castiga el aborto hasta con nueve años de prisión.

Si prospera la iniciativa del pan, las excepciones quedarían sin efecto.

Es la polémica del día en Nuevo León. Con sello blanquiazul.

Cuando a principios de este mes preguntaron al líder de los diputados locales panistas, Gerardo Garza Sada, qué pasaría con las mujeres que resulten embarazadas después de una violación, dijo: ``Pobrecitas, pero la mujer violada ya está violada... y después de que sufrió esa afrenta, que trae todo ese rencor y depresión, pedirle que mate a alguien que es hijo suyo y de una persona muy gacha, es meterla en un problema mayor''.

La sinceridad ha incrementado el debate.

``A estas alturas del milenio no se puede poner a discusión el derecho a decidir'', dice la diputada priísta María Elena Chapa, una de las más aguerridas opositoras a la propuesta. ``Se trata de una garantía individual. Sólo los dictadores se convierten en árbitros de la moral privada''.

Pese a todo, la ex senadora reconoce que no está asombrada. ``Garza Sada piensa que las mujeres que van a los bares son prostitutas. Entonces, ¿qué te puedes esperar?''

La tolvanera neoleonesa no es nueva en el país. Un intento similar ocurrió en Baja California, donde la presión social impidió que la reforma legal se consumara.

Y hace cinco años, en Chihuahua, el Congreso aprobó una iniciativa parecida a la que se presenta ahora.

¿Qué va a pasar en Nuevo León? ``El pan tiene mayoría'', suspira Chapa.

Los derechos de los violadores

La iniciativa de ley fue presentada el Día de las Madres por el grupo Unidos por el Amor a la Vida, que con el apoyo del Arzobispado de Monterrey recabó 88 mil firmas entre estudiantes de primaria y secundaria particulares, iglesias católicas y centros deportivos.

En el documento de 11 cuartillas -la solicitud de modificación constitucional se plantea en sólo cinco párrafos, el resto son reflexiones sobre el derecho romano, los cromosomas y la dignidad- el grupo establece que la defensa de cualquier prerrogativa ``requiere, en primer lugar, el respeto absoluto a la vida humana''.

El espíritu de la propuesta es que el ser humano existe desde el momento mismo de la concepción, aunque los promotores de la iniciativa consideran que se tiene completo uso de la razón y todas las facultades físicas y mentales hasta los 15 años, ``edad de la plenitud de la inteligencia abstracta''.

De acuerdo con la iniciativa, cuando se pretende interrumpir un embarazo los varones son objeto de discriminación:

``Se ha dicho en relación con el aborto que es únicamente la mujer quien debe decidir, por ser quien lleva en su seno el fruto de la concepción; sin embargo, se está violando el principio constitucional de igualdad ante la ley, pues al padre se le está privando del derecho a intervenir en la decisión de que la mujer asesine al ser concebido, es decir, al padre no se le considera igual ante la ley''.

Tal precepto se aplicaría incluso en los embarazos producto de una violación. La diputada Chapa Hernández cuenta que en un debate que sostuvo con el asesor legal de ProVida en Monterrey, Valdemar Martínez (autor de la iniciativa), el abogado dijo que en casos como este ``el violador debía decidir si la víctima abortaba o no''.

Según la iniciativa, ``no hay alguien que represente al no nacido, que en todo caso debería ser el Ministerio Público que formule su pedimento accediendo al aborto, es decir, si realmente desean matar a esa criatura''.

Para los integrantes de Unidos por el Amor a la Vida, ninguna razón es válida para interrumpir un embarazo. ``¿Como es posible que se acepte matar a un ser concebido y no nacido? Sólo violando abiertamente sus derechos humanos y sus más elementales garantías individuales'', se señala en la última página del documento.

Y después, con letras mayúsculas, advierte: ``Por estas razones digamos no al aborto en ningún caso''.

Desde mi azul

Según la diputada María Elena Chapa, el fondo del asunto es la forma como el pan y los grupos conservadores definen a las mujeres.

``Lo que se pretende es penalizar cualquier oportunidad que tengamos para decidir libremente sobre nuestro cuerpo. No creen que tengamos derechos''.

De acuerdo con Chapa, la forma como se presentó la iniciativa de ley ``es poco ética, se utilizó el terror y la amenaza para conseguir las firmas; hasta en las escuelas dieron puntos a los alumnos que las llevaron''.

Otro aspecto importante es la participación de la Iglesia católica. Además del exhorto que el cardenal Adolfo Suárez Rivera envió a todas las parroquias de Nuevo León para apoyar la iniciativa, ``el sacerdote Hernán Zambrano, en un debate de televisión, dijo que en el estado no hay violaciones, porque a ninguna de las víctimas la amarraron para someterla al abuso''.

-¿Hay que despenalizar al aborto?

-El tema debe discutirse como lo que es: un problema legislativo y social, sin argumentos morales o religiosos. Verlo con toda responsabilidad y reconocer que el aborto es un problema de salud pública y que jamás será usado como método de planificación familiar.

''Los panistas no resuelven problemas de fondo. Nuevo León tiene el segundo lugar en violencia intrafamiliar, y no hacen nada para resolverlo. Ese tema no les importa''.