POSADAS OCAMPO: LA JUSTICIA BURLADA

El grupo interinstitucional ųProcuraduría General de la República (PGR), gobierno de Jalisco y Episcopado Mexicanoų que investiga el asesinato del arzobispo de Guadalajara, Juan Jesús Posadas Ocampo, ocurrido hoy hace seis años, ofreció ayer un espectáculo deplorable. Mientras que la PGR y las autoridades de Jalisco se limitaron a enumerar las tribulaciones de una investigación sin resultados, los jerarcas de la Iglesia católica optaron por deslindarse y expresaron ųcomo lo han venido haciendo desde hace un sexenioų sus insinuaciones, sus acusaciones veladas y sus denuncias a medias.

Por lo que hace a las dos primeras instituciones, es inadmisible que, tras seis años de pesquisas, ofrezcan a guisa de conclusión la siguiente frase: ''Del análisis del expediente, se puede afirmar jurídicamente que el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo fue muerto de impactos directos, quedando pendiente de determinar si sus asesinos conocían de quién se trataba y quisieron atentar precisamente contra él, sin que los disparos directos sean suficiente para probar la existencia de un complot''. En suma, tras 72 meses de trabajo, la institución encargada de procurar justicia ofrece a la opinión pública la misma certeza y las mismas dudas que la sociedad tiene desde el 24 de mayo de 1993: que el religioso murió a balazos, que se ignora quiénes lo mataron, y por qué.

Esta expresión de ineptitud resulta inadmisible en cualquier circunstancia, pero, en el actual entorno de inseguridad y de acoso creciente de las delincuencias, es, además, alarmante, y retrata claramente el desamparo en que se encuentra la ciudadanía. Más aun, la incapacidad de las autoridades para esclarecer homicidios como el del obispo tapatío, el de Colosio o el de Ruiz Massieu, entre otros, es, a fin de cuentas, un aliciente para el incremento de la impunidad.

La actuación de los jerarcas católicos ante el caso no resulta más esperanzadora ni edificante que la de la PGR. Desde que, pocos meses después del crimen en el aeropuerto de Guadalajara, el entonces nuncio apostólico Girolamo Prigione se reunió en secreto con los presuntos jefes de los presuntos asesinos materiales del cardenal Posadas ųdos de los hermanos Arellano Félixų, esta actuación quedó marcada por la ambigüedad y la sospecha. Desde entonces, diversos integrantes de la jerarquía eclesiástica han deslizado ambigüedades y han dado a entender que poseen información que permitiría resolver el caso. Como caso excepcional, el sucesor del obispo asesinado, Juan Sandoval Iñíguez, acusó ayer al ex procurador Jorge Carpizo de haber escamoteado pruebas, pero a renglón seguido aclaró que no pedirá acción penal contra el ex funcionario. Por lo demás, los señalamientos eclesiásticos fueron tan borrosos y velados como siempre: Onésimo Cepeda, vocero del episcopado, se refirió a ''intereses poderosos'' que impedirían esclarecer el asesinato, pero se abstuvo de hacer precisiones, en tanto que el obispo Genaro Alamilla habló del crimen como ''un homicidio político'' ordenado por ''alguien interesado en desestabilizar al país''.

Si los religiosos saben algo que el resto de la sociedad ignora, es tiempo de que lo digan claramente; de otra manera, ellos mismos se colocan en el papel de encubridores. Por su parte, la PGR y el gobierno jalisciense tendrían que averiguar algo más que lo que todo el país conoce desde hace seis años.