México es el país de la OCDE (Organización para el Comercio y el Desarrollo) con el menor nivel de gasto público. También lo es entre los grandes países de América Latina. Los gastos del gobierno federal representan alrededor de 16 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), en tanto que en Argentina y Chile significan el 20 por ciento, en Brasil y Estados Unidos un poco más del 30 por ciento, y en los países de Europa occidental porciones que varían entre cerca del 40 por ciento en Portugal y casi el 50 en Alemania. El rezago del gasto público en México significa una menor capacidad de inversión en áreas estratégicas, como educación, salud, desarrollo de infraestructuras. Sus causas principales no son el conservadurismo y la autoproclamada prudencia fiscal de las autoridades, sino añejos problemas estructurales y de gestión cuya complejidad fue incrementada por las políticas económicas de los últimos gobiernos.

La causa primera del bajo nivel al que llegó el gasto público de México está en los ingresos fiscales. La relación entre éstos y el PIB se mantiene inalterada en torno a 15 por ciento (si se excluyeran las contribuciones de Pemex la relación caería a cerca de 12.5 por ciento). También en este terreno México se compara desfavorablemente con los países de la OCDE y con algunos de América Latina, como Brasil y Chile. Nuestra recaudación fiscal es diez puntos menor a la de Turquía, que es la segunda más reducida de la OCDE. Datos de esta organización indican que el resto de los países miembros tienen ingresos fiscales que se sitúan alrededor del 35 por ciento del PIB.

La precariedad de los ingresos fiscales tiene varias causas. En gran medida, éstas se expresan en la reducida base de imposición que prevalece en el país. En su más reciente estudio sobre la economía mexicana, la OCDE estimó las tasas efectivas de imposición que gravan en promedio el consumo, el trabajo y el capital, y comparó su evolución desde 1980 con las del resto de los países miembros. En las tres bases impositivas las cifras de México se ubican en la última posición. La tasa efectiva de impuestos sobre el consumo tiende desde 1986 a disminuir ligeramente, situándose en la actualidad alrededor de 7 por ciento (en Canadá y España se sitúa en torno a 13 por ciento, en Nueva Zelanda y Portugal un poco arriba de 20 por ciento). El promedio de la tasa efectiva que grava el trabajo pasó de 10 a 14 por ciento entre 1980 y 1996, mientras que en las otras naciones de la organización se ubican entre 25 y 38 por ciento. En cuanto a las tasas efectivas que se aplican al capital, su evolución de largo plazo indica una pequeña inflexión a la baja desde 1980, de manera que su nivel presente es de cerca de 5 por ciento. Esta no solamente es la menor tasa efectiva de las tres bases de imposición, sino que también se compara muy desfavorablemente con las de los otros países, que van de 20 por ciento en Grecia y Portugal hasta un poco más de 80 por ciento en Canadá, pasando por niveles de 40 a 50 por ciento en países como Nueva Zelanda y Estados Unidos.

La debilidad de la base impositiva es un problema añejo. Los programas de reforma económica aplicados por los últimos gobiernos no incluyeron medidas que tendieran a solucionar realmente este problema. En su lugar, optaron por recortar continuamente el gasto. Con ello lograron reducir el déficit público --que en la práctica se convirtió en el único objetivo de la política fiscal-- pero la debilidad estructural de las finanzas públicas no se redujo. En un entorno dominado por el casi estancamiento del ingreso real por habitante, sujeto a continuas variaciones bruscas de las variables macroeconómicas y financieras y con escasa capacidad de absorción de la fuerza de trabajo, las finanzas públicas llegaron en la segunda mitad de década de los años noventa a un estado de máxima vulnerabilidad. Su evolución depende casi completamente del comportamiento de las cotizaciones internacionales del petróleo y de las variaciones del costo del capital. En el estudio ya citado, la OCDE estima que cada caída de un dólar en el precio de la "canasta" de exportación de productos petroleros, provoca una caída de un cuarto de punto porcentual del PIB en los ingresos fiscales del gobierno, y que cada incremento de un punto porcentual en las tasas reales de interés tiene un impacto de 0.07 por ciento del PIB sobre los pagos por servicio de la deuda interna.

Uno de los asuntos de mayor prioridad en la agenda de la reforma económica de México concierne a las finanzas públicas y la política fiscal. Es uno de los grandes temas pendientes y su solución demanda creatividad e imaginación, no pusilanimidad ni receta de manual, pues ya vemos que éstas sólo agravaron el problema.