El 16 de mayo, cerca de 170 mil capitalinos participamos en una consulta ciudadana sobre la reforma política para el Distrito Federal; en promedio, el 85 por ciento de los participantes coincidieron en la urgencia de avanzar en ella y se expresaron a favor de sus propuestas principales, tendientes a igualar los derechos de sus ciudadanos y las facultades de sus poderes a los vigentes para las 31 estados de la federación.

La participación numérica fue baja, por la falta de estructura operativa y recursos económicos suficientes, la limitada publicidad y, sobre todo, la negativa de apoyo del PRI y el PAN, que pensaron sectariamente que la consulta favorecía al gobierno del DF.

Es cuestionable sobre todo la postura del PAN, que en el discurso se dice favorable a la reforma, pero en la práctica se pone del lado del PRI en su postura de bloquearla.

Como se esperaba, PRI y PAN desestimaron la consulta y sus resultados con el argumento numérico. Sus dirigentes y legisladores, acostumbrados al acuerdo cupular a espaldas de los ciudadanos, a la negociación en función de sus proyectos e intereses partidarios, encuentran siempre algún pretexto para no oír la opinión de la gente.

ƑCon qué respaldo ciudadano contaron las reformas constitucionales salinistas, el TLC, el hacer pública la deuda privada de los bancos, el rescate carretero, el presupuesto 1999, y el recorte presupuestal para el DF que incluía? ƑPiensan estos partidos consultar u oír a la gente sobre la privatización eléctrica? Hay que recordar a PRI y PAN que esta consulta se suma a las voces ciudadanas que se oyeron en el mismo sentido en el incluyente foro realizado el año pasado, cuyos resultados fueron divulgados en un Perfil de La Jornada (3/12/98).

La conclusión de esta fase de la reforma política es condición necesaria de la viabilidad futura del DF y de la gran metrópoli, en sus aspectos de gobernabilidad democrática y operación cotidiana. Además de otorgar a los ciudadanos del DF sus derechos políticos plenos, igualándolos a todos los mexicanos, incluye aspectos cruciales para la superación de su crisis estructural, la respuesta a las necesidades de sus habitantes, el funcionamiento adecuado de sus instituciones y servicios, y la coordinación metropolitana: regular las relaciones entre delegados electos y jefatura de Gobierno para evitar conflictos políticos y operativos contrarios al interés colectivo de los capitalinos; otorgar facultades plenas al jefe de Gobierno para dirigir la seguridad pública, ahora compartida con el Presidente de la República; dar a la Asamblea Legislativa facultades para aprobar el presupuesto local y su endeudamiento para evitar las decisiones punitivas, políticamente manipuladas, de la Cámara de Diputados, como la que en 1999 privó al gobierno capitalino de recursos suficientes para atender las necesidades ciudadanas; conceder facultades a la ALDF para legislar en materias de interés local, hoy en manos del Poder Legislativo federal, no sometido a sanción por los capitalinos; y entregar a la asamblea legislativa la potestad de revocar el mandato del jefe de Gobierno, como en los estados, hoy incongruentemente en poder del Senado.

Hay otros aspectos más de fondo, discutidos ampliamente desde hace más de cinco años, que deben resolverse: la conversión del DF en Estado 32 y de su jefe de Gobierno en gobernador, la municipalización de sus delegaciones y la formación de sus cabildos, la elaboración de una Constitución local y la conversión de la ALDF en Congreso local con plenas facultades. A ellos, añadiríamos un tema fundamental: la creación de una autoridad o Consejo Metropolitano formado por las autoridades electas de sus partes (alcaldes y gobernadores), y de sus órganos operativos, que puedan concertar y coordinar la planeación, definición de políticas públicas y su aplicación, la operación de las infraestructuras y servicios públicos, la distribución equitativa de sus cargas presupuestales y otros aspectos centrales para que la ciudad real, conformada al menos por el DF, 58 municipios conurbados del estado de México y uno de Hidalgo, pueda enfrentar coherentemente su desarrollo en el próximo siglo. El PRI y el PAN deben abandonar su estrechez de miras, en función del interés ciudadano, y dejar de bloquear la reforma.