n Ambos partidos se inconformarán ante el Trife
Rechazó el IFE la queja del PRD sobre los gastos del PRI en 1994
José Gil Olmos n Después de una larga espera de ocho meses, el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) rechazó ayer, con cinco votos a favor y cuatro en contra, la queja del PRD para investigar el origen de los recursos que usó el PRI en las elecciones del 94.
Ante la inconformidad de los dos partidos por el dictamen de la Comisión de Fiscalización, al desechar como "parcialmente improcedente" la queja, el consejero presidente, José Woldenberg, señaló que era una "misión imposible" satisfacer a ambas partes y los exhortó a actuar, en sus reclamos, por los cauces legales.
Tanto el PRD como el PRI anunciaron que acudirían al Tribunal Federal Electoral (Trife) para inconformarse. Los perredistas con la exigencia de que se declare competente al IFE para investigar y se reabra el caso; y los priístas, para que se declare totalmente improcedente el dictamen de la comisión, y cerrar el caso.
Después de tres horas de debate técnico jurídico sobre las facultades de indagación de la comisión a cargo del consejero Alonso Lujambio, el presidente del IFE atajó toda sospecha de presiones externas en la decisión de desechar la queja perredista, que ha causado larga polémica, pues cuestiona el ingreso de más de 2 mil 500 millones de pesos a las arcas del PRI en las elecciones en las que resultó triunfador el presidente Ernesto Zedillo.
"Solicito una lectura objetiva para evitar leer intenciones y descalificaciones a partir de la resolución", dijo Woldenberg al concluir el debate.
La referencia era por la decisión del contralor interno del IFE, Carlos Muñoz Villalobos ųcontralor en la gestión del ex gobernador chiapaneco Patrocinio González Garridoų, quien una noche antes aceptó la competencia para estudiar la queja administrativa del PRI en contra de los consejeros Jaime Cárdenas, Alonso Lujambio, Jesús Cantú y Emilio Zebadúa, por conductas irregulares en el uso de los recursos.
Y también por las discusiones internas con representantes del PRI y del gobierno federal, en torno a poner un alto a las intenciones del IFE de indagar a fondo sobre los recursos aportados a la campaña priísta del 94, por parte de empresarios y banqueros actualmente acusados de fraude, como Carlos Cabal Peniche, Gerardo de Prevoisin y Angel Isidoro Rodríguez, El Divino.
"Es falso que presionamos a los consejeros", argumentó el representante del PRI en el Consejo General del IFE, Enrique Ibarra, quien, con aire triunfalista, agregó que su partido sólo defiende su derecho de reclamo ante las autoridades.
Momentos antes, en uno de los tantos diálogos con los reporteros, el diputado puso el dedo en la llaga: el cuestionamiento a la eleccion presidencial del 94. "No nos conviene seguir este escándalo, porque se cuestiona a toda autoridad, incluso al presidente Zedillo", aseveró al tiempo de insistir que acudirán al tribunal electoral del Poder Judicial, para exigir que se declare totalmente improcedente la queja del PRD.
Ibarra explicó que si no se cierra este capítulo, queda abierta la posibilidad para que, a través de un "abuso propagandístico", se intenten abrir casos electorales que ya fueron revisados y juzgados, lo que es un atentado al estado de derecho.
El IFE será afectado en el futuro: PRD y PAN
Al dar inicio a la discusión de la queja presentada por el PRD el 9 de septiembre del año pasado, el consejero Alonso Lujambio explicó que se había declarado "parcialmente improcedente" porque lo aportado por los perredistas, a través de fotocopias de declaraciones, notas periodísticas, oficios y actuaciones judiciales, no eran pruebas, sino "indicios" de ellas, que los propios acusantes tenían obligación de fundamentar.
Sostuvo que la Comisión de Fiscalización estaba impedida legalmente ųartículo 270 del Cofipeų para solicitar documentos probatorios a autoridades externas, para indagar sobre recursos financieros del PRI en 94. Sólo "puede ordenar el perfeccionamiento de pruebas que hayan sido correctamente exhibidas", afirmó.
Sin embargo, el consejero Emilio Zebadúa criticó la contradicción en que incurría dicha comisión, pues de una parte desechaba las fotocopias como prueba y por la otra las tomaba en cuenta como argumento para declarar improcedencia.
Al igual que el consejero Jesús Cantú, llamó la atención en torno a que una de las pruebas presentadas por el PRD, sobre un fideicomiso creado por el baquero prófugo Carlos Cabal Peniche, resultaba un nuevo indicio que se debería investigar. Pero al final de la votación estos argumentos también fueron desechados.
Por su parte, las representantes del PRD, Lorena Villavicencio y Rosalbina Garavito, rechazaron las explicaciones del consejero Lujambio y advirtieron que su dictamen podría afectar la credibilidad del IFE en la organización de las elecciones del 2000, pues le dan "impunidad al PRI, que se aprovecha de su condición de partido gobernante y sigue con sus privilegios".
La senadora Garavito opinó: "Se trata de un lamentable precedente para el futuro democrático del país, pues le resta autoridad moral al IFE, que tanto la necesita".
Por su parte, el también senador por el PAN, Juan de Dios Castro, sostuvo que la aprobación sentaría un precedente de impunidad de inalcanzables consecuencias en el futuro. Propuso que el dictamen fuera regresado a la Comisión de Fiscalización para reponer el procedimiento, pues dicha instancia sí está capacitada para pedir nuevas pruebas en su investigación.
La propuesta fue apoyada por el PRD pero rechazada por los consejeros electorales, sobre todo de los cinco que votaron a favor del dictamen.
Los representantes del PRI, Enrique Ibarra y Eduardo Andrade, repitieron los reclamos que ya habían hecho con anterioridad, en torno a que el PRD sólo buscaba "propaganda electoral con esta queja mal fundamentada. Es oscura, confusa e incongruente", explicó el diputado Ibarra, el más beligerante de los dos.
Los argumentos esenciales del PRI fueron que el caso ya había sido juzgado por las autoridades electorales y judiciales en 1994, y que el PRD actuaba fuera de tiempo. Asimismo, que el IFE no podía reabrir el expediente porque se convertiría en un tribunal y actuaría fuera del marco legal.
Incluso el senador Andrade expresó que se utilizaba como argumento la "presunta" reunión que tuvo el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, en septiembre de 1993, con 30 empresarios, quienes habrían aportado más de 2 mil millones de pesos para la campaña del PRI.
La discusión fue larga pero sin centrarse en el fondo político del caso. Sólo al principio el consejero Jaime Cárdenas, al argumentar su voto en contra, advirtió de las dudas que traería la decisión del IFE, al rechazar la queja del PRD.
"De ser aprobado en los terminos propuestos, se provocaría la subsistencia de las interrogantes que respecto del financiamiento del 94 se han reportado, mismas que se han incrementado con recientes declaraciones de Roberto Madrazo, y algunas actuaciones que la mayoría, incorrectamente, desechó, como las declaraciones de Gerardo de Prevoisin".
n Existe 16.6% de desactualización, reconoce
Habrá padrón confiable para los comicios del 2000: Woldenberg
José Gil Olmos n Para las elecciones del 2000 el IFE tendrá el mejor padrón electoral de los últimos comicios federales, aseguró el presidente consejero José Woldenberg, tras advertir que las dudas de confiabilidad quedaron en el pasado. Sin embargo, reconoció que habrá 16.6 por ciento de desactualización, causado por fenómenos demográficos, como defunciones, cambios de domicilio no registrados y de jóvenes que no solicitaron su credencial para votar.
Por su parte, el consejero Juan Molinar Horcasitas, responsable de la comisión del Registro Federal de Electores, indicó que el nivel de cobertura de credencialización será de 95 por ciento, mejor que la de Estados Unidos, que tiene 55, y Canadá, con 89 por ciento de cobertura. Argumentó que es imposible tener un padrón cien por ciento perfecto y que el nivel de desactualización es óptimo para desarrollar las elecciones del próximo año.
No obstante, en la sesión del Consejo General del IFE realizada ayer, las representantes del PRD, Lorena Villavicencio y Rosalbina Garavito, advirtieron del riesgo que puede generar el nivel de desactualización del padrón, y la necesidad de aplicar un censo general para contar con un mejor padrón electoral.
A su vez, el representante del PRI, Enrique Ibarra, se mostró de acuerdo con los trabajos de la dirección ejecutiva del Registro Federal de Electores, pero anunció que su partido participará en la comisión de vigilancia en los trabajos de actualización y registro electoral en todo el país.
Molinar Horcasitas, al explicar los trabajos para poner al día el padrón, señaló los factores que inciden en la actualización: el crecimiento de la población mayor de 18 años a 61 millones en el 2000, según datos de la Comisión Nacional de Población; el registro de 60 millones en el padrón electoral; 900 mil casos de defunción y 4 millones de cambios de domicilio.
En resumen, dijo que para contar con un padrón electoral completo para las elecciones del 2 de julio del 2000, el IFE tendría que realizar 27 millones 700 mil movimientos en el registro electoral.
Señaló que para enfrentar el reto de la actualización, el instituto ha sostenido un esfuerzo considerable en la depuración. Mencionó que de julio del 97 a marzo del 98 se atendió a 10 millones 900 mil ciudadanos, de los cuales 8 millones 700 mil acudieron a recoger su credencial para votar. En este mismo periodo se regularizaron 9 millones 800 mil casos.
Para ello se instalaron 900 módulos de atención que comenzaron a funcionar en abril y que aumentarán a 2 mil 795 para enero del año entrante, a través de los cuales se esperan 3 millones 600 mil nuevas inscripciones y 3 millones 700 mil bajas.
Finalmente, Woldenberg recordó que 60 por cientos de los recursos totales del IFE están destinados a la actualización del padrón electoral.
Existe un padrón confiable, con una mejor cobertura que en las elecciones de 1994 y 1997, asentó el consejero presidente.