n El CAP demanda reactivar los créditos

Pide Zedillo debatir si los bancos tienen suficiente seguridad jurídica

Rosa Elvira Vargas y Karina Avilés n Durante la clausura de la asamblea nacional del Congreso Agrario Permanente, en Los Pinos, el presidente Ernesto Zedillo ofreció un extenso discurso con el que encaró los reclamos del CAP. En su alocución, el mandatario llamó a debatir si los bancos tienen la suficiente seguridad jurídica como para reactivar la actividad crediticia.

Aquellos sectores que demandan la reanudación de los préstamos para el sector productivo debieran analizar --resaltó- cuáles son las condiciones prevalecientes en la actividad bancaria, pues finalmente esas instituciones manejan recursos de particulares que esperan la debida protección para sus capitales y una remuneración justa conforme a las condiciones del mercado. Esa es la discusión que debe emprenderse.

Ahí mismo, y en otro de los numerosos puntos que abordó, el jefe del Ejecutivo defendió las reformas en materia de posesión agraria impulsadas en el sexenio pasado, pues ''contrario a lo que algunos pensaban o temían'', apenas 0.25 por ciento de la propiedad social se ha privatizado.

Fue ésta, ocasión también para responder a quienes, desde la desesperación de la sequía han acusado al gobierno federal de retener los recursos federales para apoyar a los productores agrícolas. Hasta el año pasado, expuso Zedillo, disponer de esos fondos fue prerrogativa del Ejecutivo federal, pero a partir de 1999, la Cámara de Diputados acordó restarle esa discrecionalidad, ''con lo cual estoy absolutamente de acuerdo''.

Para el manejo de esos fondos -subrayó- existen reglas que deben acatar y conocer todas las personas y los servidores públicos responsables de gestionarlos. En este ''como en cualquier otro'' tema, hay que apegarse al principio de legalidad y reconocer ''que la normatividad no está únicamente para ser obedecida por el gobierno federal'' sino que las disposiciones emitidas por el Congreso son de acatamiento general.

Además, ante el reclamo por las pérdidas que han experimentado los productores de diversos cultivos debido a los tratados de apertura comercial, Zedillo convino en que deben afinarse los instrumentos para que los campesinos ''saquen mejores ventajas'' de esos acuerdos, pero también admitió las dificultades que viven muchos hombres del campo por la disminución de los precios internacionales de los granos básicos.

Estos, añadió, son en términos reales probablemente los más bajos que se han visto a lo largo de este siglo, y es un hecho ''que debe llamar nuestra atención'' para reaccionar con los instrumentos disponibles, aunque tales circunstancias ''no nos han tomado desprovistos de mecanismos para hacerles frente''.

Temprano en su intervención, el mandatario se alejó del texto escrito, al que volvería sin embargo luego de exponer aquellos programas y políticas que aplica su gobierno a favor del campo, en un mensaje en el que invirtió alrededor de 50 minutos. Al final, concluyó estableciendo que ''la lucha agraria continúa y la pertinencia de las organizaciones agrarias y campesinas es indudable''.

Pero en esta ocasión hubo tiempo también para un paréntesis de lo que él mismo llamó ''futurología''. Al referirse a la creciente participación de la mujer en actividades productivas, así como a los altos niveles educativos que ha alcanzado, dijo que podría ocurrir, de mantenerse esa tendencia, que en el XXI, ''ya a los hombres no nos toque trabajar'' e incluso disfruten de un siglo ''sabático''.

Al abordar la solicitud de impulsar la reactivación del crédito bancario, Zedillo dijo que es un asunto que debe verse desde una perspectiva integral y global y asegurar que, por una parte, el país esté en circunstancias de generar ahorro y por otro que haya los recursos para financiar actividades productivas. Se requieren, acotó, prácticas bancarias sanas que a través de la viabilidad de los proyectos que se financian determinen la pertinencia del otorgamiento de créditos, ''pero también ustedes estarán de acuerdo conmigo en que si no hay seguridad jurídica no puede haber crédito'',

Es, indicó, el momento de establecer ''con gran franqueza un diálogo y un debate en torno a este punto'', pues quienes solicitan reanudar la práctica crediticia debieran analizar cuáles son las condiciones que habrán de determinar la reactivación o la continuación de este estancamiento.

Planteó que si el debate se realiza con racionalidad y objetividad, se llegará a la conclusión de que hay que promover el crecimiento de la economía para que a su vez haya mayores recursos para destinarlos al financiamiento de las actividades productivas y generar así un círculo virtuoso, y que para hacer eso, se requiere que los bancos ejerzan la función social y el servicio público para el que fueron concebidos: otorgar créditos.

Pero como aquéllos tienen que cuidar el dinero y dar rendimientos a las personas que depositan ahí sus capitales, ''pues los bancos no pueden otorgar créditos si no tienen seguridad jurídica, y debemos cuestionarnos si hoy en día nuestras leyes, si nuestros mecanismos realmente proporcionan esa seguridad jurídica'', destacó Zedillo.

Luego de celebrar que a través del CAP se exprese la nueva configuración del movimiento campesino mexicano y que proceda apegado a los principios de equidad, justicia social, pluralidad democrática y tolerancia, señaló que las medidas adoptadas para disminuir la incertidumbre agraria, explican el ''notorio abatimiento'' de los conflictos y las disputas por la propiedad de la tierra. Se refirió a quienes advirtieron contra la legislación agraria que se aprobó en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, pues ella, aseguró, no ha conducido a privatizar la propiedad social.

De hecho, informó, hasta ahora sólo 809 núcleos agrarios, menos de tres por ciento del total, han solicitado cambio de régimen de propiedad para 253 mil hectáreas, y por eso, ''podemos afirmar, con toda confianza, que el ejido seguirá existiendo y que la comunidad rural seguirá vigente''.

Más adelante habló de los motivos que originaron la creación de la Alianza para el Campo, entre los que destaca el lograr que la producción agropecuaria creciera a una tasa superior al crecimiento poblacional, meta que en diversos rubros ha sido superada, aunque admitió enseguida que debe seguir trabajándose en sus distintos programas pues el ritmo de avance no es satisfactorio ni para los productores ni para el gobierno.

Luego, y con relación a la solicitud del CAP de que los recursos del Procampo se constituyan en un instrumento para capitalizar el agro, el mandatario dijo que eso deberá afinarse desde varios ángulos, incluido el de la seguridad jurídica.

Al término de la reunión, un funcionario de la banca de desarrollo comentó que una medida como la que piden las organizaciones campesinas es de muy difícil instrumentación, sobre todo porque el dinero del Procampo se aprueba anualmente por parte del Congreso y por tal motivo no podrían comprometerse recursos mayores de los que plantee la partida que fija el Legislativo.

La disertación presidencial llegó al tema ecológico, donde admitió que ''a pesar de los esfuerzos realizados'', continúa el deterioro de los suelos, el daño a bosques y selvas avanza y la pérdida de recursos acuíferos en algunas zonas alcanza niveles ''verdaderamente alarmantes''.

Zedillo ponderó más adelante los logros en materia de saneamiento del Banrural, el cual ha dado como resultado que su cartera tenga hoy índices de recuperación de entre 90 y 95 por ciento. Esa salud financiera debe conservarse porque de lo contrario, apuntó, se limitaría la capacidad de apoyo a los productores. Dijo además que ha dado instrucciones para que la organizaciones del CAP tengan un representante directo y rotatorio en el consejo directivo de ese banco.

Capítulo especial dedicó el Presidente para exponer a detalle los diversos programas de política social que se aplican en el agro, pues con frecuencia se soslaya que si bien el gobierno trabaja en lo agrario y en lo productivo, con igual o con mayores ganas y mejores resultados se avanza en todos los frentes para combatir la pobreza. Puso el ejemplo del programa Progresa, que atiende actualmente a alrededor de 13 millones de personas, que representan casi 14 por ciento de la población nacional.

El Progresa no es la política social del gobierno; ésta es ''mucho más amplia que eso'', concluyó.