En el Congreso de la Unión el trabajo no se interrumpe. Más allá de nuestra pertenencia partidista, los legisladores vivimos inmersos en un activismo legislativo permanente. Receptivos a los sucesos más importantes del país, también tenemos una agenda política definida con el mejor ánimo de revisar y actualizar el basamento jurídico-normativo de nuestra vida pública.
La tarea no puede ser, de ninguna manera, un simple ejercicio retórico o un simple trámite, sino que implica entrega, servicio, y sobre todo la serena evaluación del cumplimiento de las atribuciones y facultades que la Constitución General de la República otorga al Congreso de la Unión para cumplir con el compromiso que se tiene con el país y con la ciudadanía.
Con lo anterior se contribuye también a la división de poderes y, por ende, al ejercicio democrático de gobierno. Los distintos grupos parlamentarios compartimos la convicción de que en asuntos tan importantes como los sometidos a nuestra consideración como representantes populares, no puede ni debe haber precipitación ni mucho menos albazos legislativos.
Uno de los puntales de nuestra organización republicana es, precisamente, el Poder Legislativo.
Por ende, en función de las aspiraciones democráticas de la sociedad, se debe contribuir a fortalecer al Senado de la República, con la plena convicción de que ello constituye una de las condiciones básicas para la consolidación de la libertad en México.
Estimular la vida democrática, salvaguardar la unidad y la soberanía nacionales y contribuir al mejoramiento de los niveles de vida de los mexicanos es uno de los ejes rectores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República.
El desahogo de la agenda legislativa reclama de todos sus integrantes una enorme voluntad de participación para lograr los consensos que se expresen en coincidencias y acuerdos concretos en los distintos procesos legislativos.
La voluntad de legislar y cumplir con nuestra responsabilidad política no puede estar en duda. La realización de un periodo extraordinario de sesiones, el segundo en esta legislatura, así lo indica.
La agenda que ocupará la atención de los legisladores federales durante las próximas semanas contiene seis puntos que hemos consensado abordar: reformas al Banco de México; a la regulación y supervisión del sistema financiero; en materia electoral; a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y al Apartado B del artículo 102 constitucional.
El respeto a la legalidad orienta los parámetros dentro de los cuales el pluralismo social, cultural e ideológico procede en el espacio de la representación política nacional.
De aquí, justamente, la necesidad de que este proceso dependa de que la conducta legislativa se ciña exclusivamente a la letra y al espíritu de la ley y que no ceda a la búsqueda ciega de ganancias políticas.
Sabemos, por contrario, que nuestra presencia en esa instancia legislativa también exige pruebas de trabajo e involucramiento profesional.
Tenemos la disyuntiva de la tentación, cierto, de ser ``productivos'' y convertirnos en noticia. Pero ésa no es la función de un representante del pacto federal.
Sabemos que no será fácil impulsar acuerdos y coincidencias a partir de visiones encontradas, pero estamos dispuestos a aportar nuestra voluntad en la construcción de una política legislativa a la altura de la coyuntura de pluralidad y tolerancia que la sociedad mexicana quiere.
* Senador de la República