COLOMBIA: EL CHANTAJE MILITAR

Rodrigo Lloreda Caicedo, hasta ayer ministro de Defensa de Colombia, y un importante sector de la cúpula castrense de ese país, escogieron con tino el momento para renunciar y provocar, con ello, una grave crisis política: el día de la reunión cumbre del Pacto Andino en Cartagena de Indias, que celebró así su trigésimo aniversario en forma accidentada y con la ausencia de los jefes de Estado de dos de los países integrantes -Chile y Perú-. Adicionalmente, la decisión fue anunciada en circunstancias en las que habría de alterar el escenario financiero colombiano.

La dimisión del civil Lloreda Caicedo y las amenazas de renuncia de varios generales tienen por base el descontento de los militares ante el establecimiento, por tiempo indefinido, de una zona desmilitarizada de más de 40 mil kilómetros cuadrados en el sur del país, en la cual operan las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, principal organización guerrillera de esa nación), y en el marco del complejo proceso de paz iniciado recientemente entre el gobierno del presidente Andrés Pastrana y ese grupo insurgente.

En términos puramente estratégicos, es evidente que el establecimiento de esa zona desmilitarizada tiende a crear condiciones favorables a los guerrilleros. Pero, en esos términos estrictos, ninguna gestión pacificadora resulta recomendable.

El hecho es que existe en Colombia un amplio consenso político a favor de la paz, basado en valores éticos fundamentales, pero también en la evidencia de que las organizaciones guerrilleras no podrán ser derrotadas por la vía militar y que -como en El Salvador a principios de esta década- los insurgentes y las fuerzas armadas han llegado a una situación de empate cuya perpetuación sólo puede generar más muertes inútiles.

En esta perspectiva, el ensayo de insubordinación castrense, no exento de matices golpistas, carece de futuro y de margen político. Prueba de ello fue el respaldo unánime expresado por los 32 gobernadores departamentales del país a las gestiones de paz de Pastrana. Es de prever que, en las próximas horas, el resto de la clase política colombiana se manifieste en el mismo sentido.

Persiste la incógnita de lo acordado durante la prolongada reunión de emergencia que el jefe del Ejecutivo hubo de sostener -en momentos en los que habría debido inaugurar la cumbre del Pacto Andino- con la cúpula castrense. Cabe esperar que en ese encuentro no se hayan modificado en lo esencial las condiciones y las reglas del diálogo pacificador con la guerrilla, ni nada que pudiera obstaculizar el desarrollo del proceso de paz. A fin de cuentas, la parte medular del mandato electoral del que Pastrana es depositario, es lograr el fin de la violencia política en Colombia, y si el presidente fracasa en esa misión, su gobierno dejaría, en gran medida, de tener sentido.