Alejandro Nadal
IFE: la entidad sin dientes /I

Manipulando la ley en materia electoral, una mayoría de cinco consejeros aprobó en el IFE el dictamen que desecha por infundada la queja del PRD sobre irregularidades en el financiamiento de la campaña del PRI en 1994.

El dictamen aprobado carece de fundamento legal, está basado en la mentira y en omisiones importantes. Aquí está el análisis.

Primero la historia. Hace un año, el escándalo del Fobaproa se conectó con el tema de las contribuciones ilegales a la campaña electoral de 1994. El PRD interpuso una queja por irregularidades en el financiamiento de la campaña del PRI ese año. Inmediatamente el consejero presidente insistió que ese tema era cosa juzgada. Pero pronto tuvo que retroceder porque nunca hubo un juicio sobre el fondo de la queja presentada. El IFE dio entrada a la queja y su Junta General Ejecutiva comenzó el examen de la misma. Poco después interrumpió sus trabajos y turnó el expediente a la CF del IFE. Tanto el PRI como el PRD objetaron este hecho ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En diciembre pasado la Sala Superior del Tribunal Electoral decidió que la queja debía turnarse a la CF. El dictamen de la comisión fue aprobado ayer por el Consejo General.

El dictamen tiene dos partes. En la primera, la CF se declara competente para analizar la queja del PRD, misma que es considerada parcialmente procedente. En lo que procede ni hay cosa juzgada ni es retroactiva la aplicación de la ley ni se afecta el principio de certeza jurídica.

En la segunda parte, la comisión concluye, engañosamente, que la queja es ``infundada''. Los lectores supondrán, y eso busca la CF, que hubo una investigación para determinar si la queja del PRD estaba o no infundada. Pues bien, nunca hubo tal indagatoria. Y el dictamen se limita a justificar por qué no la hubo.

El corazón del dictamen dice que la CF ``no tiene facultad para requerir, dentro del desahogo del procedimiento administrativo disciplinario previsto por el artículo 270 del Cofipe sino la información o documentación que se encuentre en poder de instancias del propio IFE, ya que el párrafo 3 de dicha disposición establece, en forma taxativa, que para la integración del expediente con el que se desahogará el procedimiento administrativo podrá solicitarse únicamente la documentación o información necesaria con que cuenten las instancias del IFE''.

El texto del artículo 270 del Cofipe no incluye la palabra ``únicamente''. No es un detalle: por esa falsedad se cae el dictamen de la comisión que preside Lujambio y que cinco consejeros aprobaron apresuradamente el martes.

Esta es la manipulación de la ley que destruye la legalidad en el IFE. El consejero Lujambio, presidente de la CF, y los cinco consejeros que aprobaron su dictamen, cometieron una falta grave. O no han leído el Cofipe, o si lo han leí-do, se prestaron a una maniobra.

La lógica también contradice la absurda interpretación del señor Lujambio: como se trata de un artículo sobre un procedimiento considerado genérico, si la referencia fuese limitativa, todas las instancias del IFE quedarían imposibilitadas para realizar las tareas de fiscalización que el Cofipe les encarga.

En otra parte de su dictamen, la comisión reconoce que tratándose de partidos políticos, que son entidades de interés público, es importante que las atribuciones de los órganos encargados de fiscalizar sus recursos públicos y privados no se vean afectadas por interpretaciones restrictivas.

Pero desatendiendo este principio general del derecho, la comisión escogió la línea restrictiva y llega a conclusiones retorcidas. Soy autoridad competente, reconoce; pero no tengo facultades, concluye. Recibo expedientes y quejas, pero sólo para sofocarlas.

Los consejeros que aprobaron este dictamen no sólo han cortado los pequeños dientes que algunos pensaron tenía el Instituto Federal Electoral para realizar sus funciones. La aprobación del dictamen rompe la legalidad en el instituto y relega al sarcófago de la letra muerta muchos capítulos del Cofipe.

A las elecciones del año 2000 el IFE llegará en mal estado. Precisamente cuando regresa la temporada de recabar aportaciones individuales y se pasa la charola entre los empresarios más poderosos, en México seguimos sin un organismo capaz de controlar el lucrativo mercado en que se ha convertido la vida política.