Julio Boltvinik
El PRD y la política económica
El PRD, el principal partido de oposición de izquierda, enfrenta un serio dilema ante la política económica. Por una parte, necesita una política económica alternativa; en ella radica uno de los elementos esenciales que lo constituyen como partido de izquierda. Por otra parte, dado que el PRD aspira seriamente al poder ejecutivo, como lo muestran las encuestas y los triunfos que ha obtenido en diversas entidades federativas, sus posturas en materia de política económica no pueden reducirse a la retórica o a la crítica de la política económica vigente, como sí pueden serlo la de los pequeños partidos que no tienen posibilidad alguna de llegar al poder. Por el contrario, el PRD tiene que asumir algunas realidades sumamente incómodas para un partido de izquierda. Tiene que asumir que, de llegar al poder ejecutivo en el 2000, no podría modificar, o sólo podría hacerlo gradualmente, realidades como el TLC y, en general, la apertura de la economía a mercancías y capitales del exterior; la autonomía del Banco de México (lo que significa que Guillermo Ortiz sería el conductor de la política monetaria de Cárdenas y, si se aprueban las reformas adicionales enviadas por Zedillo, también de la cambiaria); la dependencia de la economía mexicana de los flujos de capital externo y, sobre todo, el poder enorme que han adquirido el capital transnacional y el capital financiero en la era de la globalización, en defensa de cuyos intereses se moviliza todo el aparato de los organismos internacionales y de los gobiernos del primer mundo.
¿Cómo construir una política económica alternativa, que sirva a la gente y no al gran capital, sin desatar las furias de estos poderes que pueden destruir la economía de cualquier país? ¿Cuál es el margen real de maniobra? ¿Cuáles son los candados que el nuevo gobierno tendrá? ¿Tiene todo gobierno, de cualquier signo, que reducir su ejercicio de política económica a complacer al capital? El problema con los márgenes es que la única manera real de conocerlos es experimental. Algunos indicios de que es posible decir no al gran capital, al menos en algunos aspectos, es el no que el pueblo de Uruguay dio a las privatizaciones a través de un referéndum, a pesar de lo cual el país no ha sido hostilizado internacionalmente. Contra la imposición del capital, la lección de esta experiencia es que la mejor defensa es la democracia participativa. La debilidad de los gobiernos del Tercer Mundo es enorme cuando enfrentan lo que ellos, los burócratas, desean hacer, frente a lo que los representantes del capital internacional les quieren imponer. En cambio, cuando es el pueblo el que decide, o sus representantes en el Congreso, esa debilidad disminuye. El ejemplo puede tener sus límites sin embargo, ya que las privatizaciones no son necesariamente elemento central de la política económica que exige el gran capital. La experiencia del gobierno de Hugo Chávez en Venezuela será muy esclarecedora de la ubicación de los márgenes de acción. Las experiencias previas son desastrosas. Carlos Andrés Pérez en Venezuela y Fujimori en Perú son ejemplos de gobernantes que ganaron las elecciones con discursos antihegemónicos y que acabaron instrumentando políticas de las que se enorgullece el FMI.
Los gobiernos de izquierda, especialmente si no tienen mayoría en el Congreso, como sería el caso de un eventual triunfo de Cárdenas, lo mejor que pueden hacer es resistir el embate neoliberal: frenar el modelo donde es posible (por ejemplo, no más privatizaciones o detener la reforma neoliberal en los sectores sociales), introducirle matices (por ejemplo, estableciendo la regulación a los flujos externos de capital), realizar una política económica activa de impulso al desarrollo, tomar la iniciativa de establecer mecanismos de consulta a la población (referéndum o similares) para la adopción de decisiones económicas fundamentales, así como delegar otras decisiones al Congreso. También pueden llevar a cabo una política social distinta, de mayor aliento universalista, con mayor énfasis en el desarrollo de las capacidades productivas de la población, no limitadas al capital humano, como quieren los neoliberales, sino incluyendo el capital físico y el social. Pero ¿podría un gobierno de este tipo llevar a cabo una reforma fiscal profunda? ¿Podría cambiar las prioridades pasando el control de la inflación a segundo término y restaurando el crecimiento, la creación de empleos y la recuperación de los salarios reales como máxima prioridad? Al principio ello no sería, quizás, posible. Pero el poder también se va construyendo.