CHIAPAS: CAMBIO, O MAS DE LO MISMO

En su primera conferencia de prensa como secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano expresó su voluntad de resolver el conflicto chiapaneco, habló de intentos gubernamentales para reanudar los contactos con los dirigentes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y manifestó su disposición a reunirse con el subcomandante Marcos para reactivar las negociaciones entre la organización insurgente indígena y el gobierno federal.

La llegada de Carrasco Altamirano a la SG, en relevo de Francisco Labastida Ochoa, ha dado pie a conjeturas sobre un posible cambio en la actitud gubernamental ante la insurrección indígena; estas conjeturas se basan en antecedentes del propio Carrasco, quien, cuando fue gobernador de Oaxaca, promovió cambios en la legislación estatal en materia de usos y costumbres y reconocimiento a los derechos de las comunidades indígenas, modificaciones emparentadas, en espíritu, con los acuerdos de San Andrés firmados por el EZLN y el gobierno.

Las declaraciones formuladas ayer por el secretario de Gobernación podrían reforzar estas conjeturas. Por desgracia, parece poco probable que el cambio de titulares en el Palacio de Covián pueda, por sí mismo, alterar la estrategia gubernamental ante la grave circunstancia chiapaneca, estrategia que, en síntesis, consiste en mantener a las comunidades zapatistas bajo acoso y hostigamiento permanentes, propiciar los enfrentamientos entre pueblos, dejar que el tiempo pase y apostar a que la rebelión indígena acabe diluyéndose en la creciente descomposición política y social de Chiapas.

De hecho, el propósito de Carrasco de reunirse con Marcos no sólo evoca declaraciones casi idénticas a las que su antecesor formuló al tomar posesión del cargo, sino que dejan traslucir un error de apreciación del conflicto en el que ha porfiado el Ejecutivo federal: sobrevalorar el papel de ese dirigente zapatista en la rebelión indígena, suponer, en consecuencia que un encuentro con él bastaría para desactivar la confrontación y, paralelamente, minimizar el poder de decisión de las bases zapatistas.

Si los máximos responsables de la política general desean enviar señales verosímiles de su voluntad de paz, y propiciar una reactivación de las negociaciones, el camino indicado para ello sigue siendo el mismo que hace tres años: desistir de su rechazo a la iniciativa de reformas constitucionales elaborada por la Cocopa con base en los acuerdos de San Andrés Larráinzar.