Había decidido no volver a escribir sobre el conflicto en la UNAM. Hoy lo hago de nuevo, y creo que será por última vez, por una atención debida a Octavio Rodríguez Araujo, el único de todos los que se han pronunciado en contra del aumento de cuotas que lo ha hecho con un genuino espíritu de conciliación y buscando en todo momento propuestas y soluciones.

Octavio vuelve sobre un tema que ya casi todos han descalificado: la legalidad y la constitucionalidad del cobro de cuotas. A riesgo de que los profetas de la revolución y los energúmenos que andan cazando a las "plumas del régimen" nos den palos a los dos, voy a reiterar algunos argumentos (no se puede hacer otra cosa, y mi amigo tampoco ha hecho algo más que reiterar sus ideas).

Aunque cite en su apoyo la autoridad de Gabino Fraga, ni el maestro ya muerto, ni su hijo, Gabino, que ha tomado a su cargo las sucesivas revisiones de su manual, ni ninguno de los administrativistas que existen en todo el mundo le podrían conceder que un organismo descentralizado del Estado forma parte del mismo.

El tiene razón cuando afirma que el del puede significar pertenencia, pero cualquier lingüista le podría decir que puede significar también respecto de. Aquí el caso radica en la concepción que se tenga del Estado y, más en particular, en la relación gramatical que existe entre los términos (eso, dejando de lado el que la expresión está en una ley secundaria y no en el texto constitucional). Si Rodríguez Araujo piensa, como nos enseñaron en las clases de civismo, que el Estado es "un poder soberano que se instituye sobre un territorio y una población", no tiene razón. Si piensa que los elementos del Estado son un poder soberano, un territorio y una población, entonces sí tiene razón.

Para mí, el Estado en México es un poder soberano constituido por la Federación, los estados y los municipios. No más. La Federación está formada por los tres Poderes de la Unión. No más. Ni las empresas estatales, que para ser tales deben ser descentralizadas, ni los demás organismos descentralizados forman parte del Estado.

El Estado, a través de su gobierno (vale decir, del Poder Ejecutivo), forma esos organismos con un objetivo diseñado en la ley, pero son independientes del mismo, por eso son descentralizados. El Estado no es dueño de la UNAM, aun cuando esté a su cargo sostenerla por mandato de ley. La universidad tiene su patrimonio propio, su propia legalidad y su propio gobierno. No está incluida, ni podría estarlo, por ejemplo, en la Ley Orgánica de la Administración Pública. Allí están sólo los organismos que forman parte del gobierno (y ni siquiera del Estado en su conjunto). Los otros poderes tienen también sus leyes orgánicas.

Para darse cuenta de lo que eso significa, mi amigo de tantos años debería comparar el estatuto jurídico de la UNAM con el del Politécnico. Este sí forma parte del Estado (del gobierno), porque depende en todo de la SEP, y forma parte de su organigrama. La UNAM, no. Nadie, un poco enterado de lo que es el derecho, tendría dificultad alguna para definir lo que es el "interés jurídico"; pero la Corte no falló con base en eso, sino en el argumento fundamental de que la universidad jamás ha estado comprendida en lo que la Constitución define como gratuidad.

Octavio también tiene razón al decir que no hay que confundir obligatoriedad con gratuidad. Pero debería atender un poco más a la esencia de su razonamiento: donde no hay obliga- toriedad es muy difícil que haya gratuidad, porque entonces nada obliga al Estado en ese respecto.

Si Rodríguez Araujo no confía en la imparcialidad de la Corte, porque para él es simplemente priísta, es un asunto enteramente suyo y tan respetable como él mismo. El cobro de cuotas en la UNAM representa, únicamente, un modo de allegarse medios para el sostenimiento de las actividades educativas de la misma.

Los organismos internacionales que se han ocupado del asunto y, en especial el estudio de la OCDE de 1997, que el mismo gobierno mexicano solicitó, ponen el acento en un tema crucial: los gobiernos en nuestras sociedades actuales dispondrán en el futuro de cada vez menos recursos para el gasto social, incluido el subsidio a las universidades públicas. Estas no podrán borrarse del mapa así como así. Forman la espina vertebral del sistema educativo de todos los países desarrollados (y con mayor razón de los que no lo son). No se puede esperar que los gobiernos dediquen cada vez más recursos a la educación superior si la tendencia a la baja de sus ingresos es manifiesta. La única recomendación es que las universidades se hagan de recursos propios, no de que se privaticen, como algunos demagogos andan pregonando. Las cuotas podrían ayudar en algo, en primer término, a los propios estudiantes. Vale.