México se mantiene como uno de los países más derrochadores de energía, pues requiere casi tres veces más de energía que Japón para generar un dólar de Producto Interno Bruto. Además, a contrapelo de la tendencia mundial, México depende en más del 91 por ciento de los hidrocarburos para generar energía primaria, mientras que Japón depende en 66 por ciento, la India en 40 por ciento, y China en sólo 13 por ciento.

Esta enorme dependencia de los hidrocarburos se refuerza por el patrón de generación eléctrica que se ha aplicado en México, sobre todo durante las tres últimas administraciones federales. En lugar de explotar crecientemente el enorme potencial hidroeléctrico que tiene el país, que es una fuente de energía renovable y de menor impacto ambiental, se ha optado por favorecer la instalación de plantas termoeléctricas que consumen hidrocarburos. Actualmente, dos terceras partes de la electricidad se genera en este tipo de plantas, mientras que la participación de las plantas hidroeléctricas ha perdido terreno. Otras fuentes alternas para generar electricidad, como la energía solar, han recibido escasa o nula promoción por parte del gobierno federal. Esto configura una estructura energética desequilibrada, derrochadora de un recurso no renovable y estratégico como los hidrocarburos, y poco diversificada hacia fuentes renovables y de menor impacto ambiental.

El esquema de privatización eléctrica planteado por el gobierno de Ernesto Zedillo profundizaría esta dependencia hacia los hidrocarburos. En lugar de inducir a los inversionistas privados a comportarse como verdaderos empresarios e invertir en proyectos solares e hidroeléctricos, que son rentables, pero requieren de mayor esfuerzo y con resultados de más largo plazo, la iniciativa presidencial pretende continuar por el camino fácil de instalar plantas termoeléctricas consumidoras de gas natural extraído de nuestras reservas o adquirido de proveedores del sur de Estados Unidos. Este esquema facilita el negocio a los empresarios privados, pero crea amarres que difícilmente podrán deshacerse después, pues el país se verá obligado a destinar crecientemente su gas natural para que inversionistas privados nacionales o extranjeros hagan negocios seguros, rentables y fáciles.

¿Qué pasará si en el futuro una nueva administración federal considera estratégico y más benéfico para el país utilizar el gas natural sobre todo como insumo para las plantas petroquímicas y producir una gran variedad de materias primas para la industria? Ello no será posible, pues una vez instaladas las nuevas plantas privadas generadoras de electricidad, no quedará más remedio que suministrarles el gas natural que necesiten, cumpliendo con la exigencia que desde ahora están planteando los posibles inversionistas para concretar los proyectos. Nuestra soberanía nacional habrá sido mermada o negada en los hechos.

¿Qué pasará cuando se agoten las reservas nacionales de gas natural? Irremediablemente, dependeremos del gas natural que puedan o deseen vendernos proveedores estadunidenses y tal vez canadienses. En este escenario, para generar internamente la electricidad que necesitamos en los hogares y para mover la economía, dependeremos totalmente de proveedores extranjeros. Esto significa, ni más ni menos, renunciar a ejercer plenamente en el futuro nuestra soberanía energética. ¿Habrán pensando el presidente Zedillo y el secretario de Energía en estas consecuencias de su propuesta de privatización eléctrica?