n Filtran información y acusan a México de ser punto central del narcolavado

Buscan funcionarios de alto nivel influir en la binacional

Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 2 de junio n De pronto, luego de un rato de silencio, en los últimos días dos periódicos de Estados Unidos publican reportajes de alto perfil sobre la narcocorrupción en las cúpulas política y empresarial de México, y el gobierno mexicano extraditó un narcotraficante a Estados Unidos.

ƑCoincidencias? No.

Como ya es costumbre, en vísperas de una reunión bilateral de alto nivel entre ambos gobiernos -esta vez la Comisión Binacional México-Estados Unidos-, que comenzará el mañana en la ciudad de México, funcionarios de ambos países buscan la manera de influir el diálogo político no sólo con comentarios formales de rigor, sino con filtraciones y con acciones de alto perfil.

En el marco de este encuentro, funcionarios de ambos gobiernos que integran el Grupo de Contacto de Alto Nivel sobre asuntos antinarcóticos también se reunirán. Pero hay una amplia brecha entre los líderes políticos estadunidenses sobre el tema; una facción encabezada por el zar antidrogas Barry McCaffrey que enfatiza los nuevos niveles de cooperación logrados entre ambos países, y otra facción encabezada por los funcionarios de seguridad pública de la DEA, el servicio de Aduanas, entre otras, que desean ver más avances en México sobre la aplicación de leyes antinarcóticos y más arrestos.

"No queremos firmar más acuerdos, queremos ver un poco de aplicación (de los ya rubricados)", comentó a La Jornada importante funcionario del gobierno de Clinton involucrado en asuntos de seguridad pública. "Necesitamos atacar a los principales cárteles, arrestar a los principales capos, atacar a empresas postizas. Es de interés para ambos países ver avances sobre estos temas".

El funcionario elogió las recién concluidas "mediciones de efectividad para instrumentar la estrategia bilateral contra las drogas" como un ejercicio útil para establecer prioridades, pero expresó frustración de que las leyes sobre lavado de dinero, control de químicos precursores, y las impulsadas para combatir el crimen organizado aún no ha sido plenamente aplicadas.

"No deseamos pasar por otro proceso de certificación como el que hemos tenido en los últimos dos años", señaló el funcionario. "Ahora mismo las estadísticas que tenemos, así como las anécdotas sobre la cooperación, no son mucho mejores, y en algunos casos podrían ser peores respecto a las de los últimos dos años".

Varios funcionarios estadunidenses comentaron esta semana que esperan escuchar informes sobre los avances logrados con la participación de la Secretaría de Gobernación en el trabajo antinarcóticos, y propuestas de cómo continuar con estos programas, ahora que ha dejado el mando de esa dependencia quien anunció las iniciativas, Francisco Labastida. Funcionarios de Gobernación han informado al gobierno estadunidense de la contratación de aproximadamente 600 personas para la nueva policía federal antinarcóticos.

"México sigue como el principal conducto para la cocaína que ingresa a este país, es el punto central para los dólares del narco que ingresan al sistema financiero internacional y es el principal productor de mariguana", comentó un funcionario del gobierno. "Es cierto, es de los dos lados, pero no podemos ignorar estas estadísticas".

Más allá de avanzar en la aplicación de la legislación y más arrestos, el asunto que generará mayor ruido probablemente será el de la extradición. Funcionarios de ambos países han expresado su decepción con los recientes fallos judiciales en México que han dificultado los traslados, y en Estados Unidos comentaron esta semana que esperan que el asunto de cómo acelerar las extradiciones a a su país tenga prioridad.

Ambos países esperaban también poder anunciar en el marco de la reunión bilateral de este fin de semana que han llegado a un nuevo acuerdo para resolver el asunto de los 72 helicópteros Huey que Estados Unidos otorgó a las fuerzas armadas mexicanas, pero los detalles finales de ese acuerdo están bajo discusión. "La flota será reducida... y habrá una declaración de misión con un nuevo enfoque", indicó a este diario un funcionario estadunidense. El gobierno mexicano dice que prefiere regresar algunos de los helicópteros a Estados Unidos, pero los estadunidenses han alegado que lo mejor sería que se quedara con todos, que mantenga un número reducido de ellos y utilice los que no funcionan para refacciones. Además, el gobierno de Clinton ha ofrecido varios millones de dólares para comprar piezas y apoyo de mantenimiento para los aparatos.

Pero las negociaciones sobre las aeronaves han sido complicadas, según varios funcionarios, por presiones políticas en ambos países. Varios legisladores estadunidenses han cuestionado al Pentágono sobre su posición en torno a estos helicópteros, y sus homólogos en México han demandado, por su parte, que se regrese toda la flota a Estados Unidos, ya que no parece que sirvan. Funcionarios de ambos gobiernos están intentando negociar un acuerdo que pueden vender políticamente en ambos países.

Pero esta dinámica política, opinaron varios funcionarios entrevistados hoy, podría representar el desafío más grave a la cooperación binacional en los próximos dos años. "Es difícil romper el biorritmo binacional", dijo un funcionario estadunidense. "Tenemos dos años de creciente cooperación, y después de este tiempo ha menguado. Hay algo de estancamiento en ambos países".