Repetidos han sido los errores de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en la designación de importantes funcionarios de la Policía Judicial, y esto lo decimos no porque nos sumemos a aquellos que por razones ideológicas o políticas están buscando pretextos para desacreditar al gobierno. Todo lo contrario, nuestra actitud imparcial quiere contribuir a la confiabilidad de las autoridades, particularmente aquellas encargadas de la delicada tarea de procurar e impartir justicia, pues la lucha contra la impunidad y el respeto a los derechos humanos está por encima de cualquier partido y nos obliga a todos.

Primero fue el nombramiento de Jesús Ignacio Carrola Gutiérrez como director general de la Policía Judicial, quien fuera acusado del homicidio por tortura de Ferbabdi Hirdán de la Troba, joven asesinado en 1989 en La Paz, Baja California Sur; después, Antonio Carrillo Luna, como subdirector de Investigaciones, quien fue condenado a pena de prisión como responsable del delito de secuestro. En enero de 1989 plagió a un bodeguero, a cuyos familiares exigió como rescate 20 millones de pesos; ahora, la reciente designación del licenciado Luis Aranda Zorrivas, como director de Inteligencia de la Policía Judicial.

Aranda Zorrivas fue acusado en 1997 de haber participado -como integrante de la fiscalía especial que tuvo a su cargo la investigación del homicidio de José Francisco Ruiz Massieu- en la siembra de la osamenta en la finca El Encanto. Igualmente, en 1998 fue acusado de haber participado en la tortura y homicidio de Estanislao Aguilar Alcalá, comandante de la Policía Judicial del estado de México, a quien encontraron muerto dentro de una patrulla en la sede que la mencionada corporación ocupaba entonces en las calles de Topacio.

Diputados de la Asamblea Legislativa, pertenecientes a los tres partidos políticos más importantes, entre ellos el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de dicho órgano, criticaron severamente y rechazaron tal nombramiento. Lo mismo hizo el doctor Luis de la Barreda Solórzano, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, quien una vez más señaló la necesidad de que cualquier funcionario que ocupe algún mando de la Policía Judicial capitalina sea una persona honorable y escrupulosamente respetuosa de los derechos humanos, y goce ampliamente de la confianza y la aceptación públicas.

A pesar de que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal afirma que Aranda Zorrivas ha destacado en investigaciones significativas, y que no cuenta con antecedentes penales, lo cierto es que la ausencia de tales precedentes no es certificado inapelable de honorabilidad. Frecuentemente conductas atroces quedan impunes por la imposibilidad material de conseguir evidencias, o por negligencias de quienes tienen la delicada tarea de procurar y administrar justicia. La reputación y la imagen pública, indispensables para tener la confianza de la gente y de los subordinados, depende no sólo de la ausencia de resoluciones condenatorias sino también, y a veces principalmente, de los sucesos que trascienden al público y en los que los potenciales servidores se han visto relacionados.

Es un hecho que la opinión pública vincula al licenciado Luis Aranda Zorrivas con dos episodios lamentables: los errores y excesos en que incurrió la fiscalía especial para el caso Ruiz Massieu -a cargo del licenciado Pablo Chapa Bezanilla, en los tiempos del procurador Antonio Lozano Gracia-, principalmente los relacionados con la siembra del cadáver en la finca El Encanto, uno de los sucesos más grotescos y malévolos en la historia de la procuración de justicia en el país; y el asesinato por tortura de un comandante de la Policía Judicial del estado de México.

Esto, por sí solo, determina que el licenciado Luis Aranda Zorrivas no cuente con la confianza ni tenga la aceptación pública indispensable para desempeñar un cargo tan importante como el de director de Inteligencia de la Policía Judicial.

Por el propio beneficio de las autoridades, es urgente que el titular de la Procuraduría General de Justicia rectifique esta designación. No debe lesionarse aún más el ya debilitado prestigio de las instituciones de procuración de justicia.