n Prevalecen las contradicciones, los engaños y la falta de atención
Minimizan autoridades el asunto de niños con plomo en Torreón
n Equipo médico y laboratorios, insuficientes; crece el temor de los padres por la vida de sus hijos
Matilde Pérez U., enviada /I, Torreón, Coah. n Hombres con máscaras antigás, calzado y vestimentas especiales blancos que los cubren hasta la cabeza, parecen buscar algo con las anchas mangueras negras que llevan entre sus enguantadas manos. Van por las calles de la colonia Luis Echeverría, donde ya no hay risas ni murmullos infantiles, tampoco ladridos o algún maullido. Desde ellas se observa una enorme montaña negra que parece detener una barda larga con filosas púas de alambre, y que sirve de alimento a las insaciables bocas de las chimeneas, en las que se lee: Met Mex Peñoles.
A unos cuantos kilómetros de esa colonia está la colosal estatua del Cristo de las Noas. Dicen que su sombra protectora abandonó a los cientos de familias de las 11 colonias contaminadas por su cercanía al complejo metalúrgico no ferroso más importante de Latinoamérica, de donde salen anualmente 160 mil toneladas de plomo y 115 mil de zinc, y en consecuencia arroja al aire cientos de toneladas de polvos con contenido de plomo y cadmio.
En los semblantes de los padres hay angustia; en sus expresiones indignación y desesperación. Ninguno oculta el creciente temor por la vida de sus hijos pequeños, por cuya sangre corren grandes cantidades de plomo, ese metal que causa intensos dolores de cabeza, mareos, convulsiones y muerte por encefalopatía, o bien, deja daños irreversibles en el sistema psicomotor, hígado, riñón, huesos y altera el coeficiente intelectual.
Autoridades tercas y rebasadas
Rebasadas por una situación de la que ya habían sido alertados desde 1985, las autoridades médicas se contradicen en el potencial número de niños que pese a los medicamentos y el cambio de medio ambiente ya nunca dejarán de tener plomo en sus venas.
Unos hablan de no menos de 40 mil, y otros de 15 mil niños de hasta 12 años; al resto de la población que no alcanza la mayoría de edad no la contabilizan porque, según ellos, los riesgos "son menores". También hay 99 mujeres embarazadas, de las que sólo 11 -de acuerdo con los médicos- requieren atención urgente para evitar que el plomo llegue a los fetos.
Hasta la última semana de mayo, los servicios de salud estatales habían obtenido muestras sanguíneas de 3 mil niños, de los cuales mil 337 tenían más de 25 microgramos de plomo por decilitro, es decir dos veces y media más del máximo mundialmente permitido, y estaban hospitali zados 21 menores que superaban ocho veces ese límite.
Encaramados en su terquedad, no reconocen que el equipo médico y los laboratorios son insuficientes para atender a los niños emplomados -como ya se les dice- ni son capaces de recibir a entre 300 y 500 menores que diariamente deberían ser revisados por la emergencia sanitaria.
Menos aceptan que se trate de una explosión epidemiológica que necesita una vigilancia permanente en esa amplia zona para una mejor evaluación de los riesgos de ese "daño silencioso". Sólo es, explica el director general de Salud de Coahuila, Jaime Pineda Pineda, un problema de salud pública que requiere la atención inmediata de los servicios asistenciales.
Un fin común
Angustiadas por la salud de sus hijos, presionadas por el inminente desalojo de las sencillas casas que rentan o que compraron con crédito del Infonavit y luchando contra la descalificación moral que un reducido grupo de funcionarios del gobierno estatal lanza en su contra, algunas de las madres de esos niños se organizaron para impedir que los empleados de Met Mex Peñoles y autoridades estatales y federales las "engañen y dispersen", y para obtener información de investigadores universitarios, grupos ecologistas y médicos particulares sobre los daños que causan el plomo y otros metales al cuerpo humano.
"No soy líder de ningún grupo ni participo en ningún partido político, simplemente soy una madre de familia con una niña que tiene más de 70 microgramos de plomo en la sangre, que ya está mutilada de por vida. Sólo busco justicia y verdad para un fin común", asienta María Dolores Guillén.
En la reducida estancia de su vivienda -una construcción sencilla de no más de 200 metros cuadrados, como la mayoría de las casas de la colonia Luis Echeverría-, Dolores Guillén recuerda que su vecina Julieta fue parte del grupo de niños que en 1982 presentaron altos niveles de plomo, de acuerdo con la investigación del doctor Víctor Calderón. Julieta nunca aprendió a leer ni a escribir, y hoy su hijo también tiene más de 80 microgramos del letal metal en sus venas.
Con poco más de seis años de residencia en esa colonia, Guillén se pregunta: "ƑPor qué las autoridades nunca actuaron contra Peñoles; por qué ahora nos siguen engañando?" Agrega que el temor por la contaminación por plomo estalló en octubre del año pasado.
Algunas madres llevaron a sus hijos al IMSS, otras a consultorios particulares; aquella dependencia no prestó atención, y en los otros los médicos confirmaron: contaminación con plomo.
Intervención federal tardía
En la primera semana de febrero de este año, el grupo de madres pidió por escrito la intervención de la secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), Julia Carabias, porque la situación era ya alarmante.
"En Saltillo -comenta Guillén- nos reunimos con su asesor Jorge Bustillos. Nos dijo que lo habían enviado para conocer y palpar lo que sentía la comunidad, para visualizar el conflicto. Nosotras pedíamos que Peñoles reconociera su culpabilidad, que las autoridades de salud actuaran y la planta metalúrgica fuera cerrada."
Pero fue hasta el 6 de mayo, luego del constante incremento de niños con escandalosos índices de plomo en la sangre, que Peñoles aceptó el llamado Programa de Atención Sanitaria a la Comunidad, el cual incluye intenso barrido y aspirado de calles y casas; establecimiento de un centro móvil de atención médica para el diagnóstico de menores contaminados con plomo; creación de un fideicomiso por 60 millones de pesos, integrado por aportaciones anuales de la metalúrgica, y convertir en un cinturón ecológico (bosque) las 10 hectáreas de la antigua estación de ferrocarriles junto con las 20 manzanas que ocupan las viviendas que serán expropiadas en la colonia Luis Echeverría.
Y hasta el 21 de mayo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) decretó la fase dos del plan de contingencias a Met Mex Peñoles; así, la empresa redujo obligatoriamente 50 por ciento sus operaciones, y por tanto las emisiones de plomo.
Sin embargo, entre ambos anuncios -y así lo establecen los comunicados oficiales- empresa, autoridades federales y estatales también ampliaron su margen de acción sanitaria.
En la primera semana de mayo afirmaron que los niños con niveles mayores a 20 microgramos de plomo por decilitro serían canalizados a los centros hospitalarios; en la tercera semana de ese mes precisaron que el tratamiento con medicamentos se aplicaría sólo a los menores que lo requirieran "por tener niveles superiores a los 45 microgramos" y presentaran "síntomas".
Falacias oficiales
María Dolores Guillén, María del Carmen Hernández Villegas y Manuel Tavares muestran una larga lista con los nombres de los niños que en su sangre tienen niveles de plomo que van de 40 a más de 80 microgramos.
"Tenemos conocimiento de que son cerca de 200 niños los que no están hospitalizados porque, según los informes verbales de las instituciones públicas de salud a los familiares, los infantes no presentan síntomas aunque tengan algunas hemorragias, dolores abdominales y del oído, y además en 48 horas ya tienen menos de 20 microgramos.
"šMienten! Esos médicos están negando los medicamentos y los servicios", señalan con irritación. También aclaran: "Esta lucha no es por casa o terreno, sino por una atención médica especializada y ayuda permanente para nuestros hijos. Ahora nos quieren sacar de nuestras viviendas, pero, Ƒquién hizo el daño? ƑQuién envenenó el aire, el suelo y el subsuelo? ƑQuién tendría que irse de las cercanías del centro de Torreón?"