ASTILLERO Ť Julio Hernández López
Mientras ayer se multiplicaban en todo el país los encendidos discursos oficialistas de halago al ejercicio periodístico, en Tuxtla Gutiérrez marchaban por las calles algunos de los más combativos y conscientes de los trabajadores chiapanecos de los medios de comunicación que, durante el gobierno de Roberto Albores Guillén, han sufrido amenazas y represión.
Instaurado en una lógica de guerra, el gobernador chiapaneco ha usado la plata para comprar aliados periodísticos (sobre todo en ciertos segmentos de directivos, empresarios y columnistas) y para habilitar a algunos reporteros como virtuales espías. En sentido contrario, ha aplicado toda la fuerza posible contra quienes con dignidad han resistido su embate manipulador.
Botones de muestra
En lo que va del año, simplemente, se tiene registro documentado de los siguientes ejemplos de represión a periodistas en aquella entidad:
El 16 de abril, agentes federales adscritos a la fiscalía especial para el caso Acteal llegaron a las oficinas de los diarios Cuarto Poder y Expreso, de Chiapas, para interrogar a Rodolfo Sol López y a Leticia Hernández Montoya y, así, "conocer qué tipo de vínculos" tenían con el Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Contra directivo de periodistas independientes
El 26 de abril, Víctor Manuel Cruz Roque, directivo de la Asociación de Periodistas Belisario Domínguez (asociación que organizó la marcha de ayer, y que ha mantenido una postura crítica y de denuncia respecto a los abusos de Albores) fue citado por el agente del Ministerio Público, Francisco Altamirano Simuta, para que rindiera declaración respecto a la demanda que en su contra interpuso el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes por difamación.
Del helicóptero de Lolita de la Vega a la jefatura de prensa
El 2 de mayo, el periodista Héctor Monterrubio, del diario Nuevo Péndulo, de Chiapas, preguntó a Porfirio Muñoz Ledo su opinión respecto a la supuesta entrega de armas de zapatistas al gobernador Albores. El director general de comunicación social del gobierno estatal, Manuel de la Torre Rodríguez (sí, desde luego, el mismo que guió, como "periodista" nativo, a Lolita de la Vega para que se montase la farsa televisiva del "descubrimiento" de extranjeros en la zona zapatista), presionó para que el director del diario despidiera, como se hizo, al reportero preguntón.
Hace poco, la reportera Rosario Aguilar quiso entrar al penal de Cerro Hueco para conocer lo que sucede en una cárcel pública en la que se denuncian con frecuencia injusticias y arbitrariedades. La respuesta gubernamental, dada por el director de reclusorios, Joaquín Armendáriz, fue sencilla: no se permite el paso por órdenes superiores.
En Palenque, el presidente municipal, Ismael Córdova Pimienta, amenazó de muerte al director de la agencia noticiosa Asich, porque "se encarga de difundir información dolosa en su contra".
En El Diario de Chiapas, el columnista Amet Samayoa Arce fue despedido luego de publicar informes respecto a la corrupción existente en la Comisión Estatal de Caminos. Además, Samayoa fue acusado de robo y abuso de confianza.
Del ratón loco a la subprocuraduría
Pero la historia de agravios de Albores no es nueva. Desde su llegada a Chiapas como gobernador interino nombró como subprocurador de Justicia a Mario Humberto Zapata Pérez, a quien el PAN había denunciado en 1988 como partícipe en un escandaloso fraude electoral. Los afanes mapacheriles habían sido para dar el triunfo al priísta que buscaba la presidencia municipal de Tapachula, José Antonio Aguilar Bodegas, quien hoy es presidente de la Gran Comisión del Congreso del estado.
Cuando los periodistas cuestionaron el nombramiento del alquimista como subprocurador, éste demandó penalmente a seis de ellos, aunque las protestas del gremio hicieron que el asunto se desactivara luego.
Dos crímenes en el olvido
El citado periodista realizaba en 1993 una investigación acerca de la autoría intelectual de una serie de crímenes de homosexuales. Según las versiones todavía existentes, funcionarios del gobierno de Patrocinio González Garrido estarían anotados en las libretas del asesinado.
A seis años de distancia, cuando los periodistas independientes se manifestaron contra el olvido del crimen, dos personajes que habían estado relacionados laboralmente con Mancilla ahora eran funcionarios policiacos: Jorge Obrador Capellini, que entonces era delegado de la Reforma Agraria, en donde trabajaba Mancilla, ahora era subprocurador de Justicia del estado. Jorge Luis Arias Zebadúa, entonces rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, cuyo secretario particular fue inicialmente responsabilizado del asesinato, ahora era director de Asuntos Relevantes de la Procuraduría.
Antes, el 6 de junio de 1990, se había producido otro hecho de sangre similar. Alfredo Córdova Solórzano, director del diario Uno Más Dos, de Tapachula, y corresponsal de Excélsior, fue asesinado por presuntos delincuentes que pretendían robarse su automóvil. Los compañeros de Córdova jamás creyeron en esa versión. La señora Gloria Miranda Pérez, quien fue testigo presencial de los hechos, todavía dice ahora, a quien quiere oirla, que los "asaltantes" tenían aspecto militar, y eran tan ágiles que saltaron una barda de tres metros de altura en un primer intento.
En ese contexto, en esa lógica de guerra, donde se manejan plata y plomo para los aliados o los adversarios, según el caso, ayer se realizó una nueva marcha pública de los periodistas de la Belisario Domínguez para recordar que hay dos crímenes sin esclarecer, que continúan las presiones, las amenazas, el hostigamiento contra los periodistas, y que los discursos y los banquetes sólo son actos rituales que con frecuencia nada tienen que ver con la realidad. (Por cierto, también organizaron alguna plática sobre temas periodísticos, pero eso es verdaderamente secundario frente a la gravedad que viven esos periodistas locales en su ejercicio cotidiano).
Astillas: Los indicios criminalísticos disponibles anoche no permitían hacer comentarios firmes sobre el móvil del asesinato de Francisco Stanley. De los datos conocidos parecía perfilarse, sin embargo, que el asunto traspasaba los escenarios naturales de la delincuencia común y los instalaba en otros, acaso más sórdidos. Sin embargo, y a pesar de que rondan sobre el hecho fantasmas oscuros que de confirmarse colocarían el caso en perspectivas totalmente distintas a las correspondientes a los meros episodios de la inseguridad pública, ayer se produjo un nada descoordinado intento de linchamiento político contra Cuauhtémoc Cárdenas, pretendiéndo adjudicarle responsabilidades políticas en el crimen. La estulticia y la vacuidad de algunos de quienes aparecen frente a las cámaras con un micrófono a su disposición, les ha llevado a la pretensión de convertir el asesinato de Stanley en una especie de gota colmadora del vaso de la irritación por la inseguridad pública. Tales arrebatos emotivos (genuinos o inducidos) tendrían plena validez si fuesen una conducta permanente, observada de igual manera con otros casos de violencia y con la correspondiente exigencia altisonante de castigo para, por ejemplo, Carlos Salinas de Gortari, a quien la voz pública se refiere como responsable del asesinato de Luis Donaldo Colosio. También habría plena validez si no fuesen justamente muchos de esos señores del escándalo quienes, con la vista fija en el famoso rating, y en su traducción en dinero, han convertido el dolor social en espectáculo y la criminalidad en anécdota exprimible. Son muchas las fallas de Cárdenas en materia policiaca, y es una realidad que las calles del Distrito Federal son cada vez más peligrosas, pero en el episodio del asesinato de ayer, no hay crítica legítima alguna, sino un aprovechamiento oportunista para ajustes políticos de cuentas y para maniobras electoreras que no respetan la memoria de los los difuntos.
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