Es lamentable que el Consejo Universitario y la rectoría de la UNAM hayan debido modificar su decisión inicial (supongo que lo hicieron, escribo antes de la sesión del Consejo). Era una reforma estrictamente legal del reglamento de pagos (las cuotas están previstas en la Ley Orgánica) que salvaba lo fundamental: que nadie quedara sin estudiar por razones económicas. Una reforma que convocaba a los beneficiarios a hacerse corresponsables del esfuerzo que hace la sociedad para formarlos, a través de una cuota simbólica, que cubrirían quienes pudieran pagarla.

Contra esa decisión sencilla y justa se organizó el paro ultra y populista, que ha incurrido en faltas graves contra la UNAM y ha dañado su imagen. Una vez más, grupos emergentes, y grupos y partidos políticos en contubernios oscuros, bloquean las decisiones institucionales de los órganos legales de gobierno de la Universidad, especialmente de sus numerosos cuerpos colegiados. Nuevamente, en nombre de la "democracia" o de la "justicia" (un discurso adulterado), se ha dejado a la universidad sin el resguardo social y jurídico que requiere para avanzar en su reforma, para seguir mejorando sus tareas sustantivas. De nueva cuenta grupos políticos diversos --de "izquierda"--, hacen gala de conservadurismo atroz y crean dificultades graves de gobierno a la institución.

Es evidente que la conciencia de la sociedad respecto a la protección que la Universidad requiere para cumplir sus fines, es aún muy pobre. Este país no podrá hacer mucho más sin llevar a cabo, de veras, un gran esfuerzo educativo, y en éste una cuota significativa corresponde a la UNAM; pero requiere custodia, escolta social y legal de resguardo para cumplir su tarea. La UNAM no debe nunca más volver a enfrentar una acometida y un agravio como los que ahora padece: es un atentado infame contra la propia sociedad, contra la nación que la sostiene.

Puesto que los paristas son una diversidad extensa, es previsible que sus respuestas, frente a las nuevas decisiones del Consejo Universitario, sean diversas. Entre ellas estará la respuesta de la intransigencia, la de quienes están ahí precisamente para no aceptar ningún tipo de solución; la de quienes llegaron al CGH para establecer un conflicto sin perspectiva y mantenerlo así indefinidamente, porque los conflictos vivos son una vía "para echar al PRI del poder público"; es decir, son quienes tienen objetivos ilegítimos, ajenos a los fines de la institución. Ellos no aceptarán nada, porque mantener una pugna aguda es su objetivo. Son los ultras, los que, ante la falta de acuerdo entre los grupos genuinos --por así llamarlos--, se han impuesto una y otra vez en el CGH. Ayudar a quitar de en medio a los ilegítimos intransigentes, es responsabilidad de todos, responsabilidad para con la universidad y la sociedad.

Los partidos políticos son ahora una parte sustantiva de las instituciones del país. Están presentes en toda la sociedad y no pueden no estar en la Universidad; exigir que los partidos estén afuera es desvarío insensato. Por el contrario, hoy es preciso que los partidos políticos tengan presencia totalmente abierta pero, también, que sus miembros, en la universidad, se desempeñen estrictamente con las normas propias de la universidad. Los partidos que operen con sus reglas; la academia con las suyas. El respeto irrestricto a este principio es la única forma de resguardar a la instituciones --las políticas y las educativas--, y de evitar la charlatanería política. En la UNAM, decisiones como la que nos ocupa pasan por Consejos Técnicos, Consejo Internos, Consejos Académicos de Area, comisiones del Consejo Universitario, pleno de este Consejo. Ahí se toman las decisiones, ahí debe estar la participación de todos. Si algunos universitarios están en desacuerdo con sus procedimientos, deben persuadir a la mayoría y promover el cambio de la normatividad correspondiente: es la única forma de alcanzar alguna vez el Estado de derecho.

Hoy se han impuesto la fuerza y las vías ajenas a la institucionalidad universitaria. La universidad, bajo esos trances, no podrá seguir sirviendo al país. La falta de custodia es suicida.