CRIMEN Y DISTORSION INFORMATIVA

El condenable asesinato del conductor televisivo Paco Stanley, perpetrado ayer en el sur de esta ciudad, y en el que murió circunstancialmente el ciudadano Juan Manuel de Jesús Núñez y resultaron heridas otras tres personas, ha dado pie a una vasta, irresponsable e inmoral campaña de linchamiento, encabezada por los medios electrónicos, contra las autoridades capitalinas. Lucrando con la muerte, con el dolor humano, con el morbo, con los ratings y con el hartazgo de la población, en tales medios se han vertido temerarias e infundadas acusaciones e insinuaciones, en lo que constituyó uno de los días más vergonzosos ųy, posiblemente, más lucrativos en lo económico y en lo ideológicoų para estaciones de televisión y radio. En sus emisiones de ayer, éstas prácticamente borraron la corresponsabilidad del gobierno federal en el combate a la delincuencia, y se dedicaron a presentar al de la ciudad como único culpable de los índices de violencia criminal y de impunidad delictiva, como si éstos no fueran, a fin de cuentas, fenómenos nacionales: por dar un solo ejemplo tomado de la información cotidiana, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa informó, ayer, que de 580 homicidios registrados en Culiacán en los últimos tres años, alrededor de 92.7 por ciento permanecen sin resolver.

El crimen referido, que tuvo todas las características de una ejecución cuidadosamente diseñada y realizada, fue presentado, sin pudor alguno, como un episodio más de la inseguridad que ųciertamenteų campea en la capital de la República y que afecta a la inmensa mayoría de sus habitantes. La magia de la televisión convirtió la justa indignación de cientos de consternados espectadores de Paco Stanley en una sobredimensionada manifestación de protesta contra el jefe de Gobierno del Distrito Federal, y se aprovechó a fondo la oportunidad para establecer una suerte de cadena nacional ųde las dimensiones que tuvo la cobertura electrónica de la más reciente visita papalų para lanzarse a fondo contra la administración cardenista. En contraste, la declaración del gobernante capitalino en torno al repudiable crimen no fue transmitida íntegramente ųpese a que era breveų por ninguno de los principales noticieros. Así, justamente en el día de la libertad de prensa, los propietarios y conductores principales de los medios electrónicos dieron una muestra palmaria de su capacidad para tergiversar los hechos.

El homicidio es intrínsecamente condenable e inaceptable, y en todos los casos, independientemente del nombre, el renombre, la ocupación o la posición económica y social de la víctima, es obligado demandar justicia, esclarecimiento y castigo para los responsables. Las muertes de Paco Stanley y de Juan Manuel de Jesús Núñez no son una excepción, y resulta evidente que las autoridades capitalinas están en la obligación perentoria de aclarar estos asesinatos, localizar a sus autores materiales e intelectuales, capturarlos y presentarlos a las instancias pertinentes del Poder Judicial.

Sin ánimo de minimizar el crimen, resulta ofensivo el contraste entre el despliegue dado por los medios electrónicos a este suceso y la cobertura informativa mínima, estrictamente indispensable, desdeñosa, casi indiferente, que esos mismos medios ųcon la honrosa excepción de Ricardo Rochaų dieron, en el pasado reciente, a las matanzas de Aguas Blancas y Acteal, entre otros episodios trágicos de exterminio de mexicanos.

Finalmente, no puede omitirse el delicado contexto político en el que ocurre la ejecución del locutor televisivo ni las posibles consecuencias desestabilizadoras de esta condenable acción. No debiera, por ello, descartarse, como posible propósito del homicidio, el causar desasosiego e incertidumbre y, tal vez, el invocar peticiones de mano dura y de reacciones autoritarias o totalitarias violatorias de las garantías individuales e incompatibles con los avances democráticos y las libertades tan arduamente conquistadas.