En cuatro vertiginosos meses, a partir de que el Ejecutivo Federal envió al Congreso de la Unión una iniciativa de ley para reformar los artículos 27 y 28 constitucionales, la sociedad mexicana ha dado muestras suficientes de su rechazo a esta pretensión de privatizar el sector eléctrico nacionalizado. Sin embargo, existen antecedentes que merecen ser conocidos por el pueblo de México, para una mejor comprensión del problema: tal es el caso de la larga y tortuosa historia de la disolución y liquidación de Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLFC), la cual intentaremos contar en forma resumida.

1.- En una acción desconocida por la opinión pública, el 30 de marzo de 1989 el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, a través del cuerpo de directores de la Mexican Light and Power Company, Ltd. (Mexlight), integrado -entre otros- por el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Fernando Hiriart Balderrama, y el subdirector de CLFC, Jorge Gutiérrez Vera, acordó solicitar ante la Suprema Corte de Ontario, Canadá, la liquidación de la empresa eléctrica extranjera.

Resulta que esta corporación de origen canadiense era la real propietaria de la CLFC. Por su parte, el gobierno federal, a través de la CFE, era el propietario mayoritario de la Mexlight, pues poseía 99.2 por ciento de las acciones comunes y 94.4 por ciento de las preferentes; el resto de los títulos estaba en manos de un reducido grupo de accionistas, entre los que destacaban grandes corporativos internacionales como: The Royal Bank of Canada, The Swiss Bank Corporation, el City Bank, el Canadian Imperial Bank of Commerce, The National Trust, el Midland Bank y La Guardiana, SA (México).

El argumento central del gobierno salinista para solicitar su liquidación fue que ``Mexlight no puede, en ningún caso, continuar legalmente en el negocio de suministrar energía eléctrica, puesto que estaría infringiendo la ley mexicana'', pues, ``el artículo 27 de la Constitución Mexicana, en su párrafo sexto, reserva exclusivamente a la nación mexicana la actividad de prestación del servicio público de energía eléctrica''.

Esta decisión del gobierno salinista era una consecuencia del compromiso asumido con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) el 14 de marzo de 1989, para modernizar a la vieja CLFC, transformándola en un nuevo organismo descentralizado. Para tal propósito, el 27 de septiembre de ese año, Salinas de Gortari envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de ley para modificar el artículo cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), que en su parte medular estableció: ``... Concluida la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, SA y sus asociadas: Compañía de Luz y Fuerza de Pachuca, SA, Compañía Mexicana Meridional de Fuerza, SA, y Compañía de Luz y Fuerza Eléctrica de Toluca, SA, el Ejecutivo Federal dispondrá la constitución de un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios...''

Sin embargo, no podía liquidarse CLFC si previamente no se liquidaba a la Mexlight, pues ello hubiera acarreado que, de empresa holding accionaria, la Mexlight se convirtiera en propietaria directa de los activos de CLFC. Por tal razón, el gobierno de Salinas de Gortari solicitó la liquidación de la Mexlight el 23 de junio de 1989, y una vez que el honorable juez Potts resolvió, el 13 de diciembre de 1989, que la Mexlight fuese liquidada y disuelta conforme a la ley canadiense, la iniciativa de modificación del artículo cuarto transitorio de la LSPEE fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1989.

Todo parecía marchar sobre ruedas, pero en junio de 1990 Salinas de Gortari y George Bush declaran oficialmente que buscarían llegar a un Acuerdo de Libre Comercio, y las presiones de Estados Unidos se encaminaron a incluir en la agenda del Tratado de Libre Comercio (TLC) el rubro de energéticos (petróleo y electricidad). En este contexto, el gobierno salinista frena el proceso de liquidación de la Mexlight, destrabándolo hasta mayo de 1991, a la par que hace un guiño al gobierno de Bush, publicando el 31 de mayo de ese año el Reglamento de la LSPEE en materia de autoabastecimiento, otorgando con ello facilidades al capital privado para la generación de energía eléctrica, como un significativo aviso de que los energéticos serían incluidos en la agenda de discusión del TLC.