CABAL: SIGNOS DE ENCUBRIMIENTO

Conforme avanzan las auditorías sobre el rescate bancario realizado por el gobierno al comienzo de este sexenio se fortalecen los indicios de que el sistema político y su partido, el Revolucionario Institucional, encubrieron irregularidades y que con ayuda de los legisladores de Acción Nacional logró aprobar el borrón y cuenta nueva a la liquidación del Fobaproa y consiguió reducir las investigaciones pertinentes al estrecho margen de una auditoría a posteriori. Pero ni siquiera con esa maniobra puede el gobierno escamotear la información: el martes pasado el auditor canadiense Michael Mackey denunció que se le ha negado sistemáticamente información financiera del Banco Unión que permitiría ratificar o desechar los señalamientos de Carlos Cabal Peniche y de Roberto Madrazo acerca de que el primero aportó 25 millones de dólares a las campañas del extinto Luis Donaldo Colosio, del actual presidente Ernesto Zedillo y del propio Madrazo.

El principal obstáculo para el avance de la auditoría es, a todas luces, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), presidida, ahora como en los tiempos del oscuro rescate bancario, por Eduardo Fernández. Cabe recordar que, en un principio, los legisladores de Acción Nacional exigieron la destitución de ese funcionario --y la de Guillermo Ortiz, secretario de Hacienda en tiempos del salvamento y actual director del Banco de México-- a cambio de su voto a favor del carpetazo al Fobaproa, pero a última hora la dirigencia blanquiazul dejó de lado tales condiciones. Ante la negativa a proporcionar al auditor canadiense la información que pudiera esclarecer el monto real de las aportaciones de Cabal Peniche al PRI, la demanda de los diputados panistas es tan justificada como inexplicable la determinación final de sus líderes de permitir que Fernández siguiera en su puesto.

En respuesta a la insistencia de los legisladores de la oposición para que la CNBV, la Procuraduría General de la República y otras instituciones avancen en el esclarecimiento de las numerosas turbiedades y en los vínculos dudosos entre el financiamiento de las campañas priístas y los manejos del Fobaproa, el priísta Dionisio Pérez Jácome, en un alarde de cinismo, sugirió a perredistas y panistas ''no hacer el juego a Cabal Peniche'', como si no hubiera sido el propio PRI el que, en 1994, hizo el juego al ex banquero al aceptarle donativos (de entre un millón de pesos y 25 millones de dólares) para sus campañas.

El gobierno y su partido, entretanto, no han ofrecido una versión coherente de las donaciones de Cabal Peniche ni del porqué fueron aceptadas en momentos en que ya se sabía que Banco Unión y su ex propietario estaban sujetos a investigación.

Las inconsistencias entre las distintas versiones sobre los montos de los recursos aportados por Cabal al PRI y a sus candidatos y los obstáculos a la investigación que realiza el auditor contratado por la Cámara de Diputados para esclarecer el asunto del Fobaproa no hacen sino reforzar las sospechas --ya robustecidas por la aprobación a ciegas del rescate bancario, hace unos meses-- de que esta maniobra sirvió, entre otras cosas, para saldar transacciones monetarias ilegales, o por lo menos ilegítimas, pero en todo caso astronómicas, entre sectores del poder económico y el grupo que detenta el poder político. Los más elementales principios cívicos, republicanos e institucionales hacen necesario que el presidente Ernesto Zedillo aborde estos asuntos ante la opinión pública y disipe, de una vez por todas, el cúmulo de sospechas.