n Los elementos de Seguridad Pública perpetraron la masacre, aseguran

Procesados por Acteal acusan a la policía

Angeles Mariscal, corresponsal, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 9 de junio n Indígenas procesados por el caso Acteal acusaron a la policía de Seguridad Pública de haber perpetrado la masacre de los 45 integrantes del grupo Las Abejas, y sólo reconocieron su participación en un presunto enfrentamiento que horas antes se habría efectuado en esa comunidad.

Según Arturo Farela Gutiérrez, presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice) -organismo que asumió la defensa de los 85 indígenas originarios de Chenalhó, actualmente acusados de ser los autores materiales de la matanza-, sólo cinco de ellos se enfrentaron el 22 de diciembre con un grupo de personas que se encontraban en Acteal.

Mariano Luna Ruiz, Roberto Méndez Gutiérrez, Lorenzo Pérez Vázquez, Alfredo Hernández Ruiz y Felipe Luna Pérez enviaron una carta al juez segundo de distrito en donde le informan que el día 22 de diciembre de 1997, entre las 7 y las 8 de la mañana llegaron armados a la comunidad de Acteal, con intención de tomar venganza por la muerte de 18 de sus compañeros.

Sostienen que al llegar al lugar junto con otras cuatro personas -que actualmente se encontrarían refugiadas en Polhó por haberse aliado con los zapatistas para buscar protección a cambio de información- encontraron a un comando del EZLN, con el que tuvieron un enfrentamiento.

Sin embargo, añaden en la carta enviada al juez, cuando habían logrado rodear a los zapatistas que protegían a los miembros de Las Abejas que se encontraban en el interior del templo católico de Acteal, y se disponían a ultimarlos, llegaron decenas de policías de Seguridad Pública y se ubicaron en la escuela del lugar.

Sorpresa de defensores

Ante el temor de ser detenidos, mencionan, escaparon de la comunidad por el lado del panteón que se encuentra ubicado en el otro extremo de Acteal, y añaden que para ellos, quienes se autodenominan ''los defensores'', fue una sorpresa enterarse posteriormente de la muerte de los 45 integrantes de Las Abejas.

Como prueba de lo anterior, la defensa de los 85 detenidos presentó ante el juez un radio transmisor, un cuaderno con claves que utilizan los milicianos del EZLN y diez fotografías -algunas de ellas ya publicadas en el Libro Blanco sobre Acteal, editado por la PGR-, objetos que presuntamente fueron encontrados el mismo 22 de diciembre en una de las trincheras donde se protegían los zapatistas.

Las cinco personas que hacen la declaración al juez, y los cuatro a quienes llaman ''traidores'' -Agustín Santiz Gómez, José Musio Vázquez Luna, Antonio López Hernández y Julio López Hernández- serían miembros de los grupos de ''autodefensa'' que se formaron en Chenalhó, sostiene Farela.

El líder evangélico mencionó también que el motivo por el cual estas personas no informaron antes a las autoridades del enfrentamiento que sostuvieron en Acteal con los zapatistas, fue por temor a ser culpados de la muerte de los 45 indígenas, y por carecer de una defensa adecuada; cuando Confraternice tomó el caso decidieron informar sobre ''la verdad de los hechos''.

Por lo anterior, Arturo Farela sostiene que ninguno de los actualmente procesados participó en la masacre de Acteal; señaló que los cinco ''defensores'' responsabilizan de los hechos ''a la policía del estado de Chiapas, ya que cuando ellos vieron huir a los zapatistas e hicieron lo mismo, la única que quedó armada en Acteal fue la policía del estado de Chiapas''.

Por tanto, y luego de cerrado el caso del expediente 223/98 -en un mes el juez de la causa deberá dictar sentencia-, el presidente de Confraternice demanda a la Procuraduría General de la República se abra una nueva línea de investigación y se exculpe de la muerte de los 45 indígenas de Acteal a las personas que actualmente se encuentran detenidas.

No existen elementos para culpar de la masacre a los policías: PGR

Este mismo día la PGR, a través de un boletín de prensa, precisa que el caso Acteal ha sido minuciosamente investigado y analizado, y que en ningún momento encontró elementos que permitan suponer que efectivos de la policía de Seguridad Pública hubieran participado activa y materialmente en los homicidios de los 45 indígenas.

A través de la fiscalía especial para la atención de los delitos cometidos en el municipio de Chenalhó, la Procuraduría precisó que en las diversas averiguaciones previas que por el caso se abrieron, se ha recabado un número importante de pruebas, entre ellas 564 declaraciones ministeriales, 424 peritajes médicos, balísticos, criminalísticos y de audiometría e inspecciones oculares.

''Las narraciones no varían en lo esencial ni circunstancial; precisamente entre las declaraciones que más sirvieron para explicar las 45 muertes, se encuentran las vertidas por los señores Lorenzo Pérez Vázquez, Felipe Luna Pérez, Mariano Luna Ruiz, Roberto Méndez Gutiérrez y Alfredo Hernández Ruiz'', quienes al decir de Arturo Farela acusan a los policías de Seguridad Pública de la masacre.

Según la dependencia, estas cinco personas o han confesado su participación en la muerte de los 45 indígenas o se ubican en circunstancias de tiempo, modo y ocasión en el hecho delictivo, independientemente de cuando menos tres imputaciones de testigos presenciales que cada uno tiene en contra.

Además, sostiene, dieron nombres de otros autores y precisaron momentos y formas en que se planeó, preparó y ejecutó la matanza; por tanto, las cartas y otras pruebas enviadas al juez ''en nada afectan las investigaciones y los procesos (...) más bien califican las confesiones (de los cinco) al quedar acreditado que participaron en los hechos del 22 de diciembre desde su planeación, preparación hasta su ejecución''.

La Procuraduría General de la República puntualiza que en ningún momento ha encontrado elementos que permitan suponer que policías de Seguridad Pública hubieran participado activa o materialmente en los homicidios.

Contrariamente ''ha denunciado y detenido a Julio César Santiago Díaz, Roberto García Rivas y Roberto Méndez Gómez, ex jefe de asesores y ex primeros oficiales, respectivamente, por su omisión al no haber cumplido sus deberes de salvaguardar la integridad y vida de los habitantes de Acteal''.

Añade que el único delito de estas personas es haber estado en posibilidad real y material de ordenar a sus subordinados que impidieran la matanza, y sin embargo no lo hicieron. Por lo anterior, la dependencia reitera que entre los 85 indígenas actualmente detenidos se encuentran los autores materiales e intelectuales de la muerte de los 45 indígenas en Acteal.