Después de la histeria provocada por numerosos medios de información por el asesinato de Francisco Stanley, ha venido el examen meditado de los hechos y la reflexión.

La audiencia de las dos cadenas nacionales de televisión se elevó a niveles nunca antes vistos, por lo que se puede considerar que los mexicanos siguieron las emisiones con gran atención.

El mensaje de los medios electrónicos fue, por lo general, el repudio a la violencia y la exigencia de actos de autoridad tendientes a mejorar la seguridad pública, aunque sin hacer propuestas concretas, sino manifestando inconformidad.

Otra vertiente fue la de convertir, por parte de Televisión Azteca, al señor Stanley en una especie de mártir y en ejemplo personal, es decir, en un hombre admirable a quien debe rendírsele el mayor homenaje póstumo nacional.

El centro de los ataques fue el gobierno capitalino y, especialmente, el jefe de Gobierno de la ciudad de México, pero también se atacó al gobierno federal y al Estado mexicano todo, pasando por los jefes policiacos y los procuradores de justicia. El mensaje más significativo fue el pronunciamiento del dueño de Televisión Azteca, que consideró que no hay gobierno, sin aclarar si se trata del federal o del local.

Abrir las televisoras durante horas a la sola cobertura del crimen es algo significativo, pues lo que se buscaba con tanta repetición de la misma noticia era la mayor audiencia posible y la emisión continua de mensajes hacia el pueblo: la noticia daba cuenta de un hecho muy concreto y lo demás era la interpretación inductiva, lo que en los peródicos se llama ``editorializar'' la nota de principio a fin.

Se trata, en efecto, del intento de una toma de poder mediante el escándalo de un hecho de violencia cuyo motivo no podía aparecer y sobre el que todavía no existe claridad. La toma de poder se define en los términos de asumir decisiones que no le corresponden al medio de información sino a la autoridad, pues se desacreditaba de antemano a ésta y se le consideraba inepta e, incluso, inexistente.

Los mecanismos constitucionales de toma de poder no son éstos, sino exclusivamente los de carácter colectivo, es decir, sólo una pluralidad de ciudadanos, en el ejercicio de su libre derecho de asociación, puede asumir decisiones que afectan a la República. El medio fundamental de dicha toma de poder es el sufragio, del que deben emanar los poderes públicos.

Pero el intento de socabar a la autoridad e, incluso, de exigir su eliminación y darla por inexistente, provino de una empresa mercantil, concesionaria de un bien del dominio directo de la nación. No hay aquí una asociación de ciudadanos para el ejercicio de derechos políticos, sino una estructura jerárquica, de carácter comercial, cuyos fines no son los de tomar parte en los asuntos políticos, lo cual generó, junto con otros medios electrónicos igualmente mercantiles, un estado de crispación y zozobra en la sociedad, que se encuentra previsto y sancionado por las leyes de la materia.

Existe un principio tradicional de que la petición a la autoridad no debe ejercerse con violencia o amenaza. Ahora debería también añadirse que el ejercicio del derecho de petición no debería abusar del uso de los bienes públicos concesionados a los particulares, aunque las estaciones de radio y televisión tienen que recoger las ideas, intereses y demandas que se producen en la sociedad. Aquí, observamos, sin embargo, una acción tendiente a crear un estado de alarma con evidentes propósitos políticos mediante el abuso de la utilización de un bien del dominio público, como lo es el espacio aéreo.

El país requiere de una diversificación de las televisoras, ya que las actuales no alcanzan a recoger y expresar la pluralidad realmente existente en la sociedad. El Estado debe replantearse el problema de la televisión para democratizarla, abrirla y mejorarla en todos los aspectos. Las concesiones deben dejar de estar acaparadas y alcanzar el carácter de definitivas. Las autoridades gubernamentales no deben ser quienes impongan las sanciones, sino los tribunales de pleno derecho. La pu- blicidad política debería ser realizada en lapsos oficiales para evitar la comercialización de las elecciones y la presión del dinero en la competencia entre partidos y candidatos. La violencia y la convocatoria al consumo de alcohol, drogas y tabaco debe quedar fuera de las emisiones por simple cuestión de salud pública.

Todo esto es parte de la reflexión sobre el incidente del lunes pasado.