Hay sectores dentro del gobierno interesados en estructurar el sistema de investigación científica en México, partiendo del convencimiento de que el país, en este campo, debe concentrar sus esfuerzos en la investigación tecnológica, y dejar de invertir recursos en la investigación científica básica. De acuerdo con estos sectores, la investigación teórica es un lujo que México no puede darse por la magnitud de recursos que requiere. Esa es una investigación que sólo está al alcance de los países verdaderamente ricos. Esta es la idea que se justifica con el planteamiento de que es necesario reforzar los lazos entre el aparato productivo y los investigadores, en el sentido que éstos deben dedicar sus esfuerzos a resolver los problemas que enfrentan las empresas u otro tipo de organizaciones. No es ésta la ocasión para profundizar sobre las consecuencias profundamente negativas que tendría sobre el país una decisión de este tipo. Lo que aquí me interesa es relacionar este planteamiento con lo que está ocurriendo en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Para lograr aquel propósito, es necesario que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología tenga un control más estricto sobre los centros de investigación del país y, dado que una parte sustancial de la investigación científica del país se hace en la Universidad Nacional, es necesario, como primer paso, fracturar la UNAM, sacar los institutos y centros de investigación de ésta, lo que significa que se dedicaría básicamente a la docencia. Esta es la opinión que últimamente ha sido expuesta en algunos periódicos del país en relación con el conflicto de la máxima casa de estudios. En este planteamiento, se parte del hecho de que el peso de la UNAM, en términos de la formación de los profesionales que el país requiere, se ha reducido significativamente; que la mayor parte de éstos son formados fuera de la Universidad Nacional. Esto significa que no representaría un problema grave para el país el hecho que la UNAM se transforme en una institución educativa que cumpliría con una función de beneficencia pública, a la cual concurrirían los que no tienen la capacidad ni la formación para ingresar a las instituciones universitarias de elevado nivel.
La segunda consecuencia extremadamente grave que tendrá este planteamiento es la separación drástica entre la investigación y la docencia, lo que significará empobrecer la enseñanza.
El tercer paso en la reforma será lograr progresivamente que los centros de investigación independientes de la universidad se autofinancien a través de la venta de servicios tecnológicos a las empresas. Esta será la medida de su éxito. Si la tecnología que generan o adaptan es demandada por las empresas, ello significará que han hecho algo socialmente útil. Si lo que producen no es demandado, bien se los puede cerrar.
A los promotores de esta concepción de la reforma en el sistema de investigación del país, el conflicto en la UNAM les ha caído como anillo al dedo. La irracionalidad que ha adquirido el conflicto hace sospechar que está siendo alimentado con el fin de acelerar la reforma en el sistema de investigación del país, dado el evidente debilitamiento que está experimentando la Universidad Nacional.
Por último, hay que insistir en que la mejor defensa de la universidad ante estos embates reformadores es la excelencia en el cumplimiento de sus labores de docencia e investigación. La institución podrá ser defendida sólo si sus profesores e investigadores son de elevado nivel y si sus estudiantes también lo son. El concebir la UNAM como un programa masivo de acción afirmativa para algunos profesores y estudiantes que no tienen ni la formación previa necesaria ni la capacidad intelectual ni el interés en el estudio, servirá sólo para disminuir algunas tensiones sociales, pero dañará directamente a aquellos muy buenos estudiantes y brillantes profesores de la Universidad Nacional.