INACEPTABLE MILITARIZACION DE LA FRONTERA

La resolución de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en el sentido de permitir el despliegue de efectivos militares a lo largo de la frontera con México, a fin de combatir -a decir de los legisladores de Washington- el narcotráfico y el terrorismo, resulta, además de ofensiva y desproporcionada, incompatible tanto con los principios de respeto, buena vecindad y cooperación bilateral que deben prevalecer entre las naciones, como con las relaciones comerciales y la dinámica migratoria entre ambos países.

En primer lugar, si bien es indudable que el problema del tráfico de drogas desde México hacia Estados Unidos es grave y lesivo, la militarización de la frontera común equivaldría a renunciar a todo esfuerzo por abordar el fenómeno del narcotráfico, a partir de sus causas de base: la demanda desproporcionada de enervantes que hay entre la población estadunidense y las inmensas ganancias que, por ese motivo, obtiene el crimen organizado. Suponer que sellando la frontera, incluso mediante el ejército, se resolverá la crisis de drogadicción y delincuencia que aqueja a Estados Unidos revela la ignorancia, o la hipocresía, que prevalece en amplios sectores de la clase política estadunidense. Además, militarizar la zona fronteriza supondría una renuncia explícita y deplorable a los mecanismos conjuntos en materia de seguridad, y minaría, de forma severa, los esfuerzos de cooperación y reciprocidad entre ambos países, circunstancias que, al relajar y desarticular los esquemas bilaterales de control del narcotráfico, beneficiarían a los cárteles de la droga. El propio Departamento de Defensa estadunidense, cabe mencionar, se opone al despliegue de efectivos militares en la frontera.

Por otra parte, el señalamiento de que la colocación de soldados para resguardar los límites territoriales de la Unión Americana tiene como fin el control del terrorismo, resulta confuso y poco convincente -además de doloso- ya que, al menos en el ámbito de la información pública, no hay indicios ni evidencias de que personas o grupos terroristas utilicen a México como base para sus operaciones en Estados Unidos. Ciertamente, es posible que entre los millones de personas que diariamente cruzan la frontera -como puede suceder en cualquier franja limítrofe del mundo- se encuentren individuos con intenciones criminales de esa índole, pero tal eventualidad no significa, de ninguna manera, que México se haya convertido en reducto de bandas terroristas. Como ha podido comprobarse en casos trágicos y dolorosos, como el atentado de Oklahoma y la masacre perpetrada recientemente en una escuela de Denver, resulta evidente que los grupos terroristas y fanáticos criminales que agreden y ofenden a la sociedad estadunidense se encuentran, justamente, entre sus propias filas.

Finalmente, la resolución de la Cámara de Representantes de Estados Unidos debería suscitar una respuesta pronta de parte de las autoridades mexicanas, no sólo porque aquella implica riesgos de posibles tensiones y deterioros en las relaciones bilaterales, sino porque resulta inaceptable y ofensiva para nuestro país.